Según un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), el 31,4% de las Personas Económicamente Activas (PEA) “realizan trabajos de corta duración, escasa remuneración, son destinatarios de un programa de empleo con contraprestación o se encuentran desocupados” (UCA, 2/5). Un reflejo de la aplicación del ajuste contra los trabajadores y de una pauperización del mercado laboral.

Se trata de una elaboración del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, con el título “Escenario laboral en el día del trabajador. Trabajo y educación”, que da cuenta del deterioro de los derechos de la fuerza laboral del país y la incidencia directa del acceso a la educación en los derechos laborales y salariales.

El dato ofrecido por la UCA da cuenta de un deterioro en las condiciones laborales, con casi un tercio de la población trabajadora oscilando entre empleos temporarios, changas, trabajo mal pago e informal y en la precarización de los programas sociales que ofrecen bajos ingresos.

El informe va aún más lejos al precisar la existencia de una diferenciación en las cantidades de trabajadores que acceden a los peores empleos y la desocupación según el nivel de acceso a la educación. Así, uno de cada dos trabajadores activos que no pudo completar los estudios secundarios se encuentra en una situación de subempleo inestable o desocupación.

Generalmente se trata de trabajadores y sectores que se han visto impedidos de culminar sus estudios, justamente, por las dificultades económicas y la necesidad de salir a trabajar bajo cualquier condición para sobrevivir. Misma situación que les impiden terminar sus estudios y reinsertarse en el mercado laboral desde otro lugar.

Para el caso de los trabajadores activos con secundaria completo el porcentaje de quienes se encuentran en esta situación baja al 28,9%; similar al de quienes cursaron o cursan el terciario o la universidad (29,1%). La estadística cae en aquellos casos de egresados universitarios y/o terciarios (6,8%).

Esta estadística también tiene sus repercusiones en los ingresos de los trabajadores según su acceso a los distintos niveles educativos.

Con un promedio de ingresos mensuales del total de los ocupados en $79.616, los trabajadores que solo alcanzaron nivel primario promedian los $47.357 (un 41% menos), mientras que quienes terminaron los estudios terciarios o universitarios promedian los $128.511, un 61% sobre la media.

La caída salarial se ha acentuado en los últimos años de la mano de las políticas de ajuste, fondomonetaristas, del gobierno nacional, que se ufana de “generar empleo” a cuentagotas sobre la base de una mayor precarización y flexibilización laboral, como exigen las patronales.

A su vez, lejos de lo que las patronales intentan colocar como una falta de calificación para el ingreso a trabajos que supuestamente se encontrarían vacantes, quienes cuentan con títulos y estudios universitarios promedian salarios por debajo del nivel de pobreza, dando cuenta de una sobrecalificación laboral.

Entre otros datos significativos, la mitad de los trabajadores ocupados que no pudieron terminar el secundario residen en hogares bajo la pobreza; la estadística cae al 31,9% para quienes cuentan con secundario completo; 21,1% de los que cursan o cursaron terciario o universidad y solo al 7,6% para quienes cuentan con título de nivel superior.

Ante este cuadro, el ataque del gobierno hacia los trabajadores precarizados y desocupados, principalmente del programa Potenciar Trabajo, agudiza esta situación, empujando a cientos de miles de trabajadores a peores condiciones de vida y a mayores dificultades para culminar sus estudios, sin tiempo ni los elementos necesarios para acceder a la educación.

Las patronales se valen de esta situación para vulnerar aún más los derechos laborales, ofreciendo empleos por salarios ínfimos, jornadas extenuantes y sin derecho alguno.

Es preciso terminar con la informalidad laboral y el trabajo precarizados, sin distinción entre los trabajadores, y con políticas que garanticen el derecho a la educación, partiendo e la recomposición económica de los salarios y una oferta educativa compatible con la jornada laboral y de acceso público y gratuito.