La localidad de Tres de Febrero, en el noroeste del Área Metropolitana de Buenos Aires, sufre una aguda crisis social y sanitaria, producto del ajuste del Estado municipal y provincial.

En relación con el Covid-19, el partido contaba al 23 de junio con 724 casos confirmados, y el sistema de salud amenaza con un colapso inminente.

La situación se inscribe en un alza de la pandemia del país, donde en la última semana los casos confirmados del virus treparon a un ritmo superior a los 2.000 contagios diarios, y en particular en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, adonde se ubican el 93% de los nuevos infectados. Es la consecuencia directa de la apertura masiva de comercios e industrias en AMBA resuelta semanas atrás, en beneficio de los capitalistas (una política que no retrotraen los anuncios de supuesto “regreso a la fase 1” por parte de Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof).

En consonancia con el gobierno nacional y bonaerense, el intendente tresfebrerense Diego Valenzuela, perteneciente a Cambiemos, bajó la bandera para reiniciar las actividades de prácticamente todos los sectores productivos y de servicios. Como declaró el 5 de mayo, en el marco de una presentación a la provincia para flexibilizar la cuarentena, “nuestra intención es ser respetuosos de la normativa planteada en el Aislamiento Social y Obligatorio, pero también ir preparándonos para volver a trabajar, porque hasta que no haya una vacuna vamos a tener que convivir con el coronavirus”. En consecuencia con ello, se organizó junto a los intendentes de San Martín, Hurlingham e Ituzaingó (del Frente de Todos) y San Miguel (Cambiemos) para presentar un plan de flexibilización.

En la página municipal, se presentó como un triunfo la habilitación del sector automotriz y de 61 industrias, que benefició a PSA(Peugeot-Citroën), autopartistas, fabricantes de bienes de capital, metalmecánicas y metalúrgicas, textiles, plásticas, empresas del sector de petróleo y gas y exportadoras de servicios de ingeniería, entre otras, sin resguardo de las condiciones de higiene y seguridad, generando múltiples denuncias de los trabajadores. Ejemplo de ellos es la panificadora La Perla, en Ciudadela, donde los trabajadores se negaron a ingresar al establecimiento denunciando casos de Covid-19.

Otro ejemplo es el caso del Carrefour de Martín Coronado, donde los trabajadores tomaron medidas exigiendo la implementación inmediata del protocolo cuando se conoció un caso sospechoso de Covid-19. La empresa, tal como viene haciendo en todo el país, incumple con el protocolo.

Se destaca, también, el caso de La Clínica Nuestra Señora de la Merced, de Martín Coronado, allanada recientemente por la justicia debido a contagios que se produjeron dentro del centro de salud. Estas son las mismas clínicas que fueron premiadas por Kicillof con financiación a tasa cero, a costa de los fondos de la obra social bonaerense (Ioma).

Mientras garantiza la continuidad de actividades sin protocolos, que son un foco de contagios, el intendente machaca con “la responsabilidad social” y a propósito de una “cuarentena inteligente e informada”.

Por lo demás, mientras se atienden los reclamos de las patronales, trabajadores como los de la pizzería Ottonelli (en Caseros) pelean por sus puestos de trabajo –en este caso, tras el cierre y el vaciamiento de la pizzería, producido por la patronal tras el anuncio de la cuarentena.

La situación en los barrios

Según fuentes oficiales, el 33,9% de la población del distrito vive en los barrios más carenciados del distrito. La falta de elementos sanitarios, agua potable y políticas de prevención, junto con el hacinamiento en las viviendas, exponen a los vecinos a una mayor propagación del virus.

Brillan por su ausencia las obras necesarias en los barrios de Loma Hermosa, El Libertador, Pablo Podestá, Once de Septiembre, Remedios de Escalada, Churruca y Ejército de los Andes; al tiempo que crecen las villas y asentamientos, y con ello las condiciones de hacinamiento y la falta de servicios básicos.

La crisis se hace manifiesta en situaciones como las de las familias de las cuatro casas incendiadas en el Barrio Esperanza de Pablo Podestá, donde las familias afectadas lo perdieron todo –un hecho que tiene antecedentes en el distrito-, o las denuncias de las familias y docentes de haber recibido alimentos en mal estado, que habían sido entregados por el Servicio Alimentario Escolar (SAE) gestionado por el municipio, a las escuelas del distrito. Ante la situación extrema que viven las familias obreras y la escasez de alimentos y provisiones del Estado, en la mayoría de los barrios populares se organizan comedores y ollas populares.

Mientras la carestía avanza, Valenzuela profundiza la militarización en los barrios, junto con el intendente de San Martín, Fernando Moreira, y el gobernador Kicillof. Con ese fin, se reunieron con el ministro de seguridad Sergio Berni y visitaron luego las instalaciones donde están alojados efectivos de la Policía Bonaerense que controlan el aislamiento social obligatorio en la zona. Las declaraciones de Valenzuela en ese contexto, de que “es importante que los tres niveles de gobierno trabajemos en conjunto para contener el avance de la pandemia y estemos preparados para dar respuesta a nuestra comunidad”, anticipan que los gobiernos se preparan para enfrentar con represión los reclamos populares, cuando crecen el hambre y los contagios en las barriadas. Valenzuela ya mostró su acompañamiento a la doctrina “Chocobar” de gatillo fácil con el asesinato el año pasado, por la policía bonaerense, de Diego Cagliero en Martín Coronado.

No hay grieta entre Alberto, Kicillof, Larreta, Moreira o Valenzuela. En el país, como en la provincia y los municipios, se destinan los recursos al pago de la deuda y al rescate a los empresarios. La "cuarentena inteligente e informada"  de la que habla Valenzuela pretende disimular esta situación, y colocar el peso de los contagios en el comportamiento de la población, como se ve en su reciente “carta al vecino”.

Un programa para enfrentar la crisis de la pandemia en el distrito

Desde el Partido Obrero de Tres de Febrero y todas las organizaciones populares en las que participamos, planteamos que ante esta situación de crisis generalizada, es fundamental profundizar la organización independiente de los trabajadores ocupados y desocupados en cada barrio y lugar de trabajo, para reclamar la provisión periódica de alimentos, agua potable, artículos de limpieza y un seguro para los desocupados que sea universal y con un monto que alcance, por lo menos, $30.000.

Asimismo es necesario un plan de urbanización con control vecinal de las obras que solucione el conjunto de los problemas de los barrios. A medida que avanza la propagación del Covid-19 y el derrumbe económico, la centralización del sistema de salud y el reclamo por el impuesto a las grandes fortunas, que plantea el Frente de Izquierda para afrontar los gastos para la atención social y sanitaria, se hace más urgente que nunca.

La defensa de las condiciones de seguridad e higiene no puede estar en manos del capital y el lucro privado, sino de comités obreros de control con derecho a veto en los lugares de trabajo. Para los trabajadores, la lucha por el control popular de la cuarentena es una cuestión estratégica. ¡Organicémonos para luchar por ello!