La entrega de 500 viviendas en los Altos de Podestá, por parte del intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, contó con la presencia de Cristina Kirchner, Scioli y otros funcionarios. Lo que se anunció como “ayuda a los que menos tienen” (La Nación, 19/6) es un negociado inmobiliario.

En 1995 las tierras en las que se asientan las viviendas, propiedad del ejército, fueron transferidas a la Municipalidad de Tres de Febrero a un precio vil, lo que llevó a un juicio contra Curto, varios militares y empresarios de parte del entonces fiscal Stornelli. El municipio se comprometía a levantar viviendas para militares a través de “Provelco”, la empresa implicada en la construcción de la pista de Anillaco. Las 300 casas que se hicieron (de un plan de 2.300) fueron denunciadas por su pésima calidad. Finalmente, Altos de Podestá se convirtió en un barrio privado regenteado por los punteros del PJ. Curto y el resto fueron sobreseídos.

Para acceder a alguna de las viviendas del barrio reinaugurado se necesita un anticipo en efectivo de hasta 35.000 pesos y luego un plan en cuotas de 450 pesos durante 20 años. Sólo por estas cifras, no tiene nada que ver con una vivienda “popular”.

El barrio está construido sobre seis tosqueras y un basural; las tierras no recibieron el tratamiento adecuado antes de las construcciones.

Tres de Febrero es el conurbano y es el país. Negociado para la “patria contratista” y la red de punteros, ningún plan de vivienda popular.