El gobierno nacional, por medio de la Afip a cargo de Mercedes Marcó del Pont, acaba de oficializar el aumento del 35,5% en las categorías e importes del Monotributo. La sorpresa es que los mismos se aplican retroactivamente a enero, generando una importante deuda a 4 millones de contribuyentes.

Esto despertó revuelo en las redes sociales, denunciando la impostura del organismo que, bajo esta forma, penaliza a quienes mantienen sus obligaciones tributarias al día, generando una carga adicional en medio de las dificultades económicas provocadas por la crisis económica y las políticas de ajuste del del gobierno, y agudizadas por la pandemia.

La actualización del Monotributo se realiza conforme a la variación del haber mínimo jubilatorio en 2020. Esto implica un aumento en las alícuotas que deberán pagar los monotributistas y que ahora deberá conjugarse con los montos “adeudados”, gracias a esta aplicación retroactiva.

Para el caso de los pocos “beneficiados”, quienes caen de categoría por la actualización de las escalas, el gobierno no les devolverá ni un peso sino que tomará el excedente a cuenta de futuras obligaciones: ganar o ganar.

Impacto

La medida oficial golpea de lleno en los bolsillos de millones de trabajadores precarizados, mal enrolados en el monotributo, y a trabajadores autónomos afectados por la crisis económica. Cabe destacar que las cuatro primeras categorías del Monotributo -las que más contribuyentes contienen- integran a los sectores más vulnerados durante todo el 2020 y con una mayor composición de trabajadores precarizados.

En efecto, un trabajador precarizado de las plataformas de reparto (Rappi, Pedidos Ya, etc.) que facture según ingresos similares a una canasta básica de $63.000 tendrá que abonar una cuota mensual de monotributo de alrededor de $4.000.

Esta suba indiferenciada también tendrá su impacto sobre el “delicado” mercado inmobiliario. Con la implementación de la nueva Ley de Alquileres es obligación la inscripción de los contratos y su declaración ante la Afip para pagar impuestos: independientemente que se trate de trabajadores o jubilados con una propiedad en alquiler o especuladores inmobiliarios. Los propietarios transfieren el impuesto al valor final de los alquileres, los cuales ya se encuentran por las nubes a falta de crédito hipotecario y acceso a la vivienda, lo que redunda en un nuevo impacto en los bolsillos de los trabajadores.

También cabe destacar que si bien los topes y las cuotas suben al mismo porcentaje, como los ingresos nominales siguen a la inflación, gran parte de los trabajadores son reubicados bajo categorías más gravosas, implicando una confiscación mayor de sus ingresos.

Recaudar para el FMI

Bajo el régimen del Monotributo se esconden distintas formas de flexibilización y precarización laboral de trabajadores y trabajadoras, cuya relación de dependencia es ocultada por las patronales con distintos mecanismos.

Lo mismo vale para trabajadores autónomos e independientes cuyos ingresos son similares a la media de los trabajadores en relación de dependencia y que la aplicación indiferenciada de estos aumentos y métodos ataca sus endebles finanzas. Más aún con el antecedente de meses de dificultades económicas.

Con estas medidas, el gobierno solo piensa en reforzar la caja del Estado y los ingresos fiscales para ofrecer estos recursos como garantía en las negociaciones con el FMI y los acreedores privados. Al mismo tiempo eximir de contribuciones patronales a ramas enteras de los capitalistas: se trata de una orientación confiscadora y patronal.

Rechazamos el aumento y su retroactividad para las cuatro primeras categorías del Monotributo y reclamamos un seguro económico de $40.000 para aquellos trabajadores autónomos e independientes afectados por la pandemia y las restricciones. También el pase a planta permanente y el reconocimiento laboral, con los derechos correspondientes, de los trabajadores precarizados, encubiertos bajo esta modalidad.

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