El viernes 19, el juez federal Claudio Bonadío dictó el procesamiento a los dos primeros secretarios de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; al ex subsecretario de Transporte Ferroviario y hombre del gremio La Fraternidad, Antonio Luna, y al ex interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Ochoa Romero, por "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público", a raíz de no haber controlado a TBA. También fueron procesados -con prisión preventiva- los hermanos Claudio y Mario Cirigliano -dueños de la concesionaria-, a quienes acusa de manejar una asociación ilícita destinada a utilizar en su provecho los subsidios estatales. En su fallo, el juez la llamó una "trilogía siniestra de empresarios, funcionarios y sindicalistas".

Esa denominación alcanzaría para extender la figura de asociación ilícita de los funcionarios nombrados a Julio de Vido -ministro de Planificación-, a los directivos de la Unión Ferroviaria y al propio Pedraza. También a La Fraternidad, que defendió a De Vido con afiches pegados en las locomotoras, los que destacaban su figura bajo el rótulo "ministro de los trabajadores", cuando las denuncias a los curros de Schoklender rozaban al funcionario con más manchas que un tigre.

Sin embargo, Bonadío limitó la tipificación de asociación ilícita a los Cirigliano (a quienes se los considera jefes); a Marcelo Calderón (que presidió TBA y es director de Cometrans, la firma controlante); al último presidente de la compañía, Carlo Michele Ferrari; al abogado Carlos Alberto Lluch y a los gerentes Sergio Tempone y Jorge Alvarez, en carácter de organizadores. El modo de hacer negocios de los Cirigliano fue, para el juez, "una cadena de la felicidad" destinada a aumentar sus ganancias, donde "claramente se privilegió la maximización del rédito económico para enriquecerse y para enriquecer a las empresas asociadas, con un total desprecio por la seguridad de los usuarios".

El juez sobreseyó al maquinista Marcos Antonio Córdoba -otra víctima-, sobre quien los imputados pretendían descargar las culpas del choque del 22 de febrero.

Bonadío señaló que el Gobierno pudo haberle sacado la concesión a TBA -como se hizo en mayo pasado- mucho antes del choque del tren en Once; puesto que en 2007 -cuando el kirchnerismo le quitó la explotación de las líneas San Martín, Roca y Belgrano Sur al empresario Sergio Taselli- TBA estaba en condiciones similares o peores. No mencionó que esta "trilogía" siniestra fue puesta en evidencia por la reacción popular que generó el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, en cuyo juicio oral se desnuda día a día la complicidad de los funcionarios y pedracistas con Cirigliano y sus socios Romero y Roggio, a quienes el gobierno otorgó el manejo del Sarmiento y del Mitre tras la tragedia.

A pesar de la gravedad de la imputación y del daño -por el cual Bonadío los embargó en 600 millones de pesos-, los empresarios del grupo Cirigliano no serán detenidos, porque gozan del beneficio de la excarcelación que les otorgó la Sala II de la Cámara Federal. La resolución de Bonadío procesa a los funcionarios que el kirchnerismo ya debió desplazar, en medio de la conmoción producida por la masacre de la estación de Once. Pero deja en pie al asesor K Sicaro, actual personero de Randazzo en la tarea de "maquillar" a los privatizadores.

Basta de impunidad. Exigimos la revocación de ese beneficio y la cárcel ya para todos los responsables.