Se acaba de anunciar que desde el mes de enero 2023 se ajustarán trimestralmente las jubilaciones de Anses de los docentes de 11 jurisdicciones, de los docentes universitarios nacionales y de los de Luz y Fuerza. Hasta el momento, la movilidad se calculaba semestralmente lo que implicaba un desfasaje enorme entre lo que se cobraba durante 6 meses y la inflación en desarrollo.

Lo que el gobierno de Fernández y Massa, la directora de Anses Fernanda Raverta, y la nueva ministra de Trabajo “Kelly” Olmos acordaron con los dirigentes de Ctera, con los dirigentes universitarios de la CGT y con los de Luz y Fuerza no resuelve el desfasaje que se produce con la movilidad cada tres meses en medio de una inflación alta porque, en primerísimo lugar, el acuerdo no implica establecer la movilidad teniendo en cuenta la inflación.

Por el contrario, mantiene las fórmulas que han llevado a una baja sistemática de los haberes jubilatorios, porque en el caso de los docentes, por ejemplo, la movilidad se calcula por un promedio de los aumentos de sueldo en todo el país, con lo que más de una vez, tomando ese período de seis meses, no ha habido ningún aumento o ha sido directamente negativo. Esto se repite aunque ahora el cálculo sea cada tres meses.

Lejos de haber asimilado lo conquistado por el Sutna, de que desde mediados del 2023 el sueldo debe estar 10 puntos por arriba de la inflación (luego de un aumento durante el 2022 del 100% o más), este acuerdo entre el gobierno y los dirigentes sindicales consolida un sistema de rebaja sistemática de los haberes jubilatorios respecto a los precios y a la capacidad adquisitiva de las jubilaciones docentes y de Luz y Fuerza. Al igual que lo que pasa con el resto de los jubilados, los haberes van en descenso.

Tampoco han establecido una recuperación de lo perdido durante todos estos años, lo que oscila entre un 35 y un 40% en los últimos 5 años para los tres sectores de trabajadores implicados en estos regímenes especiales, que, dicho sea de paso, aportan más que el resto. Concretamente, uno de estos sectores, el docente, aporta el 13% y como ejemplos de las pérdidas un informe de Clarín del 6/11 señala:

• En 2018, los jubilados docentes recibieron dos aumentos por un total del 22,3%, frente a una inflación del 47,6%. Un retroceso del 17,1%.

• En 2019, el aumento fue del 49,3% y la inflación del 53,8%. Una pérdida del 2,9%.

• En 2020, hubo una recuperación parcial: el aumento de los docentes fue del 40,8% versus una inflación del 36,1%. Una mejora del 3,4%.

• En 2021, el incremento fue del 50,6% versus una inflación del 50,9%. Una caída de 0,3 puntos.

• En 2022, a diciembre el aumento sería del 53,2% versus una inflación que podría alcanzar el 100%. La pérdida podría ser del 25%.

Lo que los dirigentes sindicales mencionados presentan como un hecho de justicia es en realidad un acuerdo que no repara la pérdida de las jubilaciones en todos estos años y tampoco garantiza una recuperación de ellas a futuro.

Para estos dirigentes afines al gobierno del Frente de Todos, el 82% móvil no es un objetivo, ni siquiera tienen en cuenta para la movilidad la canasta básica jubilatoria calculada para octubre en $151.380 por la Defensoría de la Tercera edad.

Se plantea organizar a los trabajadores activos y a los jubilados, junto con los desocupados, para pelear por jubilaciones acordes a la canasta básica y por el 82% móvil. Se necesita un paro nacional y plan de lucha convocado por las centrales obreras.

El 17 de noviembre es la oportunidad para movilizar con las organizaciones de jubilados de todo el país. De Anses a Pami y luego a Plaza de Mayo a entregar un petitorio con todos los reclamos al presidente de la nación.

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