Políticas

6/1/2022

Tsunami de contagios en la provincia de Buenos Aires sin Fondo Covid

Se expone aún más el deterioro sanitario en medio del vaciamiento estatal y los negocios con el sector privado.

Una semana después de que el gobernador bonaerense Axel Kicillof se ufanara y felicitara a los legisladores de Juntos por la aprobación del Presupuesto provincial 2022, que reduce nominalmente las partidas para Salud por la eliminación del Fondo Covid, el “tsunami” de contagios en la provincia de Buenos Aires alcanzó los 35.000 casos diarios.

Una tercera ola que expone brutalmente la política de ajuste del gobierno al servicio del pago de la deuda externa a los bonistas buitres. Del relato de las “políticas públicas exitosas”, el Frente de Todos pasó a los llamados autotests cuyo costo queda enteramente a cargo de la población; una retirada en chancletas y grosera.

También, el ministro Kreplak justifica esta privatización de los testeos -a precios que rondarán los $10.000 para una familia tipo- en la saturación de los centros de testeos. Resumiendo, con la pandemia, al ajuste de la salud pública, se suma el mercado cautivo para los laboratorios privados beneficiados ,que usufructúan el sistema de “testeo rápido” que no está libre de los falsos negativos. Negocio redondo.

El desentendimiento del Estado de las “políticas públicas”, cuando la Argentina vuelve a estar en los primeros puestos de contagios en el mundo y se acerca a los 100.000 infectados diarios, retrata las consecuencias criminales del ajuste sanitario del presupuesto bonaerense de Kicillof y Kreplak. A pesar de este crecimiento exponencial que va elevando el número de fallecidos y de internados en terapia, “la provincia no estudia medidas excepcionales”, según informaron a los medios de prensa voceros oficiales. Señal de que por ahora no se repondrá el Fondo Covid (ajuste fiscal) ni se impondrán nuevos protocolos (límites a los capitalistas). Por el contrario, el gobierno de Kicillof habilitó el 100% de aforo en los boliches, con un “pasaporte sanitario” que es papel mojado y una coartada para los negocios empresarios, como ocurre con el turismo sin restricciones en la costa atlántica que se ha convertido en una bomba de tiempo sanitaria.

Volviendo al autotest “nacional y popular”, los $2.500 del “test barato”, al decir de las autoridades sanitarias, no están cubiertos por Ioma ni por otras obras sociales, en lo que es una mayor degradación del salario y las jubilaciones.

El bono por única vez de $8.000, para los jubilados que cobran la mínima, equivale a menos de tres tests de esta versión privatizada que Kicillof presenta como una salida al ritmo vertiginoso de contagios. Al bono para los estatales de $20.000 se lo come la inflación y el fracaso del gobierno que no puede asegurar los testeos masivos.

Las direcciones sindicales están subidas desde hace rato al verso criminal de la “pospandemia”, abandonando toda ficción de protocolos y seguridad sanitaria en las condiciones de trabajo. La complicidad alcanza a aceptar sin chistar el recorte de días de aislamiento por contacto estrecho, una exigencia de los capitalistas para que no se pare la producción ante la disminución de personal aislado por sospecha de Covid. La tendencia es a suprimir por completo todo aislamiento cuando la pandemia exige hoy la tercera dosis de refuerzo como parte del esquema vacunatorio completo y medidas excepcionales para parar los miles de contagios.

“Convivir con el virus” es el nuevo mensaje oficial. El ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires ratificó el comienzo del ciclo lectivo con presencialidad plena; una afirmación temeraria cuando hay una franja todavía alta sin vacunar y una minoría que no llega al 15% con el “refuerzo” de la tercera dosis, imprescindible conforme al tiempo transcurrido desde los primeros meses de vacunación en el 2021.

En la docencia bonaerense, el sector más expuesto por esta ola récord de contagios son los precarizados de los programas ATR, que deben trabajar presencialmente en plena escalada pandémica. La burocracia de Baradel se mostró comprensiva frente a los anuncios de inicio del ciclo lectivo de Sileoni, atajándose con el sambenito de que antes debería cerrarse la paritaria. Otra coartada cómplice cuando el Frente de Unidad Docente Bonaerense y la burocracia Celeste de Suteba no han hecho otra cosa que convalidar todas las “ofertas” a la baja del “compañero gobernador”. Igualmente se plegó al recambio de Agustina Vila por Sileoni.

Solo el Frente de Izquierda Unidad votó contra la ley de leyes ajustadora, denunció el recorte criminal en salud y movilizó para rechazarlo en las puertas de la legislatura donde se cocinó el consenso antisanitario. La avalancha de contagios que combina las variantes Delta y Ómicron exige un plan integral y en primer lugar de concientización de la población frente a la subestimación de una tercera ola a la que el propio gobierno y la oposición derechista catalogan como una “gripecita”, parafraseando al facho antivacuna de Bolsonaro.

Un plan de emergencia sanitario vuelve a colocar sobre el tapete la intervención de los laboratorios privados para asegurar la vacunación masiva con la tercera dosis a toda la población , y la centralización del sistema de salud para garantizar los testeos a cargo del Estado y su seguimiento de acuerdo a la expansión vertical de los contagios.

Rechazamos toda liberalización patronal de los aislamientos y protocolos sanitarios para beneficio irresponsable de los capitalistas. Frente al ajuste en salud y a un presupuesto provincial a la medida del FMI y los bonistas, urge movilizarse por la reposición del Fondo Covid, asegurando que llegue la vacunación, los testeos y el equipamiento de las terapias a todos los bonaerenses y hospitales.

El Fondo Covid debe ir a la salud pública, y no a subsidiar a los capitalistas de la medicina privada, como se hace con los aportes de la obra social provincial (Ioma), desfinanciando la cobertura sanitaria de los trabajadores estatales, docentes y municipales.

Los sindicatos y cuerpos de delegados combativos tienen que defender los protocolos sanitarios y laborales que entregan las burocracias sindicales , lobistas de los empresarios y cogestoras del ajuste en el Estado. El control obrero implica determinar cuándo debe suspenderse la actividad presencial sin afectar el salario y los puestos de trabajo, y cómo se completa el esquema de vacunación con las tres dosis.

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