La crisis provincial se profundiza en todos los sentidos. Por un lado se ha abierto una intensa lucha de camarillas dentro del bussismo, que ha dividido a su bancada legislativa y provocado una crisis de gabinete.

Luego de la pueblada del 17, Bussi, en acuerdo con el gobierno nacional, apretó a la Legislatura para que apruebe un nuevo paquete de leyes de la llamada “reforma del Estado provincial”, que deroga un conjunto de leyes que habían sido aprobadas anteriormente por la Legislatura. Esto ha abierto un nuevo conflicto con la Legislatura, colocada en la disyuntiva de acatar los decretos o insistir en la sanción de las leyes, y ha abierto numerosos conflictos con los trabajadores, entre ellos, la transferencia del Instituto de Previsión y Seguridad Social a la órbita nacional y la reducción de la masa salarial con el éxodo voluntario de agentes estatales. Para esto último, hizo aprobar en la Legislatura la emisión de los BOSO, un título público con el que se indemnizará a los empleados cesanteados; los BOSO sólo se podrán convertir en dinero a los 10 años de su emisión, un despojo que se transformará en un enorme negociado para comerciantes y empresarios, como ya ocurriera en el pasado con los títulos Independencia.

Con este cuadro, la tensión general ha ido creciendo y se manifiesta en múltiples conflictos: Tafí Viejo en defensa de los Talleres (ver nota); paro masivo de los médicos estatales en defensa de dos pediatras del Hospital de Niños, que denunciaron la situación calamitosa del hospital y fueron sumariados; ocupación de la Dirección Provincial de Agua, ante un rumor de que dejarían cesantes a sus 1.200 trabajadores; marcha en Montero reclamando la municipalización del agua, contra la transferencia de la Caja y en defensa del ingreso irrestricto a la Universidad; ollas populares y huelga de hambre de los trabajadores de Familia y Minoridad, reclamando la reincorporación de los cesantes, etc.

Como antes de la pueblada, se ha recreado el escenario para encarar una lucha de conjunto. Es necesario exigir a la CGT ‘auténtica’ y a la Asamblea de Trabajadores un comando único para votar una lucha única; en ese marco, desenvolver todas las iniciativas de coordinación y de autoconvocatorias, para ir poniendo en pie a la población laboriosa y construyendo las herramientas que hagan posible una lucha decidida, que aplaste los planes antiobreros del gobierno.