La intervención Federal impuesta a la Provincia ha desatado una fenomenal ofensiva contra los salarios y la fuente de trabajo de los empleados públicos. Aráoz decretó la eliminación de todos los sistemas de enganche salarial, y se crea un nuevo sistema por 180 días que como sostuvo, el ministro de Economía, Diego García, estará basado en el congelamiento de todos los salarios, nada menos que en momentos de disparada hiperinflacionaria. Las diferencias salariales y los pagos de tos sueldos atrasados, la intervención los dejó condicionados “al saneamiento de las finanzas públicas”, pero ninguna medida se ha adoptado para el cobro de las deudas impositivas, previsionales y crediticias que el gran capital tiene con la Provincia. Sólo la deuda impositiva de tos ingenios supera los 50.000 millones de australes. Con esto, las promesas de pago de la deuda salarial que se estima en unos 50 millones de dólares, quedará para las calendas griegas.

Por otro lado se están produciendo despidos masivos. Unos 5000 contratados de las comunas y municipios han quedado en la calle, medida que se piensa profundizar en la administración central, y para facilitarla se han modificado los horarios de trabajo, imponiendo el turno cortado (mañana y tarde).

El plan racionalizador se extiende a la banca provincial. La intervención anunció un plan dirigido a la privatización de la banca provincial, para lo cual se piensa fusionar a los tres bancos oficiales con la consiguiente racionalización de personal y salarios.

Además ya fue anunciada la privatización de los servicios de reconocimiento médico, lo cual va de la mano con las designaciones en la dirección del SIPROSA (Sistema Provincial de Salud) de varios dueños de grandes sanatorios.

La intervención está ejecutando, con los métodos del bussismo, el mismo plan que Domato intentó aplicar en los últimos años y que no prosperó. Precisamente por eso, la campaña judicial promovida por la intervención contra Domato, su gabinete y otros funcionarios del anterior gobierno, transformándolos en tos patos de la boda, tiene por función crear una cortina de humo para hacer pasar la ofensiva contra tos trabajadores. Esta política, dirigida a darle consenso popular a la intervención, buscando crear la imagen de que se estaría ante un gobierno dispuesto a extirpar la corrupción y tos negociados, tiene el apoyo del conjunto de la dirigencia sindical y todos los partidos patronales, en especial los bussistas ahora que Aráoz sancionó la constitución bussista, además de compartir el ataque al movimiento obrero.

Los justicialistas ven en Aráoz la posibilidad de coronar el “ajuste” que la descomposición del gobierno de Domato no podía consumar. Por eso, Aráoz es una bisagra entre el menemismo y Bussi.

Los radicales, para no quedar fuera del escenario instruyeron a sus intendentes que aceptaran ser delegados interventores en sus propios municipios, en los cuales fueron disueltos tos concejos deliberantes. La CGT de Azopardo (Ubaldini) tampoco podía faltar en su apoyo al menemista Aráoz.

La careta “populista” con la cual se presenta la intervención se está cayendo por el nivel del ataque antiobrero, por su impotencia para resolver los problemas más acuciantes de la Provincia y las masas, y por el agravamiento de la crisis económica y política nacional, lo cual condicionará sus márgenes de maniobra ante las disputas entre diversos grupos capitalistas de la Provincia. En este cuadro, la cuestión central para los trabajadores pasa por articular un plan de lucha dirigido a defender el salario, la fuente de trabajo y demás conquistas laborales, lo cual abrirá el terreno para una lucha en profundidad para echar “al interventor de los banqueros”.