El 9 de agosto, Alperovich festejó el triunfo aplastante del oficialismo en las Paso. Con ese resultado, y apoyándose en el sistema electoral fraudulento y en todos los recursos del Estado -fondos públicos, medios de información y 150.000 personas atadas a planes sociales- apuntó a las elecciones provinciales para perpetuar a su camarilla en el gobierno provincial, los municipios y comunas rurales.

 

Por medio del régimen de acoples, un sistema que permite que los partidos presenten distintas listas de legisladores o concejales y confluyan con un mismo candidato a gobernador o intendente, Alperovich procuró saturar el escenario electoral y traccionar a la población con una multitud de listas -25.000 candidatos de casi 1.000 acoples. La mayoría respondían al oficialismo, pero también -varias decenas- a la oposición liderada por Cano-Amaya, quienes criticaron el sistema de acoples pero intentaron aplicarlo en su provecho.

 

En las semanas previas a la elección, emergieron denuncias de traslados domiciliarios truchos para inflar padrones y asegurar triunfos en comunas del interior. También recrudecieron las denuncias sobre manejos irregulares de la Junta Electoral, lo que terminó en una crisis en su interior. Dos de los tres miembros debieron renunciar 48 horas antes de los comicios. Sin embargo, todos los actos de la junta anterior fueron validados, entre ellos, la designación de los presidentes de mesa y veedores, en su inmensa mayoría punteros del gobierno.

 

El domingo 23 ocurrieron todo tipo de anormalidades, frente a las cuales no había manera de formular denuncias. Los presidentes de mesa actuaban con órdenes estrictas de no receptarlas. Falta de boletas, urnas que ya venían con votos, urnas llenas y cerradas para reemplazar a las que se estaban utilizando. En muchas escuelas, a los fiscales de mesa se les prohibía ocupar sus puestos con el argumento de que no estaban allí desde las 8 de la mañana. En otros casos, cuando sí estaban desde las 8, los echaban desconociendo sus credenciales.

 

Durante el comicio, en varios pueblos se produjeron robos y quemas de urnas realizadas por punteros de acoples oficialistas, en algunos casos con apoyo policial, cuando advirtieron que perdían la elección a manos de acoples rivales.

 

A la noche, en el centro de cómputos, los veedores del Frente de Izquierda impugnaron el sistema informático completamente fraudulento.

 

Las puebladas contra el fraude

 

Las denuncias que circulaban por las redes eclosionaron el lunes 24 en la Plaza Independencia, cuando una pueblada de 20.000 personas exigió la apertura de todas las urnas. Era un reclamo elemental frente al fraude. El gobierno respondió con una represión salvaje. La población volvió una y otra vez a la plaza, y en la periferia aparecieron barricadas para tener puntos de apoyo desde donde enfrentar la represión. Ese lunes aparecieron las primeras pancartas pidiendo la libertad de José Kobak y los demás compañeros. El martes 25, el Partido Obrero, apoyado por otros sectores de la izquierda, llamó a marchar con la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad para insistir en el reclamo de la libertad de los compañeros, denunciar el fraude y reclamar nueva elecciones, y confluir con la nueva autoconvocatoria.

 

El ingreso de la columna de la Comisión y del Partido Obrero fue saludado por miles de personas que ya se encontraban concentradas frente a la Casa de Gobierno. La nueva pueblada fue más numerosa (los medios señalan 35.000 personas) y politizada, pues numerosas personas fueron enconlumnadas con sus consignas y banderas partidarias. Ya no se limitó al reclamo a favor de Cano-Amaya, puesto que, como bien destacaron los medios, el fraude afectó a toda la oposición y en particular a la izquierda. El reclamo de nuevas elecciones se fue abriendo camino y también la necesidad de un paro provincial. Algunas columnas sindicales, bancarios y docentes universitaros, se hicieron presentes.

 

Perspectivas

 

La crisis política sigue abierta. Desde el gobierno procuran cerrarla y llegar a un acuerdo en el marco de la Justicia electoral. Si es necesario, “que se abran todas las urnas”, dijo Alperovich. Desde la Junta Electoral, el presidente de la Corte admitió el planteo. Por esta vía el gobierno tiene la vaca atada, porque sabe que los resultados fraudulentos del interior le aseguran la primacía. Del lado de la oposición, la postura de Cano ha ido virando al compás de los acontecimientos. De reclamar la apertura de todas las urnas, pasó a pedir una nueva elección de gobernador, como si el fraude hubiera ocurrido y afectado sólo ese cargo. Es un planteo de compromiso con el régimen de punteros, que consagró cargos municipales y legislativos a través de los acoples. Pero incluso con este límite, el planteo no es acompañado por la mayoría de sus aliados, comenzando por Macri. El ex oficialista Amaya (hoy con Cano), y otros integrantes de la oposición que conquistaron algunas intendencias o fueron electos legisladores, no quieren saber nada de nuevas elecciones. Al calor de la crisis, la Alianza del Bicentenario comienza a crujir. En este escenario, el Partido Obrero, ante estas elecciones fraudulentas, exige nuevas elecciones generales para todos los cargos, y sin acoples. Es necesario darle continuidad a la movilización, que ha comenzado a extenderse a los pueblos del interior de la provincia, y debatir la necesidad de un paro general contra el fraude, convocado desde las puebladas y asambleas. En este miércoles, La Bancaria ha decretado un paro general, y las asambleas de Adiunt (docentes universitarios) en lucha por sus reivindicaciones, se han sumado a la denuncia y a la movilización.