El 19 de mayo se produjo la trágica muerte de Matías Albornoz Piccinetti,  un joven de 17 años estudiante del Colegio universitario Gymnasium (un equivalente al Nacional de Buenos Aires) en una trifulca con estudiantes secundarios de otros colegios de la capital. El hecho causó una enorme conmoción.

 

El viernes 26, más de 2000 personas, en su mayoría jóvenes estudiantes acompañados de sus padres y  docentes, realizaron una marcha del silencio, concentrada en rendir un homenaje a Matías y en delimitarse de quienes propugnan la venganza como solución a estos hechos.

 

Durante estos días se produjeron diversas declaraciones. Para el gobernador Juan Manzur era necesario que la sociedad reflexionara; el ministro de Educación cargó la responsabilidad sobre los jóvenes; y así, uno tras otros, jueces, curas y profesionales, todos apuntaron a despolitizar lo ocurrido, para eximir de entrada a los gobiernos y al Estado de toda responsabilidad.  

 

 El crimen de un joven por otros jóvenes en una esquina a cinco cuadras de la casa de gobierno, donde todos los viernes se suelen concentrar centenares de jóvenes de diferentes colegios y donde las peleas son un hecho común, por diferentes rivalidades, sólo se explica por el extremo grado de alienación al que la políticas educativas, sociales y represivas han llevado a la juventud.

 

Al capitalismo, su Estado y sus gobiernos  la juventud sólo les importa como nueva generación a ser explotada para aumentar las ganancias del capital. Que el joven tenga o no estudio, sólo les importa en relación al lugar que ocupará o puede ocupar en el sistema productivo para ser explotado.

 

Lo que el capital no puede tolerar es que la juventud se organice y salga a luchar por sus derechos, porque cuando lo hace, se transforma en un factor que revoluciona el ambiente político y social.

 

Que todos esos funcionarios, curas y gobernantes se lamenten por lo ocurrido es pura hipocresía.

 

Son ellos los que defienden a un sistema que condena a la juventud a un horizonte sin futuro, encubriendo e incluso asociándose al negocio de la droga que destruye a la juventud.

 

Son ellos los que se jactan de pertenecer a la provincia mayor productora de limón, pero guardaron silencio cuando se publicó  la noticia de que también Tucumán es la provincia con mayores índices de suicidios adolescente del país.

 

Son ellos los que prohíben la organización independiente y de lucha en los colegios permitiendo sólo club colegiales tutelados.  

 

En Tucumán, el gobierno mantiene una política represiva sobre la juventud, por eso mantienen vigente una ley de Contravenciones que fue declarada ilegal e inconstitucional por la Corte Nacional y la Corte Provincial, y que la policía usa para hacer redadas masivas de jóvenes que son usados luego como rehenes para cobrar jugosas multas a cambio de levantarles los arrestos que pueden llegar a tres meses.

 

Tucumán tiene la exclusividad de ser la única provincia que ha prohibido el voto joven.

 

La salida a la barbarie y el embrutecimiento sin límites a la que nos condena este sistema, sus gobiernos y políticos, es la organización independiente de la juventud en los colegios, barrios y lugares de trabajo y partir de allí a una lucha resuelta para conquistar los derechos y el futuro que nos pertenece junto al conjunto del pueblo trabajador.