A partir del fallo de un juez de instrucción, que declara inconstitucional la ley provincial 5.140 de Contravenciones, se abrió en Tucumán un importante debate político.

Los organismos de derechos humanos, abogados, constitucionalistas y hasta la propia Secretaría de Derechos Humanos del gobierno reclaman su derogación. La Defensoría del Pueblo denunció que se producen mensualmente 1.300 detenciones de jóvenes, que hay cupos por comisaría y que estas redadas de jóvenes son una fuente de “ingresos” para la policía, ya que se deben pagar multas para evitar penas de arresto. La misma Defensoría denunció que el 80% de las causas son armadas por la propia policía.

Sin embargo, el ministro de Seguridad, Baillo, el secretario de Seguridad, Osvaldo Nieva (ex concejal de Pueblo Unido), y el subjefe de la Policía reclamaron su continuidad… algo que es imposible ya que la ley ha sido declarada inconstitucional.

Ante la posibilidad de que la policía se quede sin su Ley de Contravenciones, el legislador Cecilio Heredia (PJ) confirmó que desde agosto pasado hay un anteproyecto para sancionar una nueva Ley de Contravenciones.

El Partido Obrero denunció en su oportunidad que esta nueva Ley de Contravenciones había sido redactada por la Asociación Tucumana de Citrus y otras cámaras empresarias, ya que a las normas represivas anteriores agregaba la sanción a los cortes de rutas, las manifestaciones y las ocupaciones de lugares públicos. Es decir que a la represión de la juventud le sumaba la ilegalización de la protesta popular.

El PO reclama la anulación de toda la legislación represiva, el cese de la persecución a la juventud y la plena libertad de organización y lucha de los explotados.