El jueves 28, el Tribunal Oral Federal no tuvo otra opción que dictar la pena de perpetua a Bussi y Menéndez, pero resolvieron que hasta que la condena quede firme, o sea luego de las eventuales apelaciones, Bussi seguirá en la misma instancia en la que se encontraba: cumpliendo la prisión preventiva en su domicilios. Mediante el recurso a diversas apelaciones, Bussi puede eludir hasta el día de su muerte el cumplimiento efectivo de la condena. Estamos en presencia de un fallo que es una variante de la política de impunidad que se implementó en Chile con Pinochet. Cuando se conoció el fallo, los bussistas que estaban concentrados en las afueras del Tribunal festejaban, mientras entre las organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas estalló la indignación, se voltearon vallas y hubo un duro enfrentamiento con la Gendarmería.

La Gaceta atacó a “los violentos”, en especial a los grupos “trostkistas”, que no respetan “el libre juego de las instituciones”. Desde el gobierno proclamaron que el fallo era histórico. En el juicio no se ventiló el conjunto de las masacres cometidas bajo Bussi ni la complicidad de los partidos patronales, incluso del Partido Comunista. En Tucumán, la colaboración ‘cívica’ con la dictadura fue la mayor de todo el país, y esto explica que el bussismo hubiera podido reconvertirse luego en fuerza política.

Bussi le recordó al fiscal que, en su calidad de vicepresidente de la UCR en 1987, negoció con el bussismo su apoyo para el candidato radical de entonces en el Colegio Electoral. Prensa Obrera denunció, en aquel entonces, que “Bussi negoció con todos, todos negociaron con Bussi”. Otros organismos, como Familiares de Tucumán (Fadetuc) también condenaron a los ‘violentos’: una invitación a asimilar las frustraciones y convivir con la resignación y los poderes establecidos.

El juicio a Bussi ha puesto nuevamente en evidencia que el régimen político se limita a echar lastre y que de ningún modo hay una política efectiva de juicio y castigo.