Así como el gobierno de Miranda pasó a la historia como el de la desnutrición infantil, el de Alperovich va a pasar como el de los grandes negociados, muchos de ellos en sociedad con la camarilla presidencial.

Ahora está saltando otro, con la construcción de viviendas con fondos nacionales que requieren el acuerdo del gobierno. En el marco del Plan Federal de Viviendas, Tucumán recibió el año pasado subsidios para construir cuatro mil unidades. El Tribunal de Cuentas señaló que el costo promedio de cada una de esas viviendas no era de 30.000 pesos, como se consignaba en el acuerdo firmado, sino que se elevaba a un promedio de 50.000. El gobierno explicó que la diferencia de costos era aportada con fondos del Fonavi y de Rentas Generales de la provincia. Lo que no pudo refutar fueron las objeciones del propio Tribunal de Cuentas que cuestionaba esos mayores costos para construcciones sin piso, sin fino interior y sin pintura.

Como ha ocurrido con muchos expedientes de los organismos de control, éstos mueren en los laberintos burocráticos del Estado. Por eso la construcción de estas viviendas con sobrecostos siguió su marcha. A principio de mayo, Alperovich negoció una ampliación de tres mil viviendas, que tuvo la venia presidencial. Para su construcción, aduciendo falta de tiempo para la tramitación de los subsidios nacionales, se decidió concretarlo mediante un decreto de necesidad y urgencia que establece el mecanismo de contratación directa previo llamado a un concurso de precios, con lo que se evita llamar a licitación, como lo establece explícitamente la Ley de Obras Públicas de la provincia. A partir de su sanción por la vía de un decreto de necesidad y urgencia, todo el asunto queda fuera de todo control del Tribunal de Cuentas. Sólo la Legislatura podría rechazar el decreto. Ya la bancada del PJ dio seguridades de que el decreto no va a ser rechazado, o sea que se va a transformar en ley. Las viviendas de este nuevo cupo van a ser más caras que las anteriores, llegando en algunos casos hasta los 100.000 pesos. Entre las empresas que van a intervenir en la construcción, algunas son propiedad de Alperovich.

Todo esto ha terminado en un escándalo, pero tanto los bloques legislativos mayoritarios, como la burocracia del sindicato de los trabajadores de la vivienda (Sitravi), de la Cámara Tucumán de la Construcción y la Cámara Argentina de la Construcción (que publicaron sendas solicitadas) llamaron a apoyar al gobierno. Aducen ayudar a resolver la crisis de vivienda de los sectores populares. ¡Cómo si un trabajador —no digamos un desocupado, que es donde está instalada la crisis de falta de viviendas— pudiera pagar cincuenta o cien mil pesos por una vivienda! Aducen también que “genera trabajo” cuando las distintas empresas ya anunciaron que van a ocupar a personal de los planes sociales.

Tenemos en marcha un gran negociado, donde a costa de la superexplotación de los trabajadores de la construcción, y con dineros públicos, un puñado de monopolios de la construcción se asegura enormes beneficios.

Alperovich, apenas asumió, logró superpoderes mediante la alteración del régimen de decretos de necesidad y urgencia vigente. Mediante este régimen de superpoderes, Alperovich está haciendo avanzar su política a favor del gran capital, profundizando la pauperización del pueblo.