El fallo meteórico de la Corte Suprema tucumana, revocando la anulación que se había dispuesto a las elecciones provinciales, pone de manifiesto un esfuerzo extremo del kirchnerismo para cerrar la crisis abierta con ese comicio fraudulento. En cuestión de horas, la Corte provincial cubrió los cargos vacantes por las recusaciones a sus miembros y resolvió sesionar durante el fin de semana. Lo hizo cercada bajo una movilización de La Cámpora y punteros oficiales. La decisión de la Corte revoca también la medida cautelar que impedía la asunción del candidato oficial, Manzur, que sería proclamado en las próximas horas. La oposición anunció que apelará el fallo ante la Corte Suprema, otro tribunal diezmado y que actuará bajo los hechos consumados. Si de elecciones se trata, la Corte tiene otra papa caliente: debe resolver sobre la legitimidad del juez electoral de La Plata, un ex secretario de juzgado ligado a La Cámpora que tendrá a su cargo la elección en la provincia más importante del país y cuyo nombramiento ha sido cuestionado por la oposición.

 

El proceso electoral ha terminado en manos de una Justicia tan fracturada y en disolución como el Estado y el régimen de partidos que han recurrido a su arbitraje.

 

El fallo que nadie quiso

 

El fallo que anuló los comicios tucumanos se produjo en el cuadro de la enorme presión popular generada por las movilizaciones que coparon la plaza Independencia durante varias semanas. Pero mientras ello ocurría, Macri, Sanz y compañía se empeñaban a fondo en enterrar el reclamo popular de nuevas elecciones. El más explícito fue Macri, cuando sostuvo que el resultado del comicio debía quedar librado al escrutinio definitivo, en manos de la sospechada Junta Electoral provincial. El jefe de Cambiemos no quiere un choque de fondo con los caudillos pejotistas, con quienes podría terminar cogobernando después de octubre. Ya con los hechos consumados, la oposición tradicional estuvo obligada a celebrar una anulación de los comicios por la que nunca se empeñó. Por eso, la preocupación por cerrar la crisis tucumana no es patrimonio exclusivo del kirchnerismo: nada menos que el principal editorialista de Clarín calificó al fallo de anulación de las elecciones de “decisión extrema” y “teñida de componentes políticos”, lo que “abre un interrogante sobre su solidez jurídica” (19/3). El kirchnerismo y Alperovich habían blandido la carta de la intervención a la provincia, para el caso de que la crisis estuviera irresuelta al momento en que venciera el mandato del gobernador. Esa extorsión apuntaba a que la crisis se cerrara en el marco de la Justicia provincial -naturalmente, con la aceptación de los resultados fraudulentos.

 

La campaña electoral

 

La preocupación de la burguesía ante la “campaña electoral contaminada” se proyecta más allá del 10 de diciembre. Es que un resultado electoral controvertido en las presidenciales terminaría desautorizando “en origen” al gobierno que deberá que llevar a fondo el trabajo sucio del ajuste -el arreglo con los fondos buitre, la devaluación de la moneda, los tarifazos, el ataque a los salarios y al derecho al trabajo. Las invocaciones a la “transparencia electoral” -y el conjunto de medidas propuestas por las mismas autoridades electorales- apuntan a evitar la gigantesca crisis política que resultaría de una elección cuestionada por fraude. Pero ninguna medida administrativa puede disimular la disolución que recorre a todos los estamentos del Estado, y que es resultado de una nueva bancarrota nacional. El fallo tucumano le brinda un respiro momentáneo al kirchnerismo, pero sólo prepara una crisis a término. 

 

El Frente de Izquierda debe explotar a fondo esta crisis de Estado: por un lado, denunciamos a los jefes de este nuevo “fraude patriótico”, incluida La Cámpora, que protegen a un régimen provincial de camarillas capitalistas entrelazadas con los servicios, la trata de personas y el crimen organizado. Por el otro, denunciamos a una oposición que ha renunciado a una verdadera lucha contra el fraude, por sus compromisos de “gobernabilidad” en favor del ajuste. En las próximas horas, el movimiento popular que ocupó las calles contra el fraude deberá procesar el fallo de la Corte provincial. La lucha por nuevas elecciones sin acoples y por el desmantelamiento del régimen de impunidad comenzará a escribir otro capítulo. El voto al Frente de Izquierda en octubre es el instrumento político en la lucha contra el fraude y contra ese régimen.