El 26 de febrero, al cumplirse cuatro años del asesinato de Paulina Lebbos, se concretó una gran jornada de lucha contra la impunidad que comenzó con un plenario de Familiares de Víctimas de crímenes impunes de varias provincias (Tucumán, Gran Buenos Aires, Santiago del Estero, Salta). El plenario estuvo presidido por Alberto Lebbos y Daniel Blanco, dirigente del PO, quien dio un informe con el cual se abrieron las deliberaciones. El relato de los casos presentes, las experiencias de lucha emprendidas, permitieron arribar a un conjunto de conclusiones condensadas en un documento donde se pone de manifiesto al Estado como principal responsable de la inseguridad y por lo tanto de la impunidad, por la cual miles de crímenes en los que se encuentran involucrados los aparatos de seguridad (“gatillo fácil”), las redes de tratas de mujeres, el narcotráfico, etc. no logran ser esclarecidos y sus responsables castigados y las redes mafiosas desmantelas.

El documento aprobado plantea una plataforma:

Destitución de todas las cúpulas policiales, por sus múltiples y comprobados lazos con el delito organizado.

Hay que desmantelar el aparato represivo. Juicio y castigo a todos los criminales.

A partir de allí, debe establecerse una fuerza de seguridad ciudadana construida sobre nuevas bases; sus cuadros deben ser reclutados y seleccionados bajo el control de organizaciones sociales y de derechos humanos.

En segundo lugar, que los libros de guardia y partes diarios de las comisarías estén sometidos al control de representantes electos; solamente así vamos a terminar con las zonas liberadas y con el gatillo fácil y los chicos muertos en las comisarías.

En tercer lugar, planteamos la elección popular de los jueces, para que rindan cuentas periódicamente ante la población sobre sus fallos. Sanción en todo el país de una ley de protección a los testigos.

En cuarto lugar es necesario que los bancos abran sus cuentas y que sean directamente nacionalizados para poner fin al lavado de dinero; lo mismo vale para los casino y la especulación inmobiliaria.

La descomposición del Estado y de la sociedad capitalista no puede ni debe ser pagada por sus jóvenes, condenados a la destrucción del paco, ni el trabajador sometido a la inseguridad cotidiana ni por la mujer expuesta a las redes de trata de personas.

Que la crisis la paguen los capitalistas y su Estado.

El Plenario acordó la realización de una jornada común de lucha para el 23 de marzo e intervenir en las que se están organizando el 24. Se consideró que esa reunión era un puntapié inicial orientado a la formación de un movimiento coordinado nacionalmente, hubo un compromiso de difundir el documento.

La Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán convocó a diversas organizaciones de la izquierda y de lucha con más de un mes de antelación para organizarla de manera conjunta una jornada de lucha, pero todas, salvo el Partido Obrero le hicieron el vacío de hecho.

La jornada del 26 se completó con un acto en Filo donde se descubrió una placa en homenaje a Paulina frente al Centro de Estudiantes y luego en la Plaza Independencia se realizó un acto que contó con unos 700 concurrentes (allí hicieron aparición varias tendencias), se leyeron adhesiones y los familiares fueron oradores haciendo fuertes denuncias políticas. Es preciso destacar la importante intervención tanto en el plenario de familiares y luego como oradores del acto de dos dirigentes de la Fuba de la UJS (Juliana Cabrera y Nicolas Pozic) y la concejal del PO Gabriela Cerrano de la capital de Salta. Finalmente hubo un festival de rock organizado por el MUR hasta últimas horas con un público que se fue renovando pero tomando conocimiento también de la jornada de lucha contra la impunidad.