La burocracia sindical y Ubaldini en particular se han anotado la notable “proeza” (si cabe el término) de haber pasado el “plan primavera”, el inmediato hundimiento de éste, la hiperinflación alfonsiniana, el garrotazo de los Bunge y Born, la reciente hiperinflación menemista y por último el paquetazo confiscatorio de Alsogaray y Cavallo; en resumen la burocracia ha logrado pasar por todo esto sin movilizar siquiera una vez a los sindicatos en una acción de conjunto.

En el año y medio de mayor descomposición económica y política de la historia nacional, con su brutal consecuencia sobre los trabajadores, la CGT argentina se las ingenió para protagonizar una parálisis sin parangón.

La burocracia sindical peronista ha presidido sin mosquearse, el derrumbe más grande del poder adquisitivo de los salarios. Las largas colas de desocupados que se agolparon en las puertas de Azopardo para conseguir un miserable bono alimenticio (¡que Menem incluso admitió que los comerciantes podían rechazar!), han sido el mudo testimonio de la monumental traición de la burocracia sindical.

Superan a Triaca

¿Por qué debería sorprender entonces que la burocracia de Ubaldini haya suscripto hace diez días un pacto social con el gobierno menemista, que la convierte de la noche a la mañana en una agencia gubernamental, que desplaza al segundo lugar a la CGT de Andreoni? La menemización sin disimulo de la dirigencia ubaldinista constituye la demostración más completa de que la política del actual gobierno es la expresión del conjunto de la dirección peronista, o dicho de otra manera, que es la expresión acabada de las limitaciones e impotencia del peronismo como movimiento político, frente a la crisis capitalista.

El acta que acuña los términos del acuerdo entre el gobierno y fa CGT de Ubaldini es un documento notable por la descarada claridad con que la burocracia sindical defiende la política de hambrea-miento del actual gobierno. Es un verdadero manifiesto político contrarrevolucionario —tan claramente compromete a la CGT en defensa del orden capitalista, cualquiera sea el precio que deban pagar por ello los trabajadores.

En el segundo punto del acta se dice .que no es posible que la Presidencia sea la única institución que asuma la responsabilidad de la defensa de la política actual, sino que lo mismo deben hacer los sindicatos —los cuales aparecen en el lenguaje del texto apenas disimulados bajo el rótulo de “instituciones Intermedias”. La CGT de Ubaldini se identifica así con el Estado como ni siquiera Triaca lo había hecho nunca, es decir, con la política de Alsogaray-Cavallo, o más claramente del Citibank-Techint. Al comentar el documento el diario La Nación no vacila en admitir que los dirigentes sindicales “concuerdan en que hay que llevar adelante algunos proyectos que el liberalismo prohíja” (25/1). Más claro, agua.

Defender al Estado

El punto siguiente del acta es más esclarecedor todavía. Dice que “el sindicalismo ha aportado una dosis decisiva (¡decisiva!) de disciplina, responsabilidad social y sacrificio económico”. Los sacrificados han sido los trabajadores, no los burócratas, los cuales se han seguido enriqueciendo como consecuencia de las coimas que les han dado las patronales y el Estado para que sigan aportando la “dosis decisiva de disciplina” en el acatamiento a los monstruosos planes de hambre. Pero los burócratas ubaldinistas mencionan ese “aporte decisivo” de traiciones al movimiento obrero en medio de la mayor catástrofe capitalista de la historia, para plantear que una unidad sindical debería tener por finalidad “profundizar este aporte”, es decir acompañar hasta sus últimas consecuencias la política hambreadora del justicialismo.

Nunca en la historia la burocracia sindical autodefinió con tanta claridad su carácter antiobrero y contrarrevolucionario. Para los “líderes” sindicales la tarea que les cabe en el actual momento histórico es contribuir “decisivamente” a la victoria de los explotadores. El peligro para ellos no es el hambre sino la posibilidad de que el Estado capitalista sea derribado por los trabajadores.

Apoyo a la privatización

Este acta se suscribió en el mismo momento en que el gobierno lanzaba las licitaciones para privatizar Ferrocarriles y ENtel. Sirvió entonces como respaldo de la burocracia sindical a la política de entrega, tal como la llevan adelante Dromi (Techint) y María, Julia Alsogaray (bancos extranjeros y nacionales asociados). No es casual que inmediatamente después de la firma del acta, los burócratas ubaldinistas de los gremios ferroviarios aceptaran los despidos producidos a principios de año y la implementación de la privatización con su “participación”. Algo parecido ocurrió en Foetra Buenos Aires, donde los ubaldinistas de la Celeste y Blanca se esforzaron por impedir una movilización sindical por el aumento y pago en fecha de los salarios. El hecho de que la Celeste y Blanca no hubiera denunciado el acta gobierno-ubaldinismo significa que se alinea con la política de privatización pactada.

El diario La Nación recoge la versión de que este acuerdo fue gestionado por el grupo Techint, lo cual sería lógico porque es el primer beneficiario de la privatización de ferrocarriles junto al Banco Río (Pérez Companc), quien es socio del Citibank. Lo que la información no esclarece es cuál fue la comisión cobrada por los burócratas sindicales.

Por una vanguardia obrera

Algo debe quedar, sin embargo, claro. La burocracia sindical no tiene condiciones ni capacidad para hacer una contribución “decisiva" a la gobernabilidad de un régimen que se derrumba. Alarga o complica, naturalmente, el camino, pero no puede evitar un desenlace que está, inscripto en la profundidad de la crisis y en la impotencia de la clase explotadora, que gobierna. Lo único que lograrán los burócratas es despeñarse junto al propio régimen que defienden.

La conclusión de todo esto es que hay que organizar una vanguardia obrera, que sólo existe cuando toma en sus manos la orientación y la dirección de los explotados con total independencia, no solo de los burgueses nacionales y sus partidos “populares”, sino también de la burocracia de los sindicatos.