Al día siguiente de anunciadas las nuevas restricciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), Alberto Fernández adelantó en Radio 10 y luego lo confirmó la titular del ANSES, Fernanda Raverta, el lanzamiento de un bono de $15.000 por parte del gobierno, a cobrar por única vez a partir del 26 de abril, destinado a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), y a los monotributistas de las categorías A y B. La resolución está restringida únicamente al Amba. En el medio de una escalada inflacionaria y un aumento de la pobreza y de la crisis sanitaria en país, se trata de una medida estéril propia de la política fondomonetarista en curso.

Asistimos a niveles de pobreza y de indigencia que alcanzan al 42% y al 10,5% de la población respectivamente. Hay 6,5 millones de trabajadores desocupados en el país y 8,5 millones trabajan en la informalidad. A su vez, a contramano de las promesas oficiales, la inflación no para de crecer; marzo presentó una suba inflacionaria del 4,8%, acumulando un 13% en el primer trimestre del año. Todas estas cifras apuntan a incrementarse ya que el gobierno echa leña al fuego de la inflación constantemente, defiende la consagración de topes salariales, permite que las patronales cierren o despidan, y, además, acaba de estipular restricciones sobre las actividades nocturnas, deportivas, turísticas, sociales y culturales, sin ofrecer como contrapartida ninguna medida para resguardar la fuente de ingreso de los trabajadores que integran dichas ramas de la economía.

Frente a este panorama, el bono, además de llegar tarde, es sumamente insuficiente. La cifra equivale a la mitad del total otorgado en el IFE del año pasado, sumado a que la inflación interanual ha sido del 42,6%. Así las cosas, los $15.000 solo llegarán a cubrir el 61% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que hoy se encuentra en $24.575, y el 25% de la Canasta Básica Total (CBT), valuada en $57.997. Recordemos que tanto la CBA como la CBT son calculadas por el Indec; la primera fija la línea de indigencia, y, la segunda, el índice de pobreza. Esto, sin mencionar que se trata de un monto a cobrar por única vez, es decir, el bono termina y la carestía de la vida persiste.

 

 

La propia Raverta puso de relieve los límites de la iniciativa cuando afirmó que solo abarcará a casi un millón de personas (Télam 15/4), cuando existen 19 millones de pobres en Argentina y casi 5 millones de habitantes viven en la indigencia. Para quienes  necesitan y no están incluidos en el cobro del bono, la respuesta del gobierno es nula.

 

 

Las prioridades del gobierno de Alberto Fernández están claras: lo que se le pagó hasta el momento al FMI en materia de intereses de deuda es un monto casi 7 veces superior a la suma de dinero estipulada para afrontar el pago de este nuevo bono de $15.000 para la población más vulnerable del Amba (el bono representa el 15% de lo que se pagó hasta el momento al FMI en concepto de intereses). A su vez, la cifra en pesos que implicó el pago de intereses de Leliqs y Pases por parte del Banco Central  es casi 47 veces superior al total de pesos que se precisan para la implementación de esta “medida de asistencia” (el bono equivale al 2% de lo que recibieron los banqueros por parte del BCRA). Para el capital financiero todo, para los trabajadores empobrecidos chaucha y palitos.

 

 

 

Para los monotributistas, este bono reviste un carácter de estafa, ya que vienen de sufrir un aumento del 35,3% de la cuota que deberán tributar al Estado. Aquellos que integran la categoría A y venían abonando mensualmente $1.955,68 pasarán a pagar $2.646,04. Los de la categoría B tenían una cuota mensual de $2.186,80, la cual aumentará a $2.958,74. Como vemos, los $15.000 en cuestión se esfuman en las manos de aquellos trabajadores monotributistas que deberán abonar, a partir de la nueva ley, $690,36 (los de categoría A) y $771,94 (los de categoría B) más por mes.

Estamos hablando de un universo laboral compuesto por un sector ultraprecarizado que abarca tanto a los prestadores de salud, como a los repartidores, como a una porción de trabajadores estatales. Quienes conforman la categoría A perciben ingresos mensuales que no superan los $23.584; mientras que los monotributistas B ganan como mucho $35.304 por mes. Además, al no contar con ningún derecho laboral, son los primeros en ser desvinculados ante un cuadro de despidos; sin embargo, el gobierno, no solo no brega por el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados y hasta ejecuta él mismo un fraude laboral manteniendo a gran parte de los trabajadores del Estado en la informalidad;  sino que además, sus iniciativas apuntan a reforzar la carga impositiva sobre las espaldas de este sector.

Como hemos visto, el bono raquítico responde a la prioridad oficial de intentar encauzar un acuerdo con el FMI, a costa de ajustar al pueblo. Incluso, Alberto Fernández se resiste a cerrar otros sectores de la economía -medida necesaria en este vendaval de contagios- porque no está dispuesto a destinar los fondos necesarios para garantizar la asistencia económica que ese tipo de restricciones amerita.

Frente a los cierres establecidos, el gobierno solo ofrece este bono y un aumento a $18.000 del Repro II, subsidio que reciben las patronales afectadas por las restricciones pautadas para abonar los salarios de los trabajadores.  No obstante, el Repro II no impide que los empleadores que reciben este programa despidan o reduzcan los salarios del personal. El Estado permite que avancen en esa dirección sin exigirles a cambio la apertura de los libros contables.

Necesitamos de manera urgente un seguro al desocupado de $40.000; un aumento de emergencia para los jubilados de $15.000; salario mínimo de $60.000; pase a planta de los precarizados; paritarias sin techo e indexadas a la inflación; prohibición de despidos y suspensiones y de rebajas salariales; apertura de los libros de las empresas que cierren, despidan o rebajen salarios y que el Estado se haga cargo en caso de que demuestren la crisis. Es preciso controlar los precios a partir de abrir los libros de toda la cadena comercial para evaluar los costos y por medio de la nacionalización bajo control obrero del comercio exterior. Exigimos la anulación de los tarifazos y naftazos y la nacionalización bajo control obrero de los hidrocarburos y la industria energética. Se debe aplicar un impuesto progresivo al gran capital de carácter permanente, destinando estos recursos a las necesidades sociales. Reclamamos la ruptura con el FMI y el repudio de la deuda externa usurario, junto con la nacionalización de la banca bajo gestión de los trabajadores para que el ahorro nacional esté al servicio de las mayorías populares.

Con este programa, el Frente de Lucha Piquetero se movilizará, junto con el Plenario del Sindicalismo Combativo, el 27 de abril al Consejo del Salario Mínimo, para rechazar el Pacto Social antiobrero en curso y luchar contra el ajuste del gobierno y el FMI.