Cuando esté saliendo Prensa Obrera a la calle se estará votando en el Senado la ley de creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la nueva “razón social” de la vieja Side, hasta hoy SI. La cuestión está en el centro de la crisis política de Estado que rodea la muerte violenta de Nisman.

 

El gobierno con la nueva ley de inteligencia se coloca como víctima de una situación “heredada”. A esos fines aporta la fina teoría del “cripto Estado”, con la que cierto progresismo coloca, en última instancia, al gobierno como víctima del Estado dentro del Estado, aunque se marquen responsabilidades por omisión. Esta tesis ha sido llevada más lejos, en las filas de la oposición, por Gabriela Michetti: “los servicios han sido 30 años autónomos del poder político”. Es un concepto para pasar la esponja al conjunto de los partidos que gobernaron, reforzaron y conspiraron con estos servicios, los que hoy se descomponen ante los ojos de la población. Los mismos partidos (o restos de ellos) que operan desde la oposición, para cerrar la crisis en sus términos, llevando agua al molino de una salida a la medida de la derecha, la cual apunta a la reinserción del país en los mercados de deuda, a la devaluación y al ajuste, lo que, a su turno, llevará a usar los servicios del Estado contra las masas, como ya lo hicieran con la actual ley en vigencia y con las anteriores.

 

La nueva ley no toca a Milani y sus reforzados servicios con sus incrementadas cajas: 2.400 millones en el presupuesto 2015. Afecta únicamente a la SI, su presupuesto pasa integralmente a la nueva AFI. La SI, por otra parte es sólo uno de los 15 servicios de las distintas fuerzas de seguridad. En realidad, bien mirada, es una reforma a la medida de Milani, inevitable ganador de la reorganización anti Stiusso, el hombre fuerte de los últimos 40 años.

La nueva ley, no podía escapar al molde y ya generó (des)inteligencias al interior del kirchnerismo. Verbitsky y Carta Abierta denuncian la perpetuación de las cajas negras, los 25 años de secreto de archivos, la realización de inteligencia propia, la continuidad de la promiscuidad con la Justicia y que la apertura de cualquier información pase por el Poder Ejecutivo. Aunque, sugestivamente, no denuncian el pasaje del total del personal de la SI a la AFI, dicen que el proyecto será “una frustración de la democracia”.

 

Esta “progresía” de frustración garantizada celebró que la nueva ley aumenta las penas de las cosas que ya estaban prohibidas (la inteligencia sobre los partidos políticos y organizaciones populares), lo cual demuestra la impasse de sus autores. En cuanto al aumento de las penas de quienes se aparten de las órdenes de sus directores, no aporta mucho porque son esos directores los que han ordenado las operaciones antipopulares de la Side: Anzorreguy, Santibáñez, Soria, Icazuriaga y los demás.

 

Tan inútil es el tratamiento de una nueva ley de inteligencia, que no se repara en que se estuvo violando de plano la actual (25.520), con el Proyecto X que espió a mil organizaciones populares, con los servicios de la Gendarmería, desde Campo de Mayo, en el marco de la “seguridad democrática” de Garré, Sain y compañía.

 

Su tratamiento es una maniobra política de autoencubrimiento, destinada al borrón y cuenta nueva. También para tapar la responsabilidad del Estado y del gobierno, en torno a Stiusso, a Milani, al maridaje con la CIA, el Mossad y otros servicios de potencias extranjeras; a 20 años de impunidad de la Amia; a 30 años de perpetuación de los servicios de la dictadura; a todas las operaciones de inteligencia y represión contra el movimiento popular: los crímenes de Kosteki y Santillán, de Mariano, del 20 de diciembre, de la desaparición de Jorge J. López, de la voladura de Río Tercero; también de la conexión de los servicios y el poder con el crimen organizado, de los crímenes basados en ajustes de cuentas, ligados al poder como el del “Lauchón” Pedro Viale o el de General Rodríguez.

El Estado no es víctima de la inteligencia, sino su vértice, y refleja los intereses sociales para los que se gobierna. Por eso, la Side, la SI y ahora la AFI están condenadas a ser “unidades operativas” de la CIA, por la subordinación a la política internacional del imperialismo, la cual está en la base de la impunidad de la Amia. Recordemos la alianza estratégica de Néstor Kirchner con Bush alrededor de la política antiterrorista que fundamentó las guerras preventivas, las bases militares y los campos de concentración.

 

Ninguno de los cambios que se proponen en la ley de inteligencia puede alterar la naturaleza de los servicios de espionaje, que, bajo el Estado capitalista, actúan como un aparato conspirativo contra la ciudadanía. Solamente un gobierno de los trabajadores desmantelará esta red clandestina que opera al servicio de una minoría explotadora.