Cuando Romero lanzó su candidatura presidencial fue a presentar su programa al FMI y al secretario de Estado norteamericano, Otto Reich. En Salta, lo hizo durante el “homenaje” a Eva Perón.

El plan de Romero pretende “…restablecer el orden institucional, recuperar el derecho a la propiedad privada…” (El Tribuno, 27/7), con la “activa participación de las Fuerzas de Seguridad, sean nacionales o provinciales…” (carta de Romero a Duhalde, en la que pide el traslado de destacamentos de Gendarmería de Santiago del Estero al norte de Salta, para evitar los cortes de ruta). Este planteo defiende la propiedad privada de los banqueros y de los usureros, no la de los ahorristas ni la fuerza de trabajo de los obreros.

Romero también plantea privatizar los bancos pœblicos y las empresas deficitarias, como lo exige el Tesoro yanqui (y como él lo hizo en beneficio del Banco Macro) (El Tribuno, 24/7). Para “bajar el gasto público” en Salta, rebajó los salarios, redujo personal y privatizó el sistema de alumbrado público.

Sobre el corralito, dijo que Duhalde debía encargarse de imponer los bonos compulsivos.

Como medidas de reactivación propone eliminar las retenciones a las exportaciones, sobre todo a las de petróleo, ya que es lobbysta de las empresas del rubro. Además, plantea eximir de impuestos a la repatriación de capitales, pero perseguir a los comerciantes “ilegales” y pequeños comerciantes.

El presidenciable salteño quiere convertir a los planes de empleo en contratos salariales, es decir proveer de mano de obra barata al capital, con los planes Jefes y Jefas de Hogar.

En materia de salud y educación planea la eliminación de los ministerios nacionales, transfiriendo responsabilidades a las provincias y a los municipios. Es el paso a la privatización.

Semejante propuesta antiobrera no sólo necesita de la represión. También de un acuerdo con la Iglesia, los banqueros, los empresarios y la burocracia sindical, que Romero considera fundamental.

Romero le aseguró al FMI que cumplirá con todos los compromisos asumidos con los organismos internacionales de crédito y, que en apenas cien días, terminará de reventar las condiciones de vida de los trabajadores. Por eso hay que echarlo junto a Duhalde y el resto de los gobernadores, por medio de la movilización popular, las asambleas populares y el movimiento piquetero, y reemplazarlos por Constituyentes con poder.