Los anuncios en materia previsional realizados por Macri representan un chantaje a más de 2 millones de jubilados. Aunque fue presentado como una “reparación histórica”, regularizando los juicios acumulados bajo el kirchnerismo, la realidad demuestra lo contrario.

De un total de 2.100.000 jubilados que tienen sus haberes mal liquidados, hay aproximadamente 60/70 mil que tiene sentencia firme y a los que sólo les falta cobrar, que no van a recibir lo que establece el fallo. El proyecto de ley establece que los montos de retroactividad por las diferencias de haberes mal liquidados, así como los correspondientes al aumento de los haberes futuros, serán calculados utilizando un índice de actualización que es menor a la mitad del fijado por la Corte para este tipo de sentencias. Es decir que se producirá un recorte mayor al 50 por ciento. Pero el proyecto también dice que ni siquiera se pagará ese total sino que el gobierno “realizará una oferta” que, lógicamente será menor a ese monto reducido.

El valor que surja de estas quitas será abonado no al contado -como correspondería ya que tienen sentencia firme- sino en dos partes. Un 50% al contado y el resto en 12 cuotas trimestrales (dos años) actualizadas. Además, el proyecto aclara que los jubilados deberán abonar, sobre los montos que cobren, el Impuesto a las Ganancias, lo que supondrá una nueva quita.

Como el coeficiente de actualización es confiscatorio, la actualización de los haberes, que el gobierno estimó en un promedio del 45% es probable que esté ubicada muy por debajo de esa cifra.

En el caso de los 300 mil jubilados que tienen el juicio sin sentencia firme, pero que pueden tener una favorable en primera y aún en segunda instancia y están esperando por el de la Corte, el descuento será aún mayor, ya que a todo lo que se le aplica a los anteriores, se le debe sumar que sólo se les computará para el “acuerdo” un máximo de cuatro años de antigüedad. Es decir que si el jubilado comenzó su juicio hace ocho años, el gobierno le ofrece una retroactividad que alcanza apenas a la mitad. 

Pero la situación es mucho más grave para la inmensa masa de jubilados -1.800.000- que teniendo sus haberes mal liquidados aún no comenzaron una demanda judicial. A este sector el gobierno le impone el siguiente chantaje: si quieren acceder a un reajuste de sus haberes hacia adelante deben renunciar a su derecho a iniciar una demanda por el retroactivo. Se trata, como puede verse, de una clara extorsión. Cabe denunciar que el trato a los fondos buitres fue radicalmente distinto, pues se aceptó la entrada al canje de los bonistas que no habían iniciado una demanda judicial.

La “reparación histórica” también busca sepultar el reclamo histórico del 82% móvil. El ajuste que recibirán los 2.100.000 jubilados (menos de un tercio del total) dejará los haberes lejos del 82% móvil del salario en actividad. Para el resto de los 4 millones de jubilados la situación será aún peor, porque se los condena a un ingreso que no cubre siquiera la canasta de pobreza.

El pago de las sentencias debiera ser afrontado por el Tesoro, que se valió de la Anses para su propio financiamiento. Sin embargo, ha sido cargado al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, abriendo la puerta para la venta de las acciones que están en su poder. Se trata de un golpe a los fondos de los jubilados, para cumplir un reclamo de las grandes empresas que cotizan en la Bolsa.

Cuando Macri señaló que debe debatirse la “sustentabilidad de todo el sistema”, abrió la puerta para una reforma previsional integral, que contemplará el aumento de la edad jubilatoria, la reprivatización parcial del sistema restableciendo las AFJP como complemento al sistema público y la condena a la masa de trabajadores en negro a una “asignación universal a la vejez” de miseria. En esta línea, el propio Macri anunció la elevación de la edad jubilatoria para las mujeres.

En oposición a este paquete ajustador y privatizador planteamos: pago de las sentencias y el retroactivo a la totalidad de los jubilados, sin quita ni cuotas, a cargo del Tesoro. Vigencia del 82% móvil del salario en actividad. Por una Anses dirigida por trabajadores y jubilados.