La Cámara de Casación tendrá el dudoso honor de ser presidida ni más ni menos que por un coimero de ley. Se trata del juez Eduardo Riggi, que integraba la Cámara en los momentos en que José Pedraza, autor intelectual del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, negociaba sobornos con sus miembros con la intercesión de un agente de la SIDE llamado Juan Riquelme, quien entonces revestía como "empleado de Presidencia de la Nación" y frecuentaba Comodoro Py desde hacía años como lobbysta de la burocracia sindical.

Mediante escuchas telefónicas, los investigadores habían detectado la maniobra urdida por el contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente del Belgrano Cargas, Ángel Stafforini, para comprar la excarcelación de los primeros detenidos por el homicidio de Barracas. Los complotados llegaron a entregar 50 mil dólares, que fueron interceptados por la policía mediante un allanamiento en el estudio del ex juez Aráoz de Lamadrid, también imputado en la causa. La finalidad de Pedraza era mejorar su propia situación y evitar la prisión preventiva.

En 2014, el juez Ormaechea resolvió imputar a los camaristas Riggi, Mitchell y Palazzo, pero inmediatamente se declaró incompetente para continuar la investigación. Más de veinte jueces se excusaron de investigar a su par, en una demostración de que la podredumbre en el Poder Judicial es un asunto corporativo. En febrero de 2016 el entonces juez Norberto Oyarbide sobreseyó a Riggi a pesar de la abundante prueba en su contra y la Cámara de Casación Penal confirmó el fallo de uno de los magistrados más corruptos de la historia, que se despidió de la función judicial con este regalito para el coimero del caso Ferreyra.

Con los votos de sus colegas Liliana Catucci, Juan Carlos Gemignani, Carlos Mahiques, Alejandro Slokar, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky, además del suyo, Riggi se hizo con la presidencia de la Cámara. Ana María Figueroa no lo votó. Este juez, que integró bajo la dictadura de Onganía el “Camarón” que juzgaba supuestos delitos de la “subversión” y que está ligado a la reacción mediante su militancia en el Opus Dei, presidirá la Cámara que se ocupará de juzgar las denuncias de corrupción más relevantes del gobierno kirchnerista.

Parafraseando al refrán, se puede afirmar que “ladrón que juzga a ladrón, merece presidir la Cámara de Casación”.