23/06/1993 | 394

Un decreto para confirmar a Prensa Obrera

Durante estos dos últimos meses el gobierno estuvo sosteniendo, en forma invariable, que con los fondos del remate de YPF, serían rescatados los bonos de los jubilados (Bocon) en poder de los titulares originales exclusivamente (jubi­lados) al 100 de su valor nominal.


En Prensa Obrera dijimos lo contrario. Bajo el título: “¿A quién rescatan?” (P.O. 387,13/4) sostuvimos que se trata­ba de un cuento chino como el que en su momento se hiciera con la privatización de ENTel. Sostuvimos que el dinero de YPF no iría a rescatar a los jubilados, sino que era otra maniobra para confiscarlos. Básicamente, porque gran parte de los bocones habían sido ya comprados por los bancos y por otros grupos especula­dores a menos del 50% de su valor. El anuncio de un rescate de estos bonos apuntó a provocar un aumento de la coti­zación, para beneficiar a estos grupos. En PO del 13/4 dijimos que “incluso si algún jubilado guardó los bocones, a lo sumo recibirá un 75 % del valor original que le entregaron. Si el jubila­do pierde así un 25 %, el banquero ganará ese porcentaje ya que los bo­cones en su poder los compró a 50. Es un negocio para los banqueros, no para los jubilados”.


Aunque en estos meses el gobierno reafirmó que rescataría los bocones en manos de los jubilados al 100 % de su valor, en Prensa Obrera sostuvimos que se trataba de un nuevo engaño.


El viernes pasado, el gobierno —por medio de un decreto—salió a confirmar a PO. Dicho decreto dice que “solo los jubilados de 85 artos en adelante —es decir nacidos antes del 31 de diciem­bre de 1907 inclusive— recibirán el pago total y en efectivo de su deuda, cualquiera sea su monto” (La Nación, 19-6). O sea que el rescate abarcaría a “unos 65.000 beneficiarios en esas condiciones” (La Nación, ídem). El so­brante de lo que el gobierno recaude luego se repartiría a razón de 1.560 pe­sos en forma decreciente de edad.


Pero el decreto “avanza» y propone que los bocones puedan ser cambiados por acciones de YPF “pero no a su valor nominal “sino en los siguientes términos (La Nación, 19/6/93):


al 68,23 los bocon 1° serie en pesos


al 79,09 los bocon 1° serie en dólares


al 55,13 los bocon 2° serie en pesos


al 67,25 los bocon 2° serie en dólares.


De este modo, el jubilado perdería entre un 21 y 45 % del valor original de la deuda, con el agravante de que no podrá vender las acciones de YPF por el térmi­no de 2 años. El chantaje cavallista es claro porque ofrece el anzuelo de una acción de YPF que podría ser vendida dentro de 24 meses, mientras los boco­nes se rescatan recién a partir de 1998. El ojo confiscador de Cavallo está puesto en realidad en otro lado. Que los jubilados se desprendan de los bocones en dólares, por acciones que se cotizan en pesos, y que al no poder ser vendidas de inmedia­to, van a ser pulverizadas por la devalua­ción. Además, al no poder disponer de las acciones durante dos años. Cavallo ex­cluye a los jubilados de la suba artificial de las acciones de YPF que está montan­do a partir del bajo precio al que ha sido puesta en venta. Nótese que la restric­ción que se establece contra los jubila­dos, en su calidad de acreedores del Estado, no fue impuesta contra los ban­queros acreedores, que pueden negociar los títulos de la deuda externa argentina “a piacere” en el mercado internacional.

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