El abogado Alejandro Freeland, a quien recordamos por su acalorada defensa de Juan Carlos Fernández –ex Secretario Adjunto de la Unión Ferroviaria, condenado junto a José Pedraza a 15 años de prisión por el asesinato de Mariano Ferreyra–, ha solicitado, en calidad de abogado "indignado", que la Justicia encuadre los hechos ocurridos el lunes pasado en Congreso como “alzamiento en armas”.

Según relata Clarín, Freeland considera que el “ataque de los manifestantes el lunes en la Plaza de los Dos Congresos contra los efectivos de la Policía de la Ciudad que garantizaban la seguridad de la sesión de la Cámara de Diputados para el tratamiento de la cuestionada reforma previsional” debe ser encuadrado en el supuesto de “una rebelión o un alzamiento en armas en base a un artículo del Código Penal que prevé una pena no excarcelable y de hasta quince años de prisión”.

La indignación de Freeland tiene un inconfundible tufillo a revancha y odio de clase.

En oportunidad de ejercer la defensa de la patota de Pedraza que mató a Mariano Ferreyra, Freeland argumentó que la patota de la Unión Ferroviaria tenía “derecho de defender las vías del ferrocarril de cortes”, incluso con armas, y por lo tanto se trató de una acción de “legítima defensa”. Según las palabras brutales de uno de los patoteros, que fueron recogidas por la película del Ojo Obrero, “vinimos a hacer lo que la policía no hace”. El “indignado” consideraba que su defendido podía organizar a un grupo de personas para atacar y hasta matar a los obreros que protestaban –entre ellos, trabajadores explotados por la propia burocracia a través de la cooperativa trucha “Unión del Mercosur”– porque el corte de vías lo imbuía de legitimidad para ello. En este punto, el tribunal oral que juzgó a Pedraza –si bien dictó un fallo limitado y contradictorio– hizo trizas el argumento de Freeland.

El doctor Freeland es especialista en forzar figuras penales. Sostenía que la muerte de Mariano fue un “homicidio en riña”, a pesar de la vasta prueba reunida de que se trató de una ataque artero contra personas indefensas. Ahora, quiere convertir una bomba de estruendo y una pedrada en un intento de sedición.

Pero más allá de sus ansias de revancha por haber mordido el polvo de la derrota con las condenas de Pedraza y Fernández, Freeland pretende arrimar argumentos seudo legales para la criminalización de las organizaciones políticas que estuvieron presentes junto a decenas de miles de personas en Plaza Congreso para repudiar el robo a los jubilados. Pretende encuadrar la movilización popular y cualquier resistencia a la represión como delitos contra el " el orden constitucional y a la vida democrática".

De ahí a que todo aquel que proteste sea considerado como “terrorista” hay sólo un matiz de distancia.