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El derrumbe parcial del edificio de Bartolomé Mitre 1232, en pleno centro porteño, ha dejado en evidencia el enorme riesgo que supone para la seguridad y la vida de los trabajadores y habitantes la voraz especulación inmobiliaria y los intereses de la industria de la construcción, amparada por el poder político.

La trama de una caída que podría haber resultado catastrófica no es novedosa: "(anomalías) durante una excavación en el predio de Bartolomé Mitre 1228 provocaron que cedieran los cimientos y rajaduras en el inmueble lindero, lo que ocasionó la caída del segundo cuerpo del edificio y un peligro de derrumbe inminente en el otro cuerpo" (La Nación, 8/11).

Sin embargo, la Agencia Gubernamental de Control del gobierno porteño tenía en sus manos todos los datos y planos de esa excavación. El gobierno era perfectamente consciente de lo que podía ocurrir, y hasta tergiversó información.

Las tareas de evacuación revelaron además una enorme negligencia e improvisación. A esto se suma la posibilidad de que un anciano de 74 años se encuentre bajo los escombros.

Afectado por el escándalo, Macri ha prometido que el gobierno de la Ciudad se quedará con la demanda contra la constructora, que puede llevar años, y a partir de una tasación del Banco Ciudad entregará el dinero a las familias afectadas para que compren otro departamento en la capital.

Un gobierno de las constructoras

El macrismo nunca reglamentó la ley 3562, dictada luego del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza que causó dos muertes en 2010. Esa ley obliga a la Agencia Gubernamental de Control del gobierno de la ciudad a inspeccionar "toda obra durante las etapas de demolición y excavación".

La falta de inspectores suficientes ante la cantidad de obras en curso en Buenos Aires y el compromiso con los intereses de las constructoras le dan vía libre a éstas para realizar obras en tiempo récord, ahorrando costos y acelerando el proceso para multiplicar construcciones. En la ciudad ya se han producido cerca de 20 derrumbes como resultado de excavaciones y demoliciones irresponsables, muchas de ellas con víctimas fatales. El desarrollo de las megaconstrucciones provoca una suerte de pequeños sismos en los vecindarios, además de afectar los servicios esenciales y la anatomía de los barrios (el desarrollo anárquico de la construcción no va acompañado, por ejemplo, del correspondiente desarrollo de los servicios de agua y luz).

La única manera de poner fin a esta situación que pone en riesgo la vida y la vivienda de la población, es que el desarrollo de la construcción se halle orientado por las necesidades sociales (y no por el apetito del capital financiero), que las obras guarden una armonía con el ambiente y respeten el espacio público, y que se proceda a un control de la seguridad de las construcciones por parte de trabajadores electos y organizaciones barriales.