Nadie que pase por Córdoba y Rodríguez Peña puede dejar de ver el amplio garage de varios pisos que se levanta en esa esquina, en una zona del centro porteño preferencial para el negocio. Quien decida utilizar sus servicios, seguramente le sorprenda ver en el ticket que pertenece al Arzobispado de Buenos Aires, que se encuentra exento del pago de IVA, Ingresos Brutos y Ganancias, como especifica el comprobante fiscal.

El caso de la “Playa Rodríguez Peña” del barrio de Recoleta es ejemplar en dos sentidos. En primer lugar, porque da cuenta de la verdadera medida del sostén que la Iglesia recibe por parte del Estado: el pago de los altos salarios de los obispos –que ha sido repudiado por la movilización popular y contrastado con las miserias abonadas a docentes y estatales– constituye apenas la punta del Iceberg de siderales beneficios estatales para el clero y sus cuantiosas propiedades, desde las exenciones generalizadas a las entregas y cesiones de predios. En la Ciudad de Buenos Aires, el Episcopado es el mayor propietario, con 360 inmuebles, muchos de ellas entregados por el Estado –como los 17 predios con un valor de 5,2 millones de dólares que los partidos tradicionales votaron entregarle en 2015–; todas ellas se hallan exentas de ABL, lo que representa una pérdida para el fisco de casi 200 millones de pesos anuales. Desde la dictadura en adelante el Estado paga la gran cuenta de luz de la Catedral. El monto total se desconoce, porque la Legislatura porteña ha rechazado informarlo.

A su turno, el asunto desmiente los argumentos de la Iglesia de que estos cuantiosos beneficios van a fines primariamente “asistenciales” (los que, cuando se despliegan en los barrios, son en función de contener la organización y la lucha popular). ¿Qué tipo de “ayuda humanitaria” o “espiritual” para los más carenciados puede ofrecer un estacionamiento privado? La Playa Rodríguez Peña es parte de un amplio entramado empresarial bancado con exenciones, desde las costosas clínicas privadas (famosas por su orgulloso bloqueo de los abortos no punibles) hasta predios donde funcionan estacionamientos, pasando por la vasta red de educación confesional en todos los niveles –solo la sede de UCA de Puerto Madero el clero se ahorra 8 millones de pesos anuales en ABL.

Este cuadro se extiende a todo el país. En Salta, una provincia asediada por la pobreza y la desnutrición infantil, la Iglesia posee 212 propiedades –contabilizando sólo las que pertenecen al ejido urbano, se calcula que valen 14 mil millones de pesos–, en su mayoría otorgadas por el Estado y en todos los casos exentas; allí se desenvuelven todo tipo de negocios, y hasta existen propiedades subvencionadas que son subalquiladas. Entre las por lo menos 150 propiedades del Arzobispado de Córdoba que no pagan impuestos se encuentran escuelas que alquilan canchas de fútbol, playas de estacionamiento y hasta galerías comerciales. Y así sigue la procesión.

Estos recursos son los que se ponen en juego en el desarrollo de campañas como la de “Salvemos las dos vidas”, que integró la conspiración de la Iglesia con el conjunto de los partidos del Estado contra la legalización del aborto. El poder político sostiene por múltiples vías a esta institución oscurantista, histórica aliada de las dictaduras y enemiga de los derechos más elementales de las mujeres y el conjunto de la población trabajadora. A más de 200 de la fundación del Estado nacional, la burguesía ha sido incapaz de garantizar el laicismo, y continúa echando mano de la Iglesia –y otras instituciones religiosas– como un arma de contención contra las luchas sociales.

A través de la bancada del Gabriel Solano, el Partido Obrero-Frente de Izquierda presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que establece el fin de las exenciones impositivas, de las cesiones (provisionales o a perpetuidad) de tierras e inmuebles y de los subsidios otorgados a las entidades religiosas, estableciéndose los pagos correspondientes. La iniciativa forma parte de una histórica lucha de los socialistas contra la opresión eclesiástica sobre la conciencia de las masas explotadas, un bloqueo en su lucha por la emancipación.

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