La norma votada, que se presentó como instrumento para combatir y recuperar bienes producto de la corrupción o el narcotráfico, no solamente es estéril en sus “objetivos”, sino que representa políticamente un encubrimiento al régimen de corrupción. Por empezar, se coloca en la cabeza del propio Estado el manejo arbitrario de esos “bienes recuperados”, la determinación de su uso y destino. ¿Es el Estado corrupto el que definirá un uso social de éstos y hará justicia? El régimen corrupto, que está en las entrañas de la propia organización capitalista y que tiene al Estado como su representante y garante, es incapaz de terminar con la corrupción, en definitiva terminará haciendo un doble fraude u ocultará sus estafas bajo el amparo estatal.

 

Una cuestión importante que se señaló en el dictamen de minoría presentado por el FIT es que a través de esta ley se refuerza la arbitrariedad del Estado. En su art. 3 plantea que serán sujetos de extinción de dominio toda persona física o jurídica que haya incurrido en una “actividad ilícita”, colocando una amplitud infinita de delitos, lo cual deja al Estado el poder para establecer un sinfín de arbitrariedades contra el pueblo y sectores opositores al régimen. A esto se le agrega que abarca casos con o sin sentencia penal, estableciendo un adelanto de punición que sienta un peligroso precedente. Se incluyen delitos comprendidos en  la ley antiterrorista, así como también de asociación ilícita contemplada en los art. 210 y 210 bis, dos tipos penales que han sido utilizados como herramientas de persecución política contra el movimiento popular. “La asociación ilícita históricamente nació como una figura de persecución a las organizaciones populares”, dijo Pitrola en la Cámara y agregó “Es de un peligro enorme para el movimiento popular que justamente es el que lucha sistemáticamente contra los delitos de corrupción, la trata, etc.”. El dictamen del FIT denuncia  que en su art. 14 habilita la intervención de las FFAA, prohibida por ley, reforzando aún más su protagonismo en cuestiones internas, en una continuidad de la orientación Milani. “Hay un refuerzo de la arbitrariedad del Estado, y esto es una tendencia internacional. Por eso algunos diputados usaron de ejemplo a México y Colombia. En México acaban de masacrar a docentes, y antes hicieron lo mismo con cuarenta y tres estudiantes. Son Estados ‘democráticos’ militarizados. Rechazamos ese curso”, manifestó Pitrola.

 

El dictamen presentado por el FIT desarrolla un programa que apunta al desmantelamiento de un Estado corrupto y conspirativo. Plantea la eliminación del secreto bancario y comercial, la apertura de los libros contables de todas las empresas, bajo control obrero, la reestatización de los puertos, la nacionalización del juego, de la banca y el comercio exterior. La expropiación de empresas y bienes incautados por delitos de corrupción, sin indemnización alguna, con garantía estatal de continuidad laboral de sus trabajadores y su puesta en funcionamiento bajo gestión obrera.