1. La detención de funcionarios del gobierno anterior y el pedido de desafuero de la ex presidenta es la judicialización de un acto netamente político, que fue refrendado por el Congreso. Que un juez se arrogue el derecho de considerar a una ley del Congreso como un acto delictivo es un hecho inadmisible, que apunta a la creación de un verdadero estado de excepción. La orientación social y política de ese régimen excepcional es clara: en el plano interno, hacer pasar el ajuste contra trabajadores y jubilados. En la política internacional, actuar como peón de los intereses de Trump y del Estado de Israel.

2. Cuando fue tratado por el Congreso, el Partido Obrero denunció al memorándum con Irán como otro paso en la política de encubrimiento respecto del caso de la Amia. En nombre de este acuerdo, el Estado argentino volvía a eludir la investigación de la llamada ‘conexión local’, donde aparecían entrelazados elementos del aparato represivo del Estado e incluso personeros locales del Estado de Israel. Mientras tanto, los archivos de la ex Side referidos al atentado a la Amia continúan siendo un secreto celosamente guardado y vedado para todos los que exigen el esclarecimiento de este episodio.

Al propugnar el memorándum, el kirchnerismo no hizo sino acompañar los vaivenes de la política imperialista en relación con la cuestión de Medio Oriente. El kirchnerismo nunca dejó de condenar a Irán por el atentado -incluso impulsó una ley antiterrorista a pedido de los yanquis, citando como antecedente y excusa al atentado a la Amia. Al suscribir el memorándum, el kirchnerismo no dejó de sostener la acusación contra Irán. Como lo reconoció la ex presidenta, el propio Obama se interesó en el acuerdo, ya que constituía una suerte de globo de ensayo en la incipiente política de acuerdos entre el Departamento de Estado y el régimen iraní. El kirchnerismo, por lo tanto, se movió como un peón de la administración demócrata, o al menos creyó contar con su aval. Por los mismos motivos, el memorándum fue aprobado en el Congreso, pero no logró el aval del parlamento iraní, probablemente porque no levantaba las órdenes de captura (alertas rojas) contra los funcionarios iraníes imputados.

3. Ahora, el Estado argentino -con Macri a la cabeza- vuelve a acompañar un viraje del imperialismo, en este caso, la reanudación de una línea belicista de Trump con Irán, en completa sintonía con el Estado de Israel. Precisamente, el fallo de Bonadío es casi simultáneo a la decisión de Trump de proclamar a Jerusalén como capital de Israel, en abierto choque con la causa palestina y satisfaciendo las exigencias de Nentanyahu. El gobierno y la Justicia argentina, en este caso, vuelven a actuar como un peón del Departamento de Estado y, más grave aún, a avalar la política belicista del imperialismo, que cobra nuevos bríos en Medio Oriente, como lo prueban las provocaciones a Irán, la guerra civil en Yemen y la crisis política en Arabia Saudita.

4. El gobierno de Macri carece de toda autoridad para presentarse como defensor del esclarecimiento del atentado a la Amia. Recordemos que siendo jefe de Gobierno porteño, el actual Presidente nominó como jefe de la Policía Metropolitana al “Fino” Palacios, haciendo caso omiso a la acusación en su contra por encubrimiento del atentado a la Amia. Esta política de encubrimiento alcanzó a la Justicia Federal en general y a Bonadío en particular, que fue apartado en el pasado de la causa Amia por ser cómplice del encubrimiento del atentado.

5. Pero la decisión del juez Bonadío se proyecta más allá de la causa Amia: en la medida que judicializa una decisión política, convierte al Congreso en un cascarón vacío y sienta los principios de un estado de excepción, donde cualquier acción de carácter político puede quedar al arbitrio de fallos e incluso detenciones sumarias. Lo mismo vale para el pedido de desafuero a la ex presidenta, que la Justicia pedirá que el Senado apruebe en forma expresa y sin debate.

6. La judicialización política, por parte de un Poder Judicial corrompido y alineado con el imperialismo, debe ser denunciada como un avasallamiento a la democracia y a la autonomía nacional. Argentina debe mirarse en el espejo de Brasil, donde la Justicia ha tomado en sus manos buena parte de las decisiones más trascendentales del país sin pasar por ninguna elección popular.

Rechazamos las detenciones y desafueros; denunciamos este nuevo sometimiento del régimen argentino a los designios del imperialismo y de la guerra, y reclamamos la apertura de todos los archivos de la ex Side sobre la causa Amia.

 

7 de diciembre de 2017