Todo el proceso comicial estuvo viciado por la arbitrariedad a favor de los grandes aparatos y, en particular, del Frente Fundacional. El día del comicio, las boletas del PO no existían en numerosas zonas del interior; en otras fueron enviadas equivocadamente (las de una sección por otra). En los lugares donde sí estaban las boletas y había fiscales, era casi imposible fiscalizar, porque quedaba librado al arbitrio de los presidentes de mesa, quienes en algunos casos determinaban que sólo se podía entrar al cuarto oscuro cada 2 horas. A último momento, la Junta Electoral determinó que una parte de los fiscales de los sublemas iban a ser partícipe del escrutinio, y que a éstos los iban a elegir los presidentes de mesa, violando el código electoral que determinaba que los fiscales de los lemas participaban sí o sí del escrutinio. Esta situación determinó que en numerosas escuelas a los fiscales del PO, los de mesa y casi todos los fiscales generales, se los sacara de las escuelas, en algunos casos con la gendarmería, impidiéndoles las fiscalización de los comicios. Cuando se quería sentar una protesta, los veedores se negaban a tomarla. En los lugares donde logramos que los fiscales pudieran fiscalizar el escrutinio los presidentes de mesa se negaban a sellar los resultados, aduciendo ordenes de la Junta Electoral; en otros casos se negaban incluso a firmar el certificado de escrutinio. Se llegó al extremo de algunas escuelas en las que los votos escrutados a favor de la izquierda desaparecieron en procesos de recuento habilitados por los propios presidentes de mesa con la presencia de gente extraña a los fiscales.

Apenas terminados los comicios, el PO denunció en los medios todos estos hechos, que incluso fueron tomado por el diario El Siglo. El Frente Anticorrupción pidió la nulidad de los comicios y ahora es Jerez quien cuestiona los resultados. El Partido Obrero va a realizar en la Junta estas denuncias y va a recurrir a la Justicia pidiendo la nulidad de los comicios. El PO estuvo a la cabeza en la lucha contra la Ley de Lemas y ha iniciado juicio a la provincia pidiendo su nulidad. La lucha contra el fraude es parte de la lucha para acabar con el régimen político hambreador y así imponer una salida realmente democrática que debe surgir de una Asamblea Popular Constituyente.