Aestas horas, piquetes en Camino de Cintura, San Miguel, Burzaco, Puente Alsina, Autopista La Plata y en varios puntos de la Capital, concentran una marea humana contra los cortes de luz. "Este invierno es como si fuera verano: las interrupciones pueden durar desde un par de horas hasta un par de días" (Clarín, 24/6), según un integrante de la Asamblea de Vecinos por la Luz. A fines de 2013, la ciudad y buena parte del conurbano se transformaron en un gigantesco piquete por el estallido de la crisis eléctrica (ver PO Nº 1.299). 

 

 

Parasitismo

 

El gobierno nacional, por boca del jefe de gabinete Aníbal Fernández, responsabilizó a las distribuidoras eléctricas, pero omitió la propia responsabilidad de los K en el desquicio energético. Las distribuidoras han parasitado de un mecanismo de subsidios, sin desembolsar dinero en inversiones y bajo la mirada cómplice del Estado. En su lugar, usan esos subsidios y también la recaudación para saldar deudas, así como para la compra de distribuidoras del interior con el fin de concentrar el negocio. A esto se añaden denuncias contra las distribuidoras de gas por maniobras contables para fugar dinero al exterior. En resumen, un vaciamiento premeditado. "Las distribuidoras eléctricas de todo el país aumentaron en los últimos meses de manera exponencial sus deudas con el Estado, que alcanzaron la cifra récord de 8.000 millones de pesos. La deuda de las empresas con el Estado se multiplicó 21 veces en dos años" (PO Nº 1.308). Como elemento adicional está la especulación inmobiliaria, para ahorrar costos durante el último boom se construyeron edificios sin instalaciones de gas y que dependen exclusivamente de la electricidad.

 

 

Nuestro planteo

 

En oportunidad de la última crisis eléctrica, el Frente de Izquierda presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para declarar la emergencia eléctrica. A diferencia de los partidos capitalistas, que extorsionan a la población bajo el falso argumento de que sólo un tarifazo puede traer las inversiones que resuelvan el problema, el proyecto de Marcelo Ramal establecía un comité de emergencia con todos los bloques legislativos y representantes electos de los trabajadores y usuarios; la formación de cuadrillas o brigadas de trabajadores para intervenir en la emergencia; la provisión masiva de generadores para edificios y complejos habitacionales, a cargo del Estado. Y para financiar este planteo, un impuesto extraordinario a las salas de juego. 

Los fundamentos del proyecto de Ramal concluían: "el Frente de Izquierda impulsa la nacionalización integral de la industria energética, desde la extracción de petróleo y gas hasta la energía eléctrica, bajo la gestión de sus trabajadores. Esa nacionalización permitirá una reapropiación social de la renta gasífero-petrolera, como palanca del consumo popular y de un desarrollo industrial que, a su turno, también deberá ser colocado bajo control obrero" (PO Nº 1.299).