La conferencia de prensa que protagonizaron este mediodía el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti y el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, sorprendió por lo acotado de los anuncios: el gobierno nacional no toma ninguna medida y traslada la facultad a las provincias y jurisdicciones locales, sobre la base de algunos “indicadores de riesgo” sugeridos. Además de una parálisis ante una crisis en ascenso, queda en claro la desidia respecto a la salud y la vida de la población del país.

Lo que todos daban por entendido que sería el anuncio del toque de queda nocturno, como resultado de la orientación del gobierno y los medios de comunicación de estigmatizar a la juventud y las supuestas “fiestas clandestinas”, no tuvo lugar.

La (no) medida del gobierno es el resultado, primero, de la negativa oficial a siquiera pensar un esquema de aislamiento más profundos que afecte a los capitalistas e insuma un nuevo costo económico para el Estado y, segundo, del rechazo de las patronales y varios gobernadores a adoptar restricciones que afecten la temporada de verano y los negocios privados.

Mientras jurisdicciones como Chaco, La Pampa y Santiago del Estero ya tomaron algunas acciones para disminuir la circulación en sus provincias, otras como CABA, Córdoba y distintos distritos costeros, Mar del Plata entre ellos, se oponen a tomar cualquier medida restrictiva.

¿Y la circulación del virus?

De lo que ni unos y otros hablan, menos aún desde el gobierno, es de la incidencia del funcionamiento pleno de la actividad económica, esencial y no esencial, en la circulación y propagación del virus.

Recordemos que incluso en el clímax de las medidas contra la pandemia, el gobierno nacional aplicó una interpretación flexible para las patronales, mientras practicó un endurecimiento policial contra la población trabajadora.

Cafiero no se privó de mencionar que desde el gobierno esperan retomar las clases presenciales en el mes de marzo, lo cual parece una previsión temeraria, en un momento donde los casos no hacen más que subir y cuando no se ha ofrecido ninguna garantía para un retorno a la presencialidad.

No se ha mencionado nada sobre la continuidad de alguna política o programa de detección de contagios, como en su momento lo fue el plan Detectar. Ni se hizo mención alguna a políticas respecto a la circulación en el transporte público y a la asistencia a los puestos de trabajo, principalmente en los cordones y concentraciones industriales.

Tampoco se ha dicho nada sobre el estado del sistema sanitario, obviando que en los picos de la primera ola algunas jurisdicciones provinciales llegaron a la saturación de las Unidades de Terapia Intensiva. En este plano, solo se ha mencionado la llegada de la vacuna, aunque esta se dé a pasos de tortuga y no represente una salida inmediata al problema actual. Mientras no han explicado nada de por qué no se han cumplido los plazos y compromisos anunciados para la llegada de millones de vacunas.

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Ninguna medida

Entre una ola y la otra, el gobierno desmanteló los programas, escasos, de asistencia, como el IFE, e incluso el subsidio a las patronales (ATP). Ahora se apresta a eliminar Precios Máximos y ha dado rienda libre a la inflación, liberando tarifas y autorizando aumentos en los combustibles. En la conferencia de prensa no se anunció ninguna medida de asistencia para que las familias obreras, en un país con más de 20 millones de pobres, puedan hacer frente al costo de los cuidados sanitarios y a los recaudos necesarios para no contagiarse.

El gobierno trata, con esta decisión, de desligarse del rechazo que implicaría una medida de mayores restricciones, trasladando la factura a los gobernadores, aunque con final cantado: está claro que la curva de contagiosa seguirá creciendo sobre la base de la “adaptación” de los gobernadores a las demandas de sus respectivas patronales. En el medio muestra su parálisis respecto a la situación.

La lavada de manos del gobierno solo lleva a una propagación mayor del virus. Incluso las restricciones de las que tanto se habló no hubieran llegado a ningún lado. Está claro que la situación demanda un giro de 180 grados, volviendo solo a autorizar las actividades esenciales, con estricto cumplimiento de protocolos sanitarios, elaborados y bajo control de los trabajadores, y con la centralización del todo el sistema sanitario bajo el comando de profesionales, especialistas y trabajadores. Esto debe ser acompañado con un ingreso mensual de $30.000 para todos los trabajadores, ocupados y desocupados, afectados.

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