07/03/2002 | 744

Un gobierno sin remedio

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires acaba de calificar como «afligente y terminal» la situación de hospitales y clínicas bonaerenses, como resultado de la falta de insumos (Crónica, 28/2). Esta situación ha llevado «a restringir las cirugías programadas y dejar solamente las de urgencia» (ídem). La penuria por falta de medicamentos y otros insumos se ha agravado, en medio de la completa impotencia del gobierno. Mientras tanto, una investigación del Senado bonaerense involucra a la industria de medicamentos en el «delito de fraude»; dice que el «desabastecimiento de productos (fue) utilizado para presionar al gobierno y conseguir un aumento de precios» (Página/12, 28/2). El caso más flagrante «fue el desabastecimiento de insulina» (ídem).


 


Genéricos y donaciones


El gobierno de Duhalde anunció que enfrentaría esta crisis intensificando la producción de medicamentos genéricos, por un lado, y estableciendo, por el otro, un «acuerdo sectorial» con los monopolios farmacéuticos. Ambas salidas están empantanadas. En relación a la producción de genéricos, ha salido a la luz el completo desquicio de los laboratorios públicos, municipales o universitarios, donde se pretende avanzar con esta producción. Un informe de la Administración Nacional de Medicamentos revela que estos laboratorios «necesitan abordar un plan de acción a corto y mediano plazo para cumplir con requisitos mínimos e imprescindibles», esto para asegurar la bioequivalencia entre el genérico y el medicamento de marca. Pero, adicionalmente, no existe indicio alguno de que el gobierno pretenda avanzar en esas acciones para reequipar a los laboratorios y producir los genéricos necesarios. El ministro de Salud, González García, se encuentra negociando con el BID y el Banco Mundial un préstamo de 250 millones de dólares para la compra de medicamentos y vacunas «de producción nacional y otros importados» (no para financiar la producción del Estado). Con seguridad, los organismos financieros exigirán una política «condescendiente» hacia los laboratorios *y sus reajustes de precios* como condición para prestar el dinero. Las «donaciones» son un recurso ampliamente utilizado por la industria farmacéutica mundial siempre que una catástrofe sanitaria puede obligar a una intervención excepcional del Estado y poner en peligro su monopolio legal sobre las especialidades medicinales. (Es esto lo que están haciendo en Africa, con la condición de que los estados flagelados por el virus del HIV no produzcan antirretrovirales «genéricos» o los importen desde la India o Brasil.)


El gobierno tampoco ha avanzado en la confección de la llamada «canasta de medicamentos», un conjunto de 50 drogas básicas supuestamente capaces de «satisfacer las necesidades médicas de la población», que serían ofrecidas por los laboratorios a sus precios de diciembre. Un comentario formulado por el presidente de Cilfa, la cámara que agrupa a los monopolios farmacéuticos locales, da cuenta del «valor terapéutico» de esta canasta: «el Ministerio debe decidir ahora qué principios activos tendrán esas pociones. Por ejemplo, si hablamos de antibióticos, cuál antibiótico» (La Nación, 27/2). Es decir que la canasta básica contendrá… un antibiótico, cuando hoy la ciencia ha elaborado un amplio abanico de éstos, con indicaciones médicas precisas según el tipo de infección que se pretende combatir. La «canasta» otorgará una cobertura sanitaria «aproximada» (basura) a precios «controlados». Pero servirá de pantalla para permitirle a los laboratorios aplicar aumentos «de mercado» a las otras miles de especialidades medicinales


 


Recetas médicas y monopolios


El gobierno ha anunciado también la intención de fomentar la competencia entre «especialidades» y genéricos», por medio de una habilitación «a los médicos a prescribir drogas básicas por su nombre genérico en vez del comercial y a los farmacéuticos a sustituir una marca recetada por otra más barata» (La Nación, 27/2). La Nación ha visto en este anuncio una amenaza a «la libertad del profesional médico en la redacción de recetas» y en el mismo sentido se han pronunciado las patronales farmacéuticas. Pero el anuncio es vacío porque los médicos, y las droguerías y farmacias, cuentan ya, en abstracto, con esa libertad, mientras en concreto los laboratorios gozan plenamente de la libertad para coaccionar, a través de presiones económicas, a los profesionales de la salud para que receten sus «marcas» a expensas de otras.


Una parte importante de los recursos de los monopolios internacionales de la «salud» se destina a esta labor de corrupción. Ni siquiera el líder mundial en medicamentos genéricos, China, ha podido escapar a esta tendencia. Un profesor de Bioética de la Academia de Ciencias Sociales de ese país, destaca que «los laboratorios internacionales pagan los estudios de los médicos en el exterior y les dan pasajes de avión y hoteles para que asistan a conferencias». En consecuencia, y «aunque nosotros (en China) producimos medicamentos tan eficaces como los que vienen de afuera, los médicos dejaron de recetarlos» (Diplo, 25/2/01). La pretensión de sortear esta extorsión económica de los laboratorios sobre los médicos, habilitando «al farmacéutico» a recetar la droga básica, es también una impostura, ya que el farmacéutico independiente ha sido barrido por las grandes cadenas de droguerías y farmacias, las que se encuentran unidas, empresarial y comercialmente, a los monopolios proveedores.


Los funcionarios duhaldistas ocultan, sin embargo, que las leyes que se pretenden adoptar ya existen. Es decir, que no han servido. El decreto 908/91 (desregulación de medicamentos) establece «la obligatoriedad de uso de los nombres genéricos en todas las prescripciones de profesionales» y habilita en el mismo sentido a los farmacéuticos; claro que el profesional «podrá agregar al nombre genérico el de uno o más laboratorios o marcas comerciales (cuando) considere que existan motivos fundados para que se utilicen productos de marca».


El acceso popular a los medicamentos, en la cantidad y calidad requeridas por la población, es incompatible con los monopolios de la salud y sus gobiernos. El Partido Obrero plantea: abrir los libros de los monopolios farmacéuticos, incautar las existencias de medicamentos retenidos para especular; retrotraer los precios al 1° de diciembre. Integrar a la gran industria farmacéutica y a las cadenas de droguerías y farmacias a un sistema único de salud bajo la gestión obrera mayoritaria, y reorganizarlos en un plan único bajo control de las organizaciones obreras, de pacientes y las asambleas populares.

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