Una crisis de régimen

Aunque la consigna que presidió el levantamiento fue la de “Fuera De la Rúa-Cavallo”, el sentimiento general del pueblo era de una sublevación contra el régimen político en su conjunto. Las jornadas revolucionarias habían sido precedidas de enormes luchas en Neuquen y en Córdoba, contra sus gobernadores, Sobisch y De la Sota. Las movilizaciones en La Plata, contra Ruckauf, crecían de día en día, y adquirían mayor profundidad, como lo demostró la ocupación del Banco Provincia por parte de los docentes y otros sectores estatales, con la solidaridad de los bancarios. En el mentidero político se corría la voz de que el principal interés que podía animar a Ruckauf a reemplazar a De la Rúa era zafar de la crisis política de su provincia. En la crisis ocupa un lugar destacado todo el poder judicial, pues una de las principales aspiraciones populares es acabar con esta Corte Suprema y con las sentencias de impunidad. El lugar más especial lo ocupan las fuerzas de represión, que fueron la vanguardia de la guerra contra la rebelión popular que acabó con De la Rúa-Cavallo. La crisis del régimen político es completa.

Desde los medios de comunicación se intentaba, naturalmente, desviar la ira popular, que apuntaba al poder político, a una cruzada contra los “políticos” y contra “la política”, que es algo completamente distinto. Algunos francotiradores de la izquierda acompañaban este operativo y, en un copia deslucida del zapatismo, le decían al pueblo que el objetivo no debe ser la toma del poder.

Fracaso del parlamentarismo

Toda la historia de luchas de la última década, que actuó como escuela preparatoria de la sublevación popular, no fue suficiente, sin embargo, para que los explotados lucharan por una alternativa de poder. La comprensión de esta necesidad será ahora el resultado de las próximas luchas políticas. En estas condiciones, el poder pasó a manos de la asamblea legislativa, que trató de sacárselo de encima lo más rápido posible. Una gran parte de la asamblea, incluido el menemismo, pretendía hacer valer las normas constitucionales que establecen el nombramiento de un gobierno por el Congreso hasta el 2003. Es decir que no quería saber nada de ejercer una función de gobierno y de renunciar a cualquier responsabilidad política por dos años. Tampoco la izquierda parlamentaria, desde los sindicalistas de la CTA hasta Walsh y Zamora, plantearon una alternativa al régimen político en descomposición. La cuestión de que el mandato cercenado a De la Rúa pasara por una elección popular, sólo se abrió camino cuando quedó al desnudo la conocida incapacidad del peronismo para indicar un candidato común a todas sus facciones. La crisis para nombrar al presidente que complete el mandato, provocó la renuncia de Puerta y reabrió la perspectiva de una crisis política acompañada de un nuevo impulso del movimiento popular. El peronismo tuvo que violar las normas constitucionales para superar esta peligrosa crisis; o sea formar un gobierno por dos meses y convocar a elecciones mediante el recurso a la ley de lemas. Cuando la situación le exigía cerrar la brecha abierta por la sublevación popular, el peronismo decidió por el contrario trasladar todas sus divisiones e internas a una elección popular.

Colgado de un pincel

Como consecuencia de todo esto, tenemos un gobierno suspendido en el aire, formado por una camarilla y que actúa como tal. No es un gobierno parlamentario aunque fue designado por el Congreso, porque éste le reconoció las atribuciones desmedidas que la Constitución le otorga al Ejecutivo en Argentina. No es, sin embargo, un gobierno realmente ejecutivo por la simple razón de que carece de mandato; tampoco lo eligió la ciudadanía y apenas obtuvo la diferencia mínima de votos en la asamblea legislativa.

Con las elecciones convocadas para el 3 de marzo, se ha creado un interinato gubernamental en un período político revolucionario. Los afanes del nuevo gobierno apuntan a disolver por medio de concesiones el ánimo soliviantado de las masas. No puede hacerlo con medidas de fondo, porque naturalmente es incapaz de tomarlas y porque la disolución económica que llevó a la caída de De la Rúa, se ha acentuado por mil en la semana posterior. Las concesiones sociales son más de forma que de contenido y es claro que apuntan a generar la mayor confusión posible en el pueblo y a facilitar la colaboración con el gobierno de gran parte de la burocracia sindical. Rodríguez Saá no solamente la ha conseguido con Daer y Moyano sino también con De Gennaro-D’Elia.

Rodríguez Saá se ha empeñado en proyectar la imagen de un gobierno peronista “de antes” y hay algunos peronistas que creen volver al 45. Pero la mayor parte de las medidas “nacionales y populares” que el tiempo le alcanzó para anunciar, son ficticias y muy peligrosas para los trabajadores.

La fase final del plan Cavallo

No hay ni suspensión, ni moratoria, ni default con la deuda externa, desde el momento que el gobierno excluye de ella al llamado tramo local, del orden de los 40-60 mil millones de dólares, que fuera canjeado por Cavallo por préstamos garantizados. Es decir que sigue con la política anterior de privilegiar a los banqueros con inversiones locales. Si desconociera esta deuda “local” y el peso sufriera una devaluación, se calcula que bancos como el Río o el Francés, de propiedad de la Bolsa de Madrid, verían desaparecer el 120% de su patrimonio de capital. El Galicia saldría del mapa. Sería el colapso declarado del sistema financiero. El gobierno de Rodríguez Saá protege, al igual que Cavallo, a este sector de la banca internacional. Por la misma razón ha declarado que se opone a la devaluación y a la dolarización. Siempre lo mismo.

Defensor de los banqueros

Pero el gobierno de Rodríguez Saá también protege con especial interés, la renegociación que hiciera Cavallo de la deuda en bonos de los gobiernos provinciales, que no entrarán por lo tanto ni en default ni en moratoria. Tampoco pretende repudiar o suspender los préstamos bancarios directos a las provincias; la suma de unos y otros alcanza a los 25.000 millones de dólares. Los titulares de estos créditos a las provincias son bancos como el Río, Galicia y Macro. A través de estos bancos los gobernadores han perpetrado sus principales negociados. Los del Frente Federal Solidario, que apoyan a Rodríguez Saá, tienen especiales relaciones con el Macro, que se quedó con los bancos provinciales de Corrientes (Romero Feris), Misiones (Puerta), Salta (Romero). En medio de la gigantesca crisis actual, el Macro ha visto oportuno comprarle el Bansud al Citibank, lo que refuerza una relación ampliamente denunciada en las cajas del Senado de los Estados Unidos acerca del lavado de dinero.

Es claro que Rodríguez Saá no podrá defender la deuda de la banca extranjera y nacional locales al ciento por ciento y con intereses del 7%, y reclamar a los instalados en el exterior una quita del 50 o 60% e intereses del 2%. Lo que procura es ganar tiempo y forzar a la banca exterior a una negociación que Cavallo no había conseguido.

La crisis mundial

De cualquier manera, la quiebra del sistema bancario local sigue planteada, ahora incluso más que antes, porque el Tesoro norteamericano no acepta negociar nuevos préstamos hasta que Argentina no establezca una quita sustancial a la deuda externa, precisamente con el propósito de quebrar a sus rivales europeos. Pero tanto el Tesoro yanqui como la banca europea deberán lidiar de aquí en más con las consecuencias internacionales de la crisis argentina, que no serán sólo financieras. En Argentina hizo eclosión una lucha de clases que combina los rasgos modernos de los países avanzados con los reclamos nacionales y reivindicaciones tan elementales como el derecho a comer. Por el lado político, nuestros camaradas en el exterior nos hablan de la “impresión” que causa la revolución argentina en sus pueblos; por el lado financiero, la desvalorización de los títulos argentinos en manos de la banca japonesa, está acentuando una devaluación del yen, alentada también por el Tesoro norteamericano, que podría incendiar Asia.

Más que una crisis financiera

Pero la bancarrota financiera local se conjuga con la de las privatizadas, que también dependen de los accionistas madrileños. Con una deuda de 15.000 millones de dólares, como consecuencia de la compra de YPF, Repsol encabeza los candidatos a perder la cabeza; en la misma situación se encuentran las empresas españolas de servicios y hasta la “flamante” Aerolíneas Argentinas. Esto explica las agitadas gestiones de Rubén Cortina, el mandamás de Repsol, y los viajes de Felipe Gonzalez y del canciller español, Pique. Al mismo tiempo, numerosas “locales” como Exxel, Macri, Alpargatas, Pescarmona, Gattic, Acindar, Irsa, se encuentran en “cesación de pagos”. Rodríguez Saá quiere a la deuda privada en la “moratoria” de la deuda pública “exterior” o en una quita. Pero esto sólo será posible haciendo lo mismo con la banca “local”, lo cual llevaría a la misma quiebra por otra vía.

La política que ha puesto en marcha la administración interina, apunta a ganar tiempo para declarar el default y para devaluar en otras condiciones políticas. A esto responde la emisión del Argentino, que coexistirá con el peso mientras se devalúa, pero que acabará sustituyéndolo como moneda nacional previamente devaluada. Mientras tanto, los depósitos en los bancos seguirán en “el corralito” y sólo serán disponibles a cambios de Argentinos. ¿Qué es esto sino la etapa final del plan Cavallo, para dilatar en el tiempo la declaración de quiebra y la devaluación, para evitar la conmoción social? Rodríguez Saá emprende con más entusiasmo todavía la política que acabó con Cavallo y De la Rúa.

Bicicletear sin descanso

En este cuadro, resulta inteligible el planteo de “crear un millón de puestos de trabajo”, porque no es otra cosa que “planes trabajar” a gran escala sin ningún compromiso de mantenerlos en el tiempo, para permitir la emisión de Argentinos y proceder a la sustitución del peso por una moneda inconvertible.

De Mendiguren, de la UIA, ya adelantó su interés de contratar “trabajo subsidiado”, es decir trabajadores a 160 pesos, si se ponen aranceles a la importación. De la Sota prometió ampliar el número de los planes “para jóvenes”, hasta ahora de cien pesos, que permiten a los patrones explotar fuerza de trabajo gratuita. En el marco de una política ya abiertamente devaluacionista, el presidente provisorio ofrece llevar el salario mínimo a 450 pesos, que pagará con Argentinos, cuyo poder adquisitivo real acabará rondando los 200 pesos que rigen desde 1991.En la misma línea estudia eliminar el descuento del 13% a los jubilados y empleados públicos. La consigna del nuevo gobierno es dar la impresión de movimiento constante para poder quedarse en el mismo lugar y evitar la caída. Pero la vertiginosidad del ajetreo, es inversamente proporcional al realismo y a las posibilidades de solución de las medidas que se toman.

Fingen amor pero es espanto

La burguesía en su conjunto está más dividida que nunca, e incluso más desorientada. Las improvisaciones de Rodríguez Saá no consiguen recomponer las relaciones económicas, de modo que el comercio interno y el internacional se encuentran paralizados. ¡Los exportadores quieren saber si se les va a devolver el IVA en dólares o Argentinos! Desde las cancillerías europeas se exige a Bush que el gobierno norteamericano fije una salida. El pirómano FMI es reclamado de nuevo como bombero. La crisis económica y el derrumbe capitalista siguen siendo la fuerza motriz fundamental de la crisis política y la incubadora de una nueva rebelión popular.

Es necesario que la vanguardia de la clase obrera y los piqueteros tomen conciencia de las limitaciones insalvables del gobierno interino y de todo el proceso político transicional armado en las trastiendas del Congreso. Sólo a partir de esta constatación cobran fuerza las reivindicaciones del repudio a la deuda externa, la nacionalización de la banca y el control obrero. La crisis revolucionaria ha desnudado el equívoco potencia del reclamo del no pago de la deuda, porque ahora está claro que este enfoque puramente práctico del asunto puede ser jugado a favor de la demagogia de la burguesía nacional y hasta de la fracción “local” del imperialismo.

El levantamiento popular y la crisis revolucionaria han agotado, asimismo, la posibilidad de una Constituyente arrancada por la presión popular, que pueda servir para un progreso de la acumulación de fuerzas, incluso revolucionaria, de la clase obrera. Por eso es más importante que nunca que los trabajadores se doten de sus propios instrumentos de organización de masas y de poder, para desde ahí dictar la salida política de una Constituyente auténtica y soberana y de un gobierno de trabajadores. La maduración de la crisis política se percibe en el coqueteo de fracciones crecientes de la pequeña burguesía con la consigna de la Constituyente, por ejemplo de parte de Carrió y del partido comunista. La necesidad de que los piqueteros encabecen la organización de Asambleas Populares está dictada por la situación misma, ya que el Estado es incapaz de organizar la alimentación y la atención de salud y educación del pueblo, y toda su política conduce a la desorganización económica.

¿Elecciones?

Las elecciones convocadas para el 3 de marzo, pertenecen al arsenal de las medidas para salvar al régimen político. Gobernadores, intendentes, legislaturas, jueces, jefes de policía, burocracia * ninguno de estos se somete al veredicto popular. Denunciamos que no quieren llamar a elecciones generales. Para llegar a la convocada para marzo, los políticos patronales deberán recorrer, sin embargo, un desfiladero de acechos. La burguesía se ha visto obligada a aceptar un período de dos meses de cuasi vacío de poder. La alternativa de un golpe de una parte de la cúpula peronista y el Congreso para consagrar un presidente hasta el 2003, sin elecciones, no solamente es probable sino que tiene venia constitucional. Denunciamos que ya se encuentra en marcha el intento de abortar el aborto electoral pergeñado para marzo del 2002

En el período de tiempo entre las elecciones últimas y el levantamiento popular, la izquierda discutió iniciativas comunes de acción, pero en ningún momento pudo ponerse de acuerdo en una estrategia política. La convocatoria para marzo ha suscitado en ella una nueva onda de electoralismo; el llamamiento firmado por el PO con IU, el Fos y la Lsr, el sábado 22, para desarrollar Asambleas Populares, ha sido dejado de lado desde el mismo momento que fue leído. Una eventual lucha electoral debe estar hoy imprescindiblemente ligada a una estrategia para llevar a la victoria final el rumbo iniciado por la rebelión popular. Reclamamos al conjunto de las organizaciones de izquierda a organizar una Asamblea política con las organizaciones piqueteras y de lucha para establecer una estrategia que lleve a la victoria a la revolución que acaba de comenzar.

La consigna de la hora es: Abajo el continuismo político de los banqueros y capitalistas quebrados. Asambleas Populares. Fuera los personeros del régimen odiado, por una Asamblea Constituyente soberana en la nación, provincias y municipios.