Los titulares de los diarios no se equivocaron al calificar al decreto de Emergencia Sanitaria de Ginés García y Duhalde como “un plan para bajar los costos de la salud”, más precisamente a costa de los pacientes, porque lo que plantea el decreto es “reformular el Programa Médico Obligatorio (PMO), limitando las exigencias que hoy se les imponen a los agentes de salud” (La Nación, 14/3). El decreto ni siquiera establece los alcances de esa reducción, ya que faculta al Ministerio de Salud a definir cuales “prestaciones básicas esenciales” serían cubiertas. Un vocero de una obra social sindical señaló que “ahora, las operaciones programadas tardarán cuatro o cinco meses y habrá otras no imprescindibles que directamente no haremos” (El Cronista, 13/3). Las restricciones alcanzan también a los discapacitados, dado que se “redefinen” las prestaciones que éstos tenían garantizadas por la ley 24901 de discapacidad. El decreto es, así, un verdadero golpe de Estado sobre la salud, en la medida en que suspende la vigencia del marco legal que rige al presente sistema sanitario.

 

Medicamentos

El decreto establece una “partida de emergencia para la compra de medicamentos e insumos”, cuyo listado saldrá, a su vez, de una selección que tome en cuenta los “precios de referencia”. También “faculta a dictar normas futuras” respecto de la “prescripción de medicamentos por su nombre genérico”. Pero, simultáneamente, delega en el Consejo Federal de Salud la atribución de establecer “los criterios de uso racional y asignación de los medicamentos e insumos”. Es decir que mientras habilitaría a los médicos a recetar genéricos, el decreto reserva para el gobierno la facultad, por cierto mucho más importante, de establecer qué medicamentos responderían -o no- a “un criterio de uso racional”. La facultad de recetar genéricos es, así, la pantalla de un racionamiento de medicamentos. Con seguridad, la canasta de remedios con precios “retrotraídos” que Duhalde dice que podrá acordar con los laboratorios integrará este “listado de emergencia” o “asistencial”. En contrapartida, Duhalde eximirá a los laboratorios de todo control de precios en los restantes remedios, como los de venta libre, al tiempo que ya ha anunciado “algún tipo de compensación con la industria farmacéutica”, como, por ejemplo, “un beneficio impositivo” (La Nación, 20/3).

 

Salvataje

Al sancionar este decreto, Duhalde ha salido al salvataje de las obras sociales y, fundamentalmente, de las prepagas, a costa de los usuarios. Sirve a la concentración económica de los prestadores de salud que los capitalistas preparan como salida de la presente crisis sanitaria. Ello significa que un puñado reducido de prepagas y obras sociales privatizadas pasarán a controlar el mercado de la salud, con obligaciones de prestación cada vez menores.