Los diarios de estos días han aportado dos informaciones cruciales para entender lo que está en juego en estas elecciones de medio término. En primer lugar, recogen los anuncios que ya realizara Mauricio Macri en su encuentro de la semana pasada con empresarios chilenos: en el país cuyas relaciones económicas y sociales continúan modeladas por la impronta del pinochetismo, el Presidente anunció una batería de ‘reformas de fondo’ para después de las elecciones, a las que calificó como trascendentes ‘para los próximos veinte años de la Argentina’ (La Nación).

 

Aunque la información no es precisa, permite establecer a dónde se dirigen las reformas. Así, anuncian “una alteración en las condiciones laborales que pondrían en estado de guerra a los gremios”. Luego, una reforma tributaria “que elimine impuestos, aportes y contribuciones”, la cual serviría, según el diario, para “incentivar las contrataciones en blanco”. Lo que preparan, en realidad, es una acentuación del régimen menemista de liquidación de los aportes patronales a la seguridad social, lo que agravará el vaciamiento presente de las cajas jubilatorias y de las obras sociales. Como ya se demostró en el pasado, nada de esto aportó un solo puesto de trabajo ni redujo el empleo en negro, que superó al tercio de la fuerza laboral desde entonces y durante toda la década “nacional y popular”. A renglón siguiente de este vaciamiento de los aportes jubilatorios, se anuncia “una ambiciosa reforma previsional” (ídem). Según la fuente, no incluiría “por el momento” (sic) un aumento de la edad jubilatoria. En cambio, y a juzgar por un reciente intento, apuntarían a modificar negativamente el ya mezquino régimen de movilidad jubilatoria en vigencia. Por otra parte, el gobierno va por los regímenes previsionales de las provincias que todavía contemplan conquistas superiores a la de los jubilados nacionales. Precisamente, el matutino anticipa una nueva “ley de responsabilidad fiscal” con las provincias -o sea, un régimen de ajuste sobre los presupuestos distritales al cual quedarán condicionados los socorros del Tesoro nacional o las autorizaciones de deuda. En otro orden, el pacto en ciernes prevé una nueva ley de ‘financiamiento de la política’. Teniendo en cuenta que todos sus posibles firmantes recibieron dinero de Odebrecht en 2015, según lo reconocieron los propios ejecutivos del pulpo, la nueva ley apuntará a disimular y perfeccionar el flujo de aportes de los capitalistas a los partidos ‘de Estado’.

 

Pacto urgente

 

Al lado de este paquete de reformas reaccionarias se alude a un “gran acuerdo de necesidad y urgencia” para después de las elecciones de octubre. En el análisis postelectoral oficial, calculan que “aún en el mejor escenario (en el oficialismo) no contarán con las mayorías parlamentarias que desearían” (ídem). Esto conduce al planteo de un “gran acuerdo” o “convocatoria amplia”, que incluiría a los principales bloques políticos, a las centrales empresarias y a la burocracia sindical. Por esta vía, el gobierno intentaría avanzar en las medidas que hasta ahora, y ante su sola insinuación, despertaron conatos de rebelión popular, como ocurrió recientemente con los recortes a las pensiones por discapacidad. Otro periodista que confirma al acuerdo postelectoral señala que el gobierno considera que “se podrá negociar mejor con algunos de los legisladores actuales más otros que seguramente se sumarían al nuevo Congreso” (Ambito, 3/7), citando entre ellos a Martín Lousteau y Matías Tombolini, que en estas horas hacen campaña ‘opositora’ en la Ciudad de Buenos Aires.

 

Al querer justificar la ‘necesidad y urgencia’ de este pacto, La Nación, haciéndose eco de las posiciones oficiales, realiza toda una confesión: las reformas urgen, dice, porque “el endeudamiento externo puede volver a transformarse en una patología crónica”. Con una hipoteca que ya se acerca a las tres cuartas partes del PBI, el macrismo sabe que el futuro Congreso deberá debatir un refinanciamiento de deuda que quedará condicionado a brutales ajustes. Como se ve, la escalada antipopular nada tiene que ver con “un plan serio a veinte años”, sino con la urgencia de una nueva bancarrota nacional, resultado del saqueo del presupuesto a favor del capital financiero y de otras facciones capitalistas.

 

Coalición duradera

 

A la luz de lo anterior, queda claro que toda la presión del gran capital apunta, para después de octubre, al reforzamiento de una “coalición del ajuste”, ya no sobre la base de votaciones puntuales en el Congreso, sino de un plan estratégico de agresión a las masas. Su composición interior dependerá del resultado electoral, pero su orientación estratégica no admite dudas. Es significativo que los bloques opositores, de Massa a Cristina, coloquen el acento de su futura política parlamentaria en “ponerle un límite” al macrismo. Ello sólo significa ‘contornear’ la política de ajuste, en primer lugar, con medidas asistenciales. Pero no implica una oposición sistemática -ni mucho menos un llamado a derrotar- la escalada antiobrera y antijubilatoria. A los seguidores de Cristina, es bueno recordarles su veto al 82% móvil… ¡del salario mínimo!, bajo su presidencia.

 

A la luz de este anunciado “pacto del ajuste”, se refuerza la ‘necesidad y urgencia’ de votar al Frente de Izquierda en agosto y en octubre, para que el reclamo por un salario igual a la canasta familiar; por la defensa de los convenios colectivos; por el 82% móvil y la restitución de los aportes patronales confiscados por Menem-Cavallo, junto a la investigación y el desconocimiento de la deuda usuraria, constituyan un programa de oposición real al ajuste, y el punto de apoyo para poner en pie una salida de los trabajadores al hipotecamiento nacional y a la degradación de la mayoría laboriosa.