Casi sin demasiada repercusión, la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados dictaminó favorablemente sobre un proyecto de ley a pedido de Clarín y La Nación, los principales accionistas de Papel Prensa, la empresa monopólica de producción de papel para los diarios nacionales y provinciales.

Se trata de un proyecto que consta de solo dos artículos. El primero deroga todo el articulado de la Ley 26.736 que en 2011 había declarado de utilidad pública la producción de papel de diarios, por lo cual determinaba un precio único para su venta, evitando los precios liberados y discrecionales que aplicaban Clarín y La Nación para perjudicar a competidores y, sobre todo, a las empresas más chicas. El segundo… es de forma.

La escueta iniciativa fue del pejotista Diego Bossio, pero tuvo el respaldo entusiasta de Mario Negri y Nicolás Massot (por Cambiemos), de Pablo Kosiner (por el interbloque federal) y de Marco Lavagna y Alejandro Grandinetti (por el massismo). Un gran frente para salvar a Papel Prensa, que ahora, desde su posición monopólica, podrá volver a fijar precios diferenciados para favorecer a propios y hundir a los ajenos. Como si hiciera falta un obsequio adicional al monopolio, una vez aprobado el proyecto dejará de estar obligado de abastecer papel al mercado. Pequeños editores denunciaron “que este año ya hubo serios problemas con las demoras en las entregas de papel prensa” (El Ciudadano, 21/11), situación que los obligó a comprar al doble de precio a los revendedores.

Un monopolio salpicado de sangre

La historia de Papel Prensa es conocida, en especial el miserable capítulo que se desarrolla durante la dictadura y que implicó –vía detenciones ilegales y torturas- el traspaso de las acciones de la familia de David Graiver a los diarios Clarín y La Nación, reservándose el Estado un 27% del paquete. Desde entonces, sobre todo los diarios del interior –que no fueron comprados por el grupo Clarín- se vieron expuestos a la posición dominante de Papel Prensa que subía los precios a quienes compraban menos papel y ofertaba un precio menor para los grandes compradores: Clarín y La Nación.

En 2011, y como parte de la disputa entre el gobierno de CFK y el grupo Clarín, la amenaza de expropiar a este monopolio salpicado de sangre no pasó de las estentóreas declaraciones del entonces Secretario de Comercio, Guillermo Moreno. La aprobación de la ley 26736, si bien limitaba la discrecionalidad de PP al imponer un precio fijo, no generó demasiado costo para el monopolio. Por el contrario, como denunciamos tempranamente, “con la permisividad del gobierno, la tonelada de papel subió de 2.060 a 2.600 pesos, en beneficio, claro está, de los accionistas de Papel Prensa. El ´precio igualitario´ se igualó hacia arriba en un 30 por ciento, a costa de los consumidores.” (Prensa Obrera, 23/09/10).

Una alianza mafiosa

El actual proyecto no solo va al rescate del monopolio sino que, además, profundizará las tendencias a la concentración y al cierre de diarios, una lista que creció pavorosamente en estos últimos años con la consecuente masa de despidos de periodistas. Esta vez no podrán atribuirlas a la supuesta lógica de la “convergencia digital” que todo lo arrasa, sencillamente porque ¡se trata de papel!

A más de 40 años de la fundación de Papel Prensa, el gran frente peronista, radical, macrista, massista, ratifica la larga historia de alianzas y negociaciones mafiosas entre el Estado y los grupos Clarín y La Nación.