Un IFE con tantos excluidos que no lo cobraría casi nadie

El gobierno nacional acaba de anunciar el pago de un bono/IFE de $94.000, en dos cuotas, para trabajadores informales que no perciban ningún beneficio social, lo que restringe el universo a unos pocos cientos de miles de eventuales beneficiarios. La medida es parte de las “compensaciones” del gobierno tras la devaluación oficial y la ofensiva contra los ingresos populares, y no pasa de un paliativo en medio de un ajuste comandado por Sergio Massa y el FMI.

Quienes quieran acceder al beneficio deberán anotarse por medio de la Anses –lo que acota más la cantidad de beneficiarios- a partir de este miércoles 27 para cobrar la primera cuota de $47.000 en octubre.

Entre los requisitos se exige no contar con ninguna prestación o asistencia del Estado (programas sociales, AUH, AUE, Progresar, etc.), ni trabajo formal (relación de dependencia, monotributo, prestación por desempleo, etc.); contar con una cuenta bancaria y no haber sido beneficiario de ninguna otra medida anunciada por el gobierno.

La Anses, además, realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial de los solicitantes, para evaluar sus niveles de consumo, bienes, cobertura médica y otros: es decir que se trata de un bono totalmente restrictivo, de temporada y que no pasa de un anuncio publicitario para las elecciones.

La última vez que se implementó una medida de este tipo fue a fines del 2022, cuando el gobierno pagó un bono de $45.000 –también en dos cuotas- a poco más de un millón de trabajadores informales, cuando los registros anteriores del IFE habían alcanzado a los nueve millones de beneficiarios. El  rango de influencia fue incluso más acotado de los esperado -algunos estiman un universo de 3 millones de potenciales beneficiarios- debido a todas las trabas añadidas por el gobierno y la Anses.

El paliativo oficial no alcanza ni a un tercio del valor de una canasta alimentaria de $130.000 y va destinado a un sector afectado por el bajísimo piso del salario mínimo (actuales $118.000) que este miércoles discutió el Consejo del Salario.

El gobierno nacional, a través de su ministro de Economía Sergio Massa, destacó que no se creará ningún fondo especial para la asistencia social en tiempo de crisis y ajuste del FMI sino que cobrarán un “anticipo extraordinario” de Ganancias de aquellos sectores que se beneficiaron con la devaluación del gobierno y el FMI. Casi una “contribución solidaria” para seguir haciendo grandes negocios, y a la espera de nuevas devaluaciones y golpes a los trabajadores.

La política de bonos y “compensaciones” de temporada del gobierno viene haciendo estragos en los bolsillos de los trabajadores, con una inflación que avanza sobre los salarios e ingresos populares. En este punto, la Unidad Piquetera marchó este miércoles desde el Obelisco al Ministerio de Trabajo y luego a Economía para denunciar el ajuste y reclamar un salario mínimo que cubra la canasta básica de pobreza de $284.687. Lo que de por sí empujaría los ingreso populares hacia arriba.

Pero esta orientación es incompatible con los planes de ajuste y déficit fiscal cero de Massa, Bullrich, Milei y el FMI, que buscan recortar por los sectores más pobres y vulnerables, haciendo pasar el ajuste como una “medida necesaria” para que el país salga adelante… para los capitalistas.

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