El miércoles pasado, Página 12 publicó un artículo reflejando los resultados del informe federal “Rompiendo Moldes”, de Laftem y Oxfam Argentina, que arroja que “entre los 15 y los 25 años casi el 80 por ciento avala el aborto en casos de embarazos no deseados”. Estas cifras ratifican el enorme apoyo que anida en la juventud frente al reclamo de aborto legal, seguro y gratuito.

Debemos recordar, que lxs pibxs fueron lxs protagonistas de la Ola Verde que, en 2018, a través de la toma de colegios, asambleas y movilización callejera impuso la media sanción del proyecto por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Diputados, sobreponiéndose a todos los lobbys clericales. Esta demanda implica para la juventud un cuestionamiento profundo hacia el tutelaje que ejercen el Estado y las iglesias sobre los cuerpos de las mujeres al sostener la clandestinidad del aborto, convirtiéndose en un recurso político para promover relaciones desiguales entre los géneros en el conjunto de la sociedad.

El informe agrega que “sobre políticas públicas dirigidas a enfrentar las violencias por razones de género, 8 de cada 10 varones y 7 de cada 10 mujeres están de acuerdo con estrategias que apuntan a la educación y a la prevención”. Aquí se pone de manifiesto una de las principales reivindicaciones de la juventud: la necesidad de que exista en las escuelas una Educación Sexual Integral (ESI), desprovista de prejuicios religiosos, que eduque en una sexualidad libre de violencias y que no deje afuera la construcción de la identidad de género y la diversidad sexual entre sus contenidos. Finalmente, la enorme injerencia clerical que existe en la educación (1 de cada 5 alumnxs asiste a escuelas confesionales, que son subsidiadas por el Estado) actúa como un impedimento para la existencia de una educación sexual en esos términos. Un estudio realizado en 2018 por la consultora D’Alessio Irol muestra cómo solo 2 de cada 10 alumnxs recibieron educación sexual integral de manera habitual y, que en esos casos, se impartía de manera biologicista, con una lógica binaria y ligando la sexualidad estrictamente a sus fines reproductivos. Sucede que la Ley de Educación Sexual Integral, sancionada por el kirchnerismo en 2006, da lugar en su artículo 5° a que la aplicación de la misma esté sujeta al ideario institucional de cada comunidad educativa, habilitando esta injerencia por parte de las iglesias.

Es evidente que las aspiraciones de la juventud a ser sujetxs de su cuerpo y llevar adelante una sexualidad plena, placentera y consentida, y poder vincularse con sus pares en un terreno libre de discriminación hacia las mujeres y las diversidades, chocan con un Estado capitalista fuertemente entrelazado con las iglesias. Esta alianza hunde sus raíces en el papel que juega el poder clerical a la hora de contener a las grandes mayorías, y en el terreno empresarial (la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas nuclea un gran número de integrantes de la burguesía argentina).

Es por este motivo que no podemos depositar ninguna confianza en que la gestión de Alberto Fernández nos concederá el aborto legal y la ESI laica y científica. Sus dilaciones con respecto a la presentación del proyecto IVE en el Congreso se deben a que el gobierno se apoya fuertemente en la iglesia católica y evangélica en esta etapa, donde la tutela del FMI le exige aplicar un ajuste en regla sobre las mayorías y necesita más que nunca de los servicios de “asistencia social” que brindan las iglesias en las barriadas para contener un estallido popular.

Debemos apoyarnos en las amplias capas de la juventud que suscriben al planteo de que el aborto tiene que ser legal para desenvolver un plan de lucha, en las calles y con independencia política de los partidos del régimen para conquistarlo.