La gestión del Intendente Martín Llaryora empezó con un brutal ajuste y represión contra lxs trabajadores municipales, la continuidad de la política de favorecer empresas privatizadas y una continuidad de un ajuste estructural de Mestre. Todo esto en función de pagar una deuda usuraria que es adonde se destinan los recursos del municipio.

Lo señalado se desprende de los propios números entregados por la Municipalidad, sistematizados y dados a conocer en un informe elaborado por Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES), integrado por trabajadores de la Universidad Nacional de Córdoba.

El intendente viene hablando de una recuperación de la ciudad, pero las declaraciones contrastan con los datos que arroja el mencionado informe de OTES, referidos a los ingresos y gastos de la Municipalidad de Córdoba para el período 2010–2020, que reflejan un marcado ajuste presupuestario municipal y una tendencia a continuar esta línea.

En particular, nos interesa detenernos en dos aspectos del informe: el gasto destinado a sanidad y a los servicios especiales y urbanos, ya que se vinculan directamente a las declaraciones del intendente en el marco de la cumbre mundial de la economía circular.

En el caso de la salud, a lo largo de una década el gasto ha disminuido en 7 puntos porcentuales del presupuesto, cayendo del 23% al 16% del mismo. En ese período se incorporó al sistema municipal el hospital Príncipe de Asturias y se debió afrontar una pandemia. Con este presupuesto, las acciones de prevención que se declaman tras la adhesión a alianzas saludables no pasan de un anuncio mediático sin correlato real. De hecho, la merma explica los faltantes de medicamentos e insumos en centros de salud y hospitales y los reclamos de vecinos y trabajadores.

El ajuste también se evidencia en las condiciones de precarización bajo las cuales desarrolla sus tareas el personal de salud, con más de 600 en planta transitoria y más de 1.200 contratados bajo la figura de monotributo. La desinversión afecta las condiciones laborales de los trabajadores, y por lo tanto la incorporación a la Alianza de Ciudades Saludables se hará desde este mismo paradigma.

En el caso de los servicios especiales y urbanos, el rubro concentra en promedio el 26% del presupuesto, destinando el 90% a Higiene Urbana y Transporte. En 2013 el sistema se privatizó y Crese quedó relegada al reciclaje residual. Llaryora terminó por disolver la empresa estatal cuando asumió su cargo a fines de 2019.

Para las gestiones que han estado al frente del municipio el argumento para privatizar ha sido la eficiencia y productividad. Sin embargo, el análisis del presupuesto en los últimos 10 años muestra que el crecimiento del gasto destinado al rubro Higiene Urbana –subsidios a las empresas concesionarias- ha superado siempre al del crecimiento general. Así, mientras que el presupuesto general se incrementó en un 72%, higiene lo hizo en 124%, más que duplicando al anterior. Esta situación se agravó sobre todo desde la privatización. El gasto pasó de $522 millones en 2010 a $1.171 millones en 2020, todo medido en pesos constantes. Lo que ocurre en salud se replica en Higiene Urbana: se recicla apenas el 1% del tonelaje de basura, con trabajadores empleados en los “Centros Verdes” bajo precarización absoluta, contratados como cooperativistas, con un salario promedio de $14.500, sin seguridad social, sin condiciones ni insumos adecuados para trabajar.

A la luz de los números oficiales es claro que no hay grietas a la hora de ajustar el salario, mientras se brindan servicios caros y deficientes, como el del transporte; todo esto en desmedro de municipales y contribuyentes. Es claro que una verdadera recuperación de la ciudad pasa por destinar los recursos necesarios para áreas sensibles como salud y educación, y no recortarlos, como se expresó en el informe de Otes.

Además, quedó claro que las privatizaciones no redundaron en mejores servicios. Es necesario recuperar el protagonismo de les municipales, para recuperar el salario, y terminar con el vaciamiento. En ese sentido, trabajadores del Sutna y el sindicato municipal de Jesús María marcan toda una perspectiva a seguir. En ambos casos de lograron paritarias récord. Vale señalar que en el caso del sindicato de municipales de Jesús María se viene ganando el apoyo de la población para doblarle la mano ajustadora al intendente radical, Luis Picat.

En estas Paso, la Lista Obrera y Popular que impulsa el Partido Obrero en las internas del FIT-U, encabezada por Soledad Díaz, precandidata a diputada, y Emanuel Berardo, precandidato a senador, está integrada por luchadores antiburocráticos de los sindicatos mencionados, de la docencia provincial y municipal, del Polo Obrero, quienes protagonizan la lucha contra el ajuste de quienes gobiernan.

Cada voto obtenido será un refuerzo para continuar la lucha, votemos a la izquierda que no mira para otro lado, para prepararnos de la mejor manera para derrotar el ajuste y abrir paso a un curso político y reivindicativo de les trabajadores.