La sentencia absolutoria de Juan Manzur -ex ministro de Salud de la Nación, vicegobernador de Tucumán y aspirante por el oficialismo para suceder a José Alperovich- en un juicio por enriquecimiento ilícito no mostró ningún número para justificarla. Esta llamativa particularidad fue una de las cosas que llevaron a tres periodistas -Irene Benito, Indalecio Sánchez y Fernando Stanich- a escribir el libro “A su salud. La historia de Juan Luis Manzur, el ministro más rico de la era kirchnerista”.

El libro narra, en efecto, cómo fue creciendo el patrimonio de Manzur, en paralelo con su carrera en la función pública, la cual arrancó hacia finales de la década de 1990 en tierras puntanas, incluyó varios años como ministro clave en el gabinete de Cristina Fernández y que pretende continuar como gobernador de Tucumán.

Manzur fue, además, una pieza clave de Alperovich, pues fue quien presidió la convención Constituyente que, en 2006, que reforzó toda la camarilla gubernamental.

La presentación del libro se desarrolló en un hotel céntrico de la capital de Tucumán, ante alrededor de 300 personas. Los autores señalaron que la investigación habría sido imposible de realizar si Manzur no aterrizaba en el gabinete nacional, pues eso les permitió acceder a las declaraciones juradas (DDJJ), que en el ámbito nacional tienen carácter público, pero en Tucumán son secretas. Estudiando estas declaraciones juradas se encontraron con que 18 de los 31 inmuebles declarados como propios por el actual vicegobernador tenían valor cero. Los autores destacaron que, si bien las DDJJ muestran que Manzur amasó su fortuna durante el ejercicio de la función pública, ni estas ni el fallo que lo absuelve explican cómo logró acumular 13,6 millones de pesos (a diciembre de 2013) a partir de los sueldos como funcionario; o cómo hizo para que su patrimonio creciese 36 veces en una década.

Los autores dedican un capítulo para hablar sobre Daniel Bejas, el juez responsable de la absolución, el mismo magistrado que pidió la separación del fiscal Gustavo Gómez de la investigación de la desaparición y asesinato del soldado Alberto Ledo, que tiene como principal imputado al ahora ex jefe del Ejército, César Milani.

Los autores destacan que Bejas, en su carrera judicial, llegó a ser abogado de una firma inmobiliaria ligada a la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich, y de Alperovich SA, concesionaria de autos de la familia del gobernador.

Los autores exponen crudamente y rigurosamente los datos en un gran trabajo de investigación, que retrata al actual régimen político y pone de manifiesto como la corrupción política -protegida y hasta garantizada por el Poder Judicial- llegó a niveles pornográficos.

El libro deja planteada la discusión sobre cuál es la salida a toda esta descomposición. El Acuerdo del Bicentenario (liderado por la UCR y una fracción del alperovichismo, aliados con el PRO, el massismo y todos los restos del mirandismo y del bussismo) se presenta como el cambio que vendría a erradicar la corrupción, pero el eventual triunfo del “Acuerdo”, sólo representaría un cambio de collar, pues defiende los mismo intereses sociales que el alperovichismo y, por lo tanto, la defensa del actual régimen que los sirve.

Se trata, entonces, de desmantelar todo este régimen de corrupción e impunidad y de edificar otro, construido sobre nuevas bases sociales. Esa es la perspectiva de la lucha del Partido Obrero y el Frente de Izquierda.