Políticas

10/11/1993

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Un pacto podrido que fermenta

El pacto podrido entre Menem y Alfonsín no ha podido “alumbrar” todavía una sola propuesta de reforma de la Constitución, sin exceptuar de este impasse a la propia reelección presidencial. Si se tiene en cuenta que ya han pasado más de tres semanas de la “reunión reservada”, y de que faltan sólo diez días para la Convención de la UCR, resulta incuestionable que ni el peronismo ni el radicalismo tienen planteos consistentes, o simplemente condiciones para encarar una reforma de la Constitución, y que la única explicación para producir el pacto podrido fue la necesidad de resolver de una vez por todas el tema de la sucesión presidencial de 1995 y la exigencia de los privatizadores de que pueda ser reelegido Menem.


Una expresión de todo este impasse es que la vigencia del acuerdo entre Menem y Alfonsín se reduce ahora al reclamo de remoción de tres ministros de la Corte, lo que les alcanzaría a los radicales para votar la convocatoria de una Convención constituyente. Se pasaría, en el caso de que prospere esta variante, de una Corte digitada a otra, así como de la preservación de todo el aparato montado por el menemismo en el Poder Judicial, desde los nombramientos que efectuó en la flamante Cámara de Casación Penal, en los tribunales del fuero federal y en la Cámara Federal de la Capital.


Es indudable que a medida que van pasando los días se hace más evidente el carácter podrido del pacto podrido firmado por los “herederos” de Perón y Balbín.


Lo más destacado es que los alfonsinistas ya no reclaman una “Justicia independiente” (algo imposible para un régimen que no podría sobrevivir ni un minuto sin los “decretos de necesidad y urgencia”; sin meterle “bonos” —desvalorizados— a los jubilados; sin un régimen de contribución previsional confiscatorio y forzado; sin “privatizaciones” regaladas; sin inmunidad para los ministros que “otorgan” exenciones impositivas de 200 millones de dólares a empresas como Firestone; sin la estatización de la deuda externa en general y la del Banco Italia en particular; etc.); lo que los alfonsinistas reclaman ahora es una Corte que impida que los menemistas puedan dejar de cumplir en una futura Constituyente los acuerdos que hayan suscripto antes con los radicales. En este caso, la “honestidad” de la Corte supondría tanto la “deshonestidad” del menemismo como la “deshonestidad” del pacto Menem-Alfonsín.


El tema de la reelección choca con varios obstáculos, siendo el primero el porcentaje a partir del cual debería convocarse a una segunda vuelta en la elección del presidente. En todo el mundo esto ocurre cuando nadie sacó el 50% de los votos, pero aquí Menem lo quiere bajar al 40% y Alfonsín al 45%. Para los menemistas, ceder en su posición podría poner en riesgo la reelección… De cualquier manera, debería sorprender que la UCR proponga un sistema electoral que consagra al presidente con más de la mitad de los votos, en una segunda vuelta, cuando declara que su objetivo reformista es “atenuar” el sistema presidencialista. El “ballotage” o segunda vuelta refuerza el presidencialismo al transformar al presidente en el único funcionario electo que tendría más del 50% del apoyo electoral. Se trata de una reforma reaccionaria, porque apunta además a imposibilitar que gane las elecciones una lista contraria al sistema político y social imperante.


Sobre la introducción de un primer ministro o ministro coordinador tampoco ha habido acuerdo, y todo el asunto podría terminar, como dicen los brasileños, en “pizza” —con la inclusión de un ministro sin funciones que gozaría del nombre de “coordinador”. Algunos justifican al primer ministro para resolver los conflictos entre el Ejecutivo de un partido y una mayoría parlamentaria que correspondiera a la oposición, pero como el pacto podrido contempla unificar en cuatro años las elecciones parlamentarias y presidenciales, esa contradicción no podría ocurrir. Es espaciando las elecciones parlamentarias, como los signatarios del pacto podrido pretenden “reforzar” y “produndizar” la “democracia”.


Otro tema de divergencia son los “decretos de necesidad y urgencia”, la intervención a las provincias y la declaración del estado de sitio, que tanto Alfonsín, bajo su gobierno, y Menem, en el suyo, han usurpado inconstitucionalmente al Congreso. Como esas medidas inconstitucionales han sido avaladas por el Poder Judicial (¡salvo en el caso de los impuestos… a las ganancias!), a los firmantes radicales del pacto podrido sólo les quedaría la alternativa de introducirlas en la Constitución, con el pretexto de “reglamentarlas”. De todos modos, el pretendiente a la reelección no está dispuesto a abandonar la prerrogativa de actuar por decreto o resolución del Ejecutivo, y sólo acepta la “limitación” de una ulterior ratificación por el Congreso.


Otra “reforma”, que festejó hasta el “opositor” De la Rúa, es la posibilidad de que las provincias elijan un tercer senador, pero para ello habría que esperar que se renueven los dos ya electos por parte de cada provincia. Según los diarios, esto podría ocurrir a partir del año 2.001…


Como una “concesión” a la democracia, los signatarios del pacto podrido estarían dispuestos a introducir cláusulas de “democracia semi-directa”, concretamente la posibilidad de plebiscitos. Pero este derecho le estaría reservado solamente al Ejecutivo y a mayorías calificadas del Congreso; es decir, serían instrumentos para zanjar divergencias entre los poderes del Estado; o medios coactivos (del Estado)  para movilizar una opinión circunstancial contra derechos y conquistas históricas del pueblo; y de ninguna manera un derecho de la ciudadanía para luchar contra la burocracia del Estado y sus prepotencias (iniciativa popular de leyes, referéndum para oponerse a las leyes ya votadas o para destituir funcionarios elegidos o designados).


Naturalmente, todos estos ataques contra la democracia podrían ser “empaquetados” con una retahíla de “derechos” ecológicos, femeninos, etc., cuya vigencia no saldrá nunca del papel, porque para ello deberán ser reglamentados por leyes, decretos, resoluciones y memorándums. Quizás  quieran valerse de ellos para darle al pacto podrido un “aura” de reforma constitucional. Pero lo cierto es que lo único que hay es un pacto de reparto de influencias disimulado detrás de una reforma de la Constitución carente de contenido.