Los vencimientos de intereses de la deuda “renegociada” con el FMI, para el mes de noviembre, ascienden a 529,6 millones de dólares, alrededor de tres veces de lo que estima pagar el gobierno como refuerzo contra la indigencia. Se trata solo de una porción de los intereses, que muestra hasta qué punto el gobierno comprometió las necesidades de una población trabajadora hundida en la miseria.

Estos 529,6 millones de dólares equivalen a $153.584 millones (calculados al “dólar libre”), alrededor de tres veces más lo que se proyecta pagar del bono de indigencia de $45.000, en dos cuotas, de pagarse al millón de personas anotadas: cosa poco probable si se considera que la Anses viene rechazando a gran parte de los requirentes por incompatibilidades arbitrarias.

El dato es significativo porque expresa la orientación de un gobierno que gestiona para el FMI y no para los trabajadores y los sectores más vulnerables.

Estamos hablando solo de los intereses de la deuda con el FMI, lo que no implica ninguna mejoría en la relación de subordinación de la economía nacional al capital extranjero. La Argentina lleva pagados 5.750 millones de dólares en concepto de intereses de esta deuda -1.381 millones bajo el gobierno de Mauricio Macri y 4.369 millones bajo el gobierno actual- y tendrá que pagar este año un total de 1.700 millones de dólares.

Tomado todo lo pagado hasta ahora al FMI en concepto de intereses podrían haberse construido casi 250.000 viviendas, según el modelo de 51 metros cuadrados que establece el Procrear, generando millones de puestos de trabajo en el camino y colaborando a solucionar la crisis habitacional que se agudiza.

El pacto con el FMI opera como un bloqueo a la satisfacción de las necesidades populares, incluso de las más elementales.

A días de que cierre la inscripción al bono de emergencia del gobierno desde la Anses adelantan que son miles los excluidos por supuestas incompatibilidades. Es que el bono ha sido diseñado de tal modo que no alcanza a las 2 millones de personas adultas que se estiman bajo el umbral de la indigencia. Los trascendidos hablan que solo cobraría apenas un cuarto de dicha proyección.

La política asistencial del gobierno debe ser entendida en clave de ajuste fondomonetarista, de allí que se recorten las partidas y recursos y el bloqueo a l ingresos de nuevos trabajadores desocupados a los programas sociales, o la falta de alimentos e insumos para los comedores, entre algunas cosas.

Además, estamos hablando de un bono de temporada, que se esfumará pasadas las fiestas de fin de año y tras el cual la población sumergida en la indigencia continuará en la misma situación. Sobre esto, la Unidad Piquetera viene de protagonizar una acción para garantizar el cobro de todas las personas necesitadas, en el marco de la lucha por trabajo genuino y la apertura de los programas sociales para responder a las necesidades inmediatas de los trabajadores.

El pacto con el FMI es incompatible con la satisfacción de las necesidades populares, lo que requiere su desconocimiento y el no paga de la deuda externa para aplicar los recursos nacionales a un plan económico y de desarrollo industrial y del trabajo de la clase obrera, para garantizar el empleo y la cobertura inmediata de las canasta básica para todos los y las desocupadas.

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