La actualización del Indec de los montos necesarios para cubrir una Canasta Básica Total ($66.448) y la Canasta Básica Alimentaria ($28.414) ha puesto nuevamente de manifiesto el retroceso del poder adquisitivo de los trabajadores, como resultado de una orientación del gobierno. Los parches de temporada preelectoral siquiera sirven para compensar parcialmente lo ajustado por la inflación.

Para tener una comprensión integral de este proceso, basta con seguir la evolución interanual de los principales indicadores de precios y salarios. Mientras que la canasta básica subió un 51,8%, la canasta alimentaria un 57,6% y la inflación promedio un 50,2%, los salarios treparon por abajo, con un 42,8% según Ripte (mayo) y un 36,7% según el Indec (abril), medición más precisa ya que incorpora a trabajadores no registrados.

Más lejos del asado

Un dato concreto, que pone de manifiesto esta realidad, es lo ocurrido con el aumento de la carne, que a pesar de las restricciones a las exportaciones ha escalado un 90,3% interanual en promedio, con un salto del 101,5% en el precio del asado.

Está claro que el gobierno no cumplió con su promesa preelectoral de recuperar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables y devolver el “asado” a la mesa de los argentinos. Para el caso de los jubilados, a fines del 2019 podían acceder a 48,51 kg de asado, con un haber mínimo de $14.067,93 y un precio de $290 el kilogramo; mientras que actualmente solo pueden comprar 32,85 kg, con un haber de $23.064,70 y el kilo de asado en $701,91.

El asado subió más del 100%; los salarios un 35%. Sacá tus conclusiones. pic.twitter.com/bNGc9qlwGe

— Gabriel Solano (@Solanopo) July 23, 2021

Los precios le ganan a todo

Medidos en números absolutos, los valores para escapar de la indigencia (canasta alimentaria) y de la pobreza (canasta básica) están fuera del alcance de una porción significativa de la sociedad, lo que expresa el fracaso de Alberto Fernández y el Frente de Todos y arroja luz sobre las consecuencias de la política de “ahorro” fiscal y reducción del gasto público, en vistas al acuerdo con el FMI.

La jubilación mínima ($23.064,70), el salario mínimo ($25.572 en junio y $27.216 en julio), la Pensión Universal para el Adulto Mayor ($18.451,76) y el Potenciar Trabajo ($12.786) se encuentran en la indigencia y lejos de aspirar a superar la pobreza.

Estamos hablando de 4.316.036 jubilados y pensionados que cobran la mínima (63,2% del total) y casi un millón de precarizados del Potenciar Trabajo.

Respecto a las asignaciones sociales su suerte es similar. La Asignación Universal por Hijo sigue la evolución de las jubilaciones, ya que se le aplica la misma movilidad de ajuste, por lo que cada vez toma más distancia de la inflación. Actualmente son unos $4.504 por hijo. Mientras que la Tarjeta Alimentar mantiene congelado el importe para un hijo en $6.000 y dos en $9.000, agregando $3.000 más (33,3%) para los casos de tres o más hijos.

Si bien el carácter de ambas asignaciones es estrictamente alimentario, no existe ningún vínculo directo entre la evolución de los precios de los alimentos y estos importes. Incluso, no hay ningún mecanismo para garantizar que la combinación de ambos sirva a cubrir las necesidades alimentarias básica de las familias obreras.

El simulacro del gobierno de “meter plata” en los bolsillos de los trabajadores, por medio de distintos bonos o sumas “compensatorias”, cuando se acercan las elecciones de medio término, es una cortina de humo de una política ajustadora de Fondo. Fue el gobierno, junto a la burocracia sindical y las patronales, los que pactaron el 35% de miseria para el salió mínimo; o la reforma de la movilidad jubilatoria que ya acumula un 5% de recorte en los haberes, en lo que va del 2021.

Incluso si se consideran estas sumas ($5.000 para jubilados, $7.000 para la AUH y $6.000 al Potenciar Trabajo) no se logra revertir el cuadro de indigencia.

El Frente de Izquierda Unidad y el Partido Obrero plantean una salida inmediata a esta crisis social, con la reapertura de las paritarias y la elevación de todos los salarios por arriba de la canasta familiar, el reconocimiento de los convenios colectivos correspondientes a los trabajadores precarizados, la regularización de los trabajadores informales, aumento del salario mínimo por arriba de la línea de pobreza y un seguro universal al desocupado que cubra la canasta básica.

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