Con el nombre de Plan de Desarrollo Humano Integral, parte importante de la burocracia sindical y la casi totalidad de las organizaciones sociales cooptadas por el Estado, con el aval de la Iglesia Católica, presentaron un proyecto de “generación de puestos de trabajo” para la pospandemia. Con la pomposa denominación de un “Plan Marshall Criollo” –en alusión a la inversión norteamericana en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial- el proyecto propone la creación de 4 millones de “puestos de trabajo” precarios y 170.000 empleos formales, con una inversión inicial anual de $750.000 millones: tras estos números se encubre el propósito de un mayor ajuste en los programas sociales a partir de su reconversión, la convalidación de la liquidación de miles de puestos de trabajo y la insistencia de una caja propia para el Triunvirato Cayetano y sus socios. Tras el pacto con los acreedores privados, el presupuesto nacional ha pasado a manos del FMI.

Bajo la batuta del secretario general de la Uocra (Construcción), Gerardo “Batallón 601” Martínez, y el dirigente social y papal, Juan Grabois, junto a la participación de Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Laura Avalos (Smata) y los dirigentes sociales de la CCC, Barrios de Pie, Movimiento Evita, FPDS, MP-La Dignidad y representantes de la Iglesia, tuvo lugar la presentación de este plan, que viene a empalmar con los deseos del gobierno y las recomendaciones históricas del Banco Mundial, de proceder a una reconversión de los programas sociales actuales para incorporar una contraprestación “laboral” a cambio del beneficio otorgado, lo que supondría eliminar su carácter como seguro por desocupación.

De esta forma, de los $750.000 millones anuales, propuestos como inversión, $128.000 millones saldrían de asimilar a los beneficiarios de los recientemente unificados programas sociales (Salario Social Complementario y Hacemos Futuro) a esta nueva modalidad, más la supresión de la Tarjeta Alimentar y sus fondos. Ni cortos ni perezosos, este frente burocrático y papal ha salido a meter la cuchara en las discusiones sobre la forma que adoptarán la migajas para el pueblo trabajador, pasada la cuarentena. El gobierno nacional viene planteando la necesidad de ir a un esquema de contención mínimo con el plan Potenciar Trabajo y la Renta Básica Universal, o como lo ha dicho el propio Daniel Arroyo “el plan va en la línea que ya estamos transitando de reconvertir programas sociales en trabajo”. Sin embargo, el plan ahora presentado prevé un “salario social” de $10.000 con una carga mínima de 60 horas mensuales: muy por debajo de las previsiones oficiales de un ingreso de $17.000, cuando los programas sociales se encuentran congelados en $8.500 desde hace más de un año.

A esto se suma que las organizaciones sociales que integran la Utep (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) planean aplicarle a ese escaso monto los descuentos de obra social, jubilación, afiliación sindical y vaya saber uno quién pagará la ART. Al final de cuentas, un cooperativista precarizado seguiría cobrando lo mismo, pero ahora debería contraprestar tareas para pagarle a un sindicato que lo entregó en bandeja.

El presupuesto del FMI

El Plan Marshall Criollo se presenta como una estafa en toda la línea porque oculta que, luego del pacto con los bonistas privados y el FMI, no existe margen ni presupuesto para un plan de desarrollo con “repoblamiento nacional”, con nuevos pueblos, comunidades rurales, emplazamientos industriales, innovación energética, viviendas e inversión en la red de transporte que ensamble ferrocarriles, logística y actividad portuaria. Salvando la reconversión de los programas sociales, el proyecto plantea absorber parte del impuesto a las ganancias a través de un “fondo de ahorro” en moneda nacional a tasas de intereses del mercado financiero, es decir, especular con la plata de los trabajadores. También se habla de un impuesto a las grandes fortunas -cuando aún no han presentado proyecto propio en el Congreso y ningunean el del FIT-, gravar las bebidas azucaradas, los capitales especulativos y las actividades extractivistas; todo lo que el gobierno rechazó hacer y que ahora dependerá del visto bueno del capital imperialista.

La supuesta generación de 170.000 puestos de trabajo esconde que solo en la construcción se han perdido 150.000 empleos formales en el último año (según cifras del Ieric) y una cifra similar acompaña la caída en el trabajo informal. La burocracia sindical se pliega al proyecto de Grabois a falta de rumbo, para tratar de disimular su compromiso con las patronales y el gobierno de dejar pasar cientos de miles de despidos, solo en la cuarentena.

De todo lo formulado es probable que solo quede aquella parte que se ajusta a las pretensiones del gobierno nacional y el FMI. El gran proyecto de desarrollo será la tapadera de la transformación de los programas sociales en mano de obra ultraprecarizada, con cooperativas precarias a gran escala, como reconoce el propio Grabois, formalizando la precariedad laboral.

Visto de otra manera, el Plan Marshall, que supone la inversión del capital imperialista para consolidar su posición y su penetración en otras economías, ha venido de la mano del pacto con el FMI. No habrá plan de desarrollo nacional sobre estas bases sino el plan de ajuste que garantice el pago de las acreencias del capital financiero. La ruptura del pacto buitre con el FMI y los acreedores es el camino para defender un plan de desarrollo económico propio, sobre nuevas bases sociales.