“Qué ironía: yo estaba en una exposición de diseño textil a la misma hora del incendio ”. El comentario de Enrique Rodríguez, ministro de Telerman, fue seguido por una pregunta que no tuvo respuesta: “Las vestimentas de esa exposición, ¿estaban hechas en talleres clandestinos?”.

 

El incendio criminal del taller de Caballito volvió a mostrar la trastienda de la capital “fashion” del diseño, el turismo, la hotelería, la “cultura” y el juego, fogoneados hoy por Rodríguez y Telerman, pero impulsados por Ibarra y sus antecesores. El trabajo “esclavo” en los talleres textiles es el último eslabón de una larga cadena de trabajo en negro, sobre el que reposa el ‘boom’ económico de la ciudad. Las cadenas hoteleras están repletas de jóvenes pasantes, superexplotados y sin estabilidad laboral. El comercio, ‘la noche’ y, por supuesto, las “industrias culturales”, se nutren de trabajadores tercerizados y en negro. Un 40% de la fuerza laboral de la ciudad trabaja en alguna de estas variantes. El primer negrero es, por supuesto, el propio Estado, a través de los contratos, pasantías y los planes Jefas y Jefes que pueblan los hospitales y las escuelas.

 

El trabajo en negro sólo tiene “prensa” a la hora de la muerte. En el año 2000, una seguidilla de accidentes fatales en obras de construcción terminó con una interpelación legislativa al secretario de Trabajo, Tello Rozas. Allí, Altamira denunció al gobierno y al sistema laboral vigentes como “agentes del régimen de privatización de riesgos del trabajo”. En aquel momento, denunciamos que la Ciudad contaba con 50 inspectores para la Policía del Trabajo. Hoy, según se reveló en estos días, son 51. En esa comisión de Trabajo estaban Enrique Rodríguez y Alberto Fernández.

 

Telerman, con “t” de tallerista

 

Si la masacre de Caballito hubiera ocurrido antes del desenlace del juicio a Ibarra, ni los legisladores ibarristas habrían quedado con “resto” para intentar salvarlo. Telerman, en cambio, se mostró “indignado” ante los hechos del viernes pasado, como si hubiera aterrizado ayer. La “reacción” de Telerman no alcanza, sin embargo, para tapar esta asociación ilícita entre el Estado y los explotadores, que reitera, paso por paso, la trama de Cromañón. El taller incendiado se encontraba habilitado bajo la sugestiva categoría de “dador de trabajo sin empleados a su cargo” (sic), una fórmula que en sí misma legaliza el empleo en negro. De todos modos, las responsabilidades políticas no se limitan al gobierno porteño, ya que la red de inmigración ilegal de bolivianos no podía montarse sin la complicidad del Ministerio del Interior de la Nación. Un ex funcionario de la “Dirección Nacional de Migraciones, Carlos Sapere (..) denunció haber recibido la orden de ‘no controlar los talleres’ donde trabajaban extranjeros en situación de ilegalidad, por lo que renunció a su cargo” (La Nación, 4/4). Aníbal Fernández debe renunciar. La red de trabajo “esclavo” que escandaliza hoy a los Telerman y Rodríguez ha sido montada con toda las garantías de la legalidad estatal, en beneficio de las grandes cadenas de confecciones textiles que alimentan los shoppings y grandes galerías comerciales de la ciudad.

 

Extorsión

 

Desde que ocurrió el incendio, los funcionarios braman contra el trabajo “esclavo” o “feudal”. Para ellos, la explotación de bolivianos es un “exceso”, al que cuidadosamente despegan de todas las otras variantes de precarización del trabajo. Pero ningún funcionario ha exigido la efectivización y blanqueo de todos los trabajadores en negro. La aspiración “de máxima” del gobierno es ofrecer a los talleristas la transformación de “sus” inmigrantes en monotributistas, es decir, una forma “legal” de trabajo en negro. Pero incluso esa posibilidad exigiría la documentación inmediata y gratuita de los compañeros, algo que sólo puede costear una minoría. En ese cuadro, la “salida” del Estado es la clausura de talleres, ante la desesperación de los que viven y trabajan en ellos. Sus patrones, en cambio, saben que será cuestión de “aguantar” unos días, o de reabrir en otro lado.

 

“Trabajo esclavo, o ningún trabajo”, es el mensaje de los talleristas. Con este planteo, movilizaron a sus trabajadores el pasado lunes 4.

 

La crisis planteada exige, sin embargo, un programa independiente respecto del Estado y de los talleristas.

 

Exijamos, en primer lugar, el blanqueo automático de los trabajadores por el solo hecho de denunciar, por carta documento gratuita, su situación laboral precaria. El Estado debe garantizar la estabilidad laboral del denunciante. Los talleristas dicen que “con blanqueo, deben cerrar”. Pero la mayoría de ellos provee a las grandes cadenas de ropa de marca, que multiplican por ¡300! el pago por prenda que percibe el trabajador textil. Para sostener la garantía estatal a los trabajadores blanqueados, el Estado debe abrir los libros de toda la cadena textil e imponer impuestos progresivos a los comercializadores de “marcas”. Con este programa, junto a la documentación inmediata y gratuita para todos los inmigrantes, tenemos que preparar una gran movilización sobre el gobierno e interesar en ella a todas las organizaciones obreras combativas de la ciudad.