El Senado dio media sanción a un proyecto de ley (que ahora debería ser votado en Diputados) sobre fertilización asistida. Toda la ayuda que la ciencia había empezado a proveer en estos años a las personas con problemas de fertilidad, fue tirada por la borda por un proyecto que cuestiona severamente la continuidad de los intentos de fertilización asistida, prohíbe la conservación de óvulos congelados, prohíbe la donación de óvulos o semen en forma anónima, impide la maternidad a mujeres solas o parejas homosexuales y, en definitiva, conserva el derecho a estos tratamientos sólo “a los estratos acomodados de la población” (La Voz del Interior, 3/7).

Originalmente hubo un proyecto del senador radical Laferrière, en 1991, que contaba con el apoyo de la comunidad científica y los grupos empresariales afines. Pero la iglesia católica se apresuró a mandar a sus barras bravas (en lenguaje moderno se dice ‘lobby’), que logró hacer parir (en una verdadera‘fertilización asistida’) un proyecto totalmente restrictivo que elaboraron Ruckauf y Oraldo Britos (PJ) y Alfredo Avelín, de Cruzada Renovadora de San Juan, todos bajo la batuta de Rodolfo Barra.

Frente a estos dos proyectos (el de radicales y frepasistas y el restrictivo del peronismo) surgió un tercero, también de inspiración peronista, que con la excusa de aceptar los métodos de fertilización asistida, los limitaba enormemente, vaciándolos de sentido y quitándoles posibilidad de éxito. La Iglesia, que oficialmente está en contra de todo tipo de “técnicas de reproducción artificial” (pues “violan la dignidad del matrimonio y el orden establecido por dios”, La Prensa, 14/7), apoyó con entusiasmo este proyecto y destacó que “gracias al diálogo, finalmente pudo consensuarse en la Cámara Alta un proyecto mucho menos permisivo” (Crónica, 26/6).

Este último, que regulaba la fertilización asistida para ahogarla, fue el que la mayoría peronista apoyó. Pero el sanjuanino Avelín, hijo ‘in vitro’ de Primatesta, continuó con su idea de que lo que dios no da en la cama, la ciencia no lo debe dar en la probeta. Su proyecto quedó en amplia minoría.

El proyecto finalmente votado limita a tres el número de óvulos a fecundar por vez, cifra que según los médicos reduce enormemente las chances de embarazo del 30% actual (que se logra fecundando 4 o 5 óvulos) a un 10%, o las vuelve nulas en determinadas circunstancias. Para una pareja infértil, el tratamiento se ha vuelto incierto y, por lo menos, tres veces más caro.

Se prohíbe el congelamiento de embriones (crioconservación), así como la donación de semen u óvulos en forma anónima para tratamientos de terceros.

El texto, además, modifica el concepto de “vida humana” que figura en el Código Civil y adopta el que la barra brava de la Iglesia hizo aprobar en la Constitución de 1994, es decir, que existe vida a partir de la concepción. Con esta idea, el médico se ve impedido de hacer una selección de embriones buenos para que el embarazo sea exitoso, pues descartar los embriones malos sería cometer un asesinato, un atentado contra la vida humana. Sólo por la existencia de este concepto la iglesia católica volcó su apoyo al proyecto mayoritario y abandonó el ‘prohibicionista’.

En momentos en que se trataba la ley en el recinto del Senado, pacientes con trastornos reproductivos se manifestaron en contra del proyecto. En muchos casos, porque ya habían realizado un tratamiento exitoso y comprendían que se les cerraba esa posibilidad en el futuro a otras parejas. En la mayoría, porque estaban en vías de realizarlo y la nueva legislación ponía en peligro los resultados del mismo.

Algo que pocos saben es que alrededor del 20% de las parejas tienen problemas de fertilidad. El porcentaje crece y, mientras continúen la explotación física de hombres y mujeres, la alienación del trabajador, la miseria y la desnutrición, el índice de fertilidad seguirá cayendo, como cayó estrepitosamente durante la decadencia del Imperio Romano.

Tras la penosa situación que pasan muchas parejas al no poder tener hijos, deben someterse a tratamientos que cuestan entre 3 mil y 7 mil pesos (a lo que hay que agregar hasta 2 mil pesos en medicamentos), y no siempre son exitosos. Esto lleva a una diferencia social evidente: sólo un pequeño sector de la sociedad puede encarar estos gastos.

El deber elemental del Estado consiste en garantizar que todas las personas que deseen tener un hijo y no puedan hacerlo, tengan acceso a un tratamiento de fertilización asistida. Tener un hijo también es un derecho, y en el caso de parejas infértiles, es un derecho que el Estado debiera garantizar, pues existen los medios científicos para hacerlo. Y este simple y democrático aspecto no era contemplado por ninguno de los proyectos, en especial el radical-frepasista, que de lo único que se preocupaba es de que el negocio de los laboratorios siguiera generando cuantiosas ganancias, ahora con la “seguridad jurídica” de un marco legal.

Las obras sociales y las prepagas no cubren los tratamientos por infertilidad porque consideran que ésta es una enfermedad congénita. Los pocos laboratorios que realizan tratamientos, a partir de ahora, los harán más caros porque las prohibiciones y limitaciones legales harán aún menos probable que se llegue al resultado deseado, y más costosos los intentos.

Es muy probable que este proyecto, que ahora debe ir a la Cámara de Diputados, encuentre la oposición de los barras bravas de los institutos de genética y fertilización. El enfrentamiento entre radicales y frepasistas (ahora deberíamos decir ‘aliancistas’) y peronistas asumió la forma de un enfrentamiento entre la ciencia ‘progresista’ y ‘liberal’ (con Página 12 a la cabeza) y la iglesia retrógrada y oscurantista. Pero este retroceso científico no se condice con las tendencias fundamentales del capital a nivel internacional.

Las técnicas de fertilización asistida comportan un gran negocio para las grandes empresas norteamericanas, que proveen el material y la inteligencia para su desarrollo. Los médicos y científicos han coincidido en que la prohibición o limitación de las técnicas de fertilización lo único que provocarán es la‘clandestinización’ de los tratamientos. La Cámara de Diputados va a sufrir ahora el ‘lobby’ de los grandes pulpos yanquis, ayudados por la centroizquierda vernácula, a fin de modificar ‘levemente’ el proyecto del Senado, mantener los conceptos retrógrados eclesiásticos, pero lograr que los negocios sean viables, privados y caros.

La ‘nueva solución consensuada’ la sugirieron los mismos médicos dedicados al tema, al opinar sobre la ley. Roberto Nicholson y Edgardo Young, los más consultados en los medios, descargaron toda su ira en lo que Young llamó el “artículo problema”, el que limita a 3 los óvulos a ser fertilizados. Normalmente se fertilizan 5 óvulos y esto da una posibilidad de embarazo del 70%. Quiere decir que cambiando sólo ese número (un simple 5 por el 3 en el proyecto del Senado), ya se podrá ‘consensuar’ la ley en diputados.

La ‘comunidad científica’ estará satisfecha y la ley seguirá siendo restrictiva. Y fundamentalmente, nadie se interesará verdaderamente porque el derecho a la paternidad-maternidad sea un derecho efectivo y realizable. La libertad burguesa cada día más se resume en la libertad de empresa: si los grandes laboratorios pueden desarrollar sus programas dedicándolos a un sector muy exclusivo de la población, ya somos un país con “seguridad jurídica”.

Mientras tanto, las prepagas y las obras sociales, hoy en día, ni siquiera cubren los estudios y análisis que una pareja debe hacerse para saber por qué la mujer no queda embarazada. Ni hablemos ya de hacerse un tratamiento de fertilización asistida.

Nuestro programa es elemental: el Estado debe hacerse cargo de los costos de los tratamientos. Si “gobernar es poblar”, que el gobierno permita que las personas que quieran tener hijos los tengan, sin excomuniones ni clandestinidades.