Máximo Kirchner, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, presentó a mediados de mayo un proyecto para disminuir el monto de las tarifas de gas de usuarios residenciales entre el 30% y el 50%. Los beneficios alcanzarían a poco más tres millones de usuarios (Perfil, 14/5) cuando más de 20 millones de argentinos viven bajo la línea de pobreza y fueron 12 millones las personas anotadas para recibir el IFE. Aún así los descuentos estarán lejos de revertir el peso que tienen las facturas de los servicios públicos sobre los ingresos de las familias trabajadoras, cuya proporción se incrementó siete veces desde 2015, período en el cual el aumento acumulado en la factura de gas osciló entre el 462% y el 1.353%, mientras los salarios y las jubilaciones sufrieron una reducción a valores reales de más de 20 puntos (El Destape, 10/1). De aprobarse el proyecto los descuentos serán costeados con el aumento de la alícuota incluida en la factura de gas que pagan todos los usuarios del país.

Los municipios que integran las distintas regiones donde se aplicaría la reducción tarifaria -que el proyecto denomina como “Zona fría”-pertenecen a las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta y Buenos Aires. Dentro de esta última están incluidos todos los distritos de la sexta sección electoral, entre los que se encuentran los del sudoeste bonaerense que integran el Área Patagónica Bonaerense (APB) y la Zona Austral Desfavorable (ZAD)

En septiembre del año 1999 fueron promulgadas por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires las leyes 12.322, que declara al Partido de Patagones Área Patagónica Bonaerense y la 12.323 que crea la Zona Austral de la Provincia de Buenos Aires, que queda constituida por los distritos de Villarino, Tornquist, Puan y Saavedra. Ambas leyes determinan idénticos “beneficios promocionales para las actividades productivas del sector agropecuario, el comercio y la industria” prorrogables por períodos de cinco años, pero se reserva para el Área Patagónica Bonaerense la posibilidad del futuro “reconocimiento del Partido de Patagones como integrante de la Patagonia Argentina en los términos de la Ley Nacional 23.272”. El 31 de diciembre de 2019 vencieron ambas leyes, seis meses después Kicillof renovó su vigencia por cinco años más, respondiendo a un fuerte reclamo del capital agrario de la región y sus representantes políticos enrolados históricamente en el radicalismo y en los últimos años también en el massismo. Los beneficios se orientan a subsidiar y bonificar proyectos productivos y actividades económicas con exención de impuestos y reducción de tasas de intereses en las líneas crediticias de los Bancos Nación y Provincia de Buenos Aires, sin mención de promoción alguna para la amplia mayoría de trabajadores asalariados o jubilados.

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En el mismo sentido, con la mitad de la población bajo la línea de pobreza y un descenso generalizado en las condiciones de la vida del conjunto de la clase trabajadora, como resultado de la escalada inflacionaria que se repite año a año licuando los ingresos populares, la ley presentada por el Frente de Todos no será más que una gota en el océano. El beneficio que la disminución de las facturas de gas pueda representar en un primer momento será devorado rápidamente por la inflación y la caída del poder adquisitivo de los salarios, y en la práctica será una segmentación de hecho de las tarifas que preparará el camino a nuevos tarifazos. Con el objetivo de eliminar los subsidios del Estado a las empresas de energía, en la búsqueda de alcanzar el superávit fiscal para cumplir con las exigencias del FMI para llegar a un acuerdo que le garantizarse el cobro de la deuda. Por otro lado quedan sin resolver los grandes problemas que afectan a las mayorías, en una región en la que la desocupación, los bajos salarios, la ausencia de obras de infraestructura y vivienda popular, la crisis sanitaria ahora agravada por la pandemia, sumados a las consecuencias del ajuste en curso, reclaman una agenda que ni el Frente de todos ni el resto de los bloque se la oposición patronal están dispuestos a llevar adelante. Como señalamos oportunamente en referencia a la aprobación de la Zona Austral Desfavorable (ZAD) “la ley tendrá efectos mínimos o nulos para los sectores populares compuestos mayoritariamente por asalariados”.

En contraposición, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad plantea una verdadera salida a la profunda crisis social y económica que incrementaron todos los gobiernos en las últimas décadas, partiendo de un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, el 82% móvil para los jubilados, un plan de vivienda popular y de obras de infraestructura acorde a las necesidades reales de la población -que además será una fuente genuina de trabajo-, eliminación de los impuestos al consumo y su reemplazo por impuestos progresivos al gran capital, las grandes rentas y fortunas. Estatización sin pago y bajo gestión obrera de las empresas de servicios públicos. No al pago de la deuda usuraria y fraudulenta. Por un gobierno de los trabajadores

¡Abajo los tarifazos!

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