El proyecto del gobierno nacional “Un puente para el empleo”, que plantea la conversión de planes sociales en trabajo a partir de la eximición del pago de aportes patronales y la absorción del subsidio, no estaría obteniendo consenso entre los capitalistas, quienes reclaman una reforma laboral de fondo que elimine derechos obreros fundamentales, mal enrolados bajo la etiqueta de  “costo laboral”.

Un informe publicado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) concluye que de aprobarse este proyecto el mismo redundaría en un beneficio patronal del 13% del “costo laboral total”. Mientras que para el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Bolsa de Comercio de Córdoba, se trataría solo de un beneficio del 7,4%. Para ambos, esto sería insuficiente para alentar a la generación de nuevo empleo y no respondería a las expectativas económicas de las patronales.

El proyecto patronal y lo que las patronales proyectan

El proyecto de ley del oficialismo, presentado por Sergio Massa, plantea la exención de los aportes patronales durante dos años para las empresas que empleen a trabajadores de los programas sociales, más la complementariedad del subsidio estatal con los salarios, durante el primer año. Al tiempo que los beneficiarios de los planes sociales deberán capacitarse. El tope cubierto por cada empleado es de dos salarios mínimos y con una nómina máxima incremental de 5 a 20 empleados.

La “bonificación” de las contribuciones patronales es en relación a los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), excluyendo los importes destinados a las obras sociales y a las ART. Esto significaría una nueva hipoteca particular sobre la Anses, el sistema jubilatorio argentino y las prestaciones que de este dependen.

En cambio, para las patronales se trataría de una reforma parcial y acotada, tanto en materia como en el tiempo. El cálculo realizado por Idesa concluye que el “costo laboral real” ascendería a un monto del 47% de los salarios, aunque para llegar a esa cifra es necesario amontonar las contribuciones patronales de todo orden (jubilación, Pami, fondo de desempleo, ART, obra social, etc.) junto a los aportes de los trabajadores (jubilación, obra social y Pami). Esto implicaría que una reforma integral debería alcanzar la extinción de derechos laborales, como las jubilaciones, las obras sociales, fondo de desempleo e indemnizaciones por riesgos del trabajo.

El 13% citado surge de calcular los beneficios patronales respecto al “costo”  de un trabajador que durante 24 meses perciba un salario equivalente a $64.000 (dos salarios mínimos). “El trabajador le genera un costo laboral total en concepto de salarios, cargas sociales e indemnización por despido de $2,8 millones a precios actuales (…) y la exención de contribuciones por dos años, ascendería a $360 mil a precios actuales” (Idesa). El cálculo integra hasta la eventual indemnización por despido sin causa, por lo que es un señalamiento claro a la “necesidad” de una reforma laboral en regla.

Medido según las aspiraciones patronales resulta poco, porque estas esperan disolver institutos enteros del derecho laboral. Pero en términos de las obligaciones actuales de los capitalistas implica un beneficio excepcional, superior al 50% de sus obligaciones contributivas y un desfinanciamiento del sistema previsional.

Para el IIE, que le baja el precio al beneficio ubicándolo en un 7,4%, el compromiso de no despedir durante dos años implica un modo de aumentar los costos de despido actuales. Al tiempo que señalan que mientras más del 80% de los beneficiarios de los programas sociales son mujeres gran parte del proyecto se centra en la actividad de la construcción, con más de un 80% de trabajadores hombres, por lo que solo parece centrarse en el aspecto regularizador del empleo en negro, aunque con bajas perspectivas.

Desfalco y precarización

Según el proyecto de Presupuesto 2022 la recaudación por las contribuciones patronales se vería reducida en $76.381 millones, como resultado de las políticas y beneficios patronales otorgados por el gobierno.

Del balance realizado hasta ahora respecto a estas exenciones se deduce que a las mismas no han servido para generar más puestos de trabajo, sino que este se ha dado por vía de empleo precario bajo empresas tercerizadas o de fraude laboral bajo la inscripción de trabajadores como monotributistas -los cuales vienen creciendo en el último periodo- o directamente sin registración (Clarín 17/10).

La política de estímulos a las patronales para la contratación de nuevos trabajadores ya ha fracasado en el pasado con el Plan Empalme del macrismo. Esta “nueva” propuesta pone a disposición de los capitalistas nuevos beneficios excepcionales, aunque estos pretendan una “solución” definitiva y de fondo.

Está claro que el vaciamiento del sistema previsional no es otra forma que la afectación de los recursos y los ahorros de los trabajadores, sin que esto garantice ningún puesto de trabajo nuevo, debido a las distintas artimañas y recursos de los capitalistas para adaptar la normativa a sus propósitos. Mientras que el Estado no pone un solo peso en el impulso directo de la economía y/o en la generación de puestos de trabajo a través de la obra pública de mano de obra intensiva.

Los planes sociales no deben ser objeto del control y manipulación de los capitalista, como transición a su disolución, sino como base para el establecimiento de un seguro universal al desocupado, que cubra la canasta básica, en tanto el Estado impulse políticas económicas y fondos para la generación de trabajo en la obra pública y la industria. Todo un programa incompatible con las aspiraciones patronales y con la agenda del FMI.

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