La negativa de Reutemann a entrar en la interna peronista ha desarticulado efectivamente el plan político de Duhalde. Los diarios anuncian que recién para finales de la corriente semana Duhalde daría a conocer la convocatoria anticipada a las elecciones. Lo haría por medio de un decreto manifiestamente inconstitucional, ya que no está facultado para acortar el mandato presidencial. En el decreto, Duhalde renunciaría a la presidencia con fecha del 25 de mayo del año que viene, pero esto también es improcedente porque eso sólo puede hacerlo ante la Asamblea Legislativa, la cual debería designar a su reemplazante o, en todo caso, decidir el camino a seguir luego de aceptarle la renuncia. A fuerza de decir que pretende “renovar las instituciones a partir de las instituciones”, el gobierno violenta una vez más esas instituciones para poder perpetuarse un año en el poder, para salvar a las instituciones agotadas que sólo subsisten porque son constantemente violentadas y, por sobre todo, para digitar el recambio presidencial.

La demora de dos semanas en oficializar el adelanto electoral expresa la enorme crisis con que debuta el nuevo plan político. Se trata en esencia de la crisis de la interna peronista. En declaraciones efectuadas en la semana que acaba de transcurrir, se discierne que ni Kirchner ni Rodríguez Saá participarían de ellas, lo cual las limitaría a una confrontación entre un De la Sota que empieza debilitado y con la perspectiva de debilitarse todavía más, y un Menem que es visto como una provocación por la mayoría de la población.

La otra manifestación de la crisis del plan político oficial es la anarquía de convocatorias electorales que ha provocado el adelantamiento de Duhalde. Hay distritos que prevén anticipar las elecciones para antes de fin de año y otros que pretenden reformar sus Constituciones para permitir la renovación de todos los mandatos. Pero en este último caso se encuentran los que quieren que esa renovación se efectivice recién en diciembre del 2003, aunque las elecciones se hagan mucho antes. El oficialismo de algunas provincias se siente mejor servido desenganchando las elecciones locales de las nacionales. La mayoría de las fracciones peronistas de la Ciudad de Buenos Aires propugnan que las elecciones del distrito se hagan separadas de los comicios para presidente. Para coronar todo este disparate, Reutemann acaba de anunciar que se opone a la caducidad de todos los mandatos, aunque sin aclarar si se refiere a los nacionales solamente, toda vez que antes había dicho que impulsaría la renovación total en Santa Fe. En los últimos días, los menemistas han desatado una ofensiva contra la caducidad de mandatos.

Del lado opositor, las cosas no son mejores. La foto que juntó a Carrió, Kirchner e Ibarra demostró hasta qué extremo los opositores son una resaca del pasado. Los “vientos de cambio” del ARI no pasan de un intento de reconstituir la Alianza, incluida la fracción de la UCR desvinculada de De la Rúa que está protegida por Ibarra. Pero el trío no fue capaz de producir nada concreto, porque si bien concordó en la necesidad de que caduquen todos los mandatos, ni siquiera insinuó cómo lo haría efectivo; ni Kirchner ni Ibarra aceptaron la propuesta de la abstención en caso de que la elección sólo sea para presidente. Por otro lado, Ibarra sólo aceptaría adelantar las elecciones en coincidencia con las presidenciales, si logra formar un frente con Carrió para su reelección como jefe de Gobierno de la Ciudad, algo que provoca rechazos en el ARI. Izquierda Unida también está negociando con la resaca de la Alianza y del duhaldismo (el frente que lidera Alicia Castro y el Polo Social) un frente de “izquierda-centroizquierda”, con la mira puesta en mejorar sus posibilidades electorales en la Ciudad, pero al servicio de una estrategia que enfrenta la tentativa del movimiento piquetero, de gran parte de las asambleas populares y del movimiento de empresas bajo control obrero, por conquistar el liderazgo obrero y revolucionario de la lucha popular.

La descomposición del plan político oficial, que ni siquiera ha sido oficializado, se ha manifestado muy rápidamente en la violencia política de los últimos días. Reutemann dijo que “vio algo que no puede contar”, y Rodríguez Saá y los Kirchner denunciaron la posibilidad de sufrir atentados criminales. El bonaerense Solá, por su lado, atribuyó el crecimiento de la violencia delictiva en su provincia en los últimos días a “una conspiración política”, en tanto que muchos sostienen, en esa misma línea que la represión en Puente Pueyrredón tuvo el propósito de desestabilizar el escenario político.

En estas condiciones: ¿qué régimen de gobierno tenemos?

Con la elección de Duhalde, la Asamblea Legislativa armó un régimen de arbitraje cuyo núcleo de poder era el peronismo bonaerense y la burguesía pesificadora, y que tenía como bases o apoyos a los gobernadores peronistas, de un lado, y a la alianza del peronismo con el alfonsinismo, del otro.

Con la renuncia de Alfonsín al Senado y la dimisión del radical Vanossi como ministro de Justicia, la alianza parlamentaria no existe más. La salida del presidente de la UIA, De Mendiguren, de la Secretaría de Industria, marginó a los pesificadores. La negativa de Reutemann a candidatearse no solamente puso fin a la liga de gobernadores peronistas, sino que demostró que el poder de los gobernadores es en algunos casos más endeble que el de Duhalde. Todos los medios han señalado que De la Sota habría aceptado candidatearse sólo después de haber conseguido la venia del embajador norteamericano y de los bancos españoles y Repsol. El adelantamiento electoral, finalmente, ha significado un gran paso atrás de la patota bonaerense, que busca salvarse con una manipulación de la interna peronista que se presenta cada vez más difícil.

El gobierno de Duhalde es hoy, según una frase célebre, “un gran cero nacional”, es decir un régimen sin base independiente de gobierno, que se mantiene en pie como los astros, por la neutralizazión de las fuerzas sociales que lo enfrentan: de un lado, las luchas populares; del otro, el Tesoro norteamericano y sus aliados internos. Es así que Duhalde no puede imponer su ley al frente que forman el Bloque Piquetero, el Mijd, la Verón y Barrios de Pie, y hasta ha tenido que darle importantes concesiones sociales; que no puede desalojar a las empresas ocupadas e incluso ha sancionado una norma legal que autoriza que se las subsidie; o que no puede imponer el bono compulsivo y está deliberando el otorgamiento de resarcimientos a los ahorristas. Por otro lado, la presión del imperialismo ha ganado terreno: el gobierno ha aceptado que una Comisión de Banqueros internacionales se haga cargo del programa financiero, lo que implica que se consumará la confiscación de los ahorristas, el despido masivo de bancarios, la utilización de trabajadores con salarios de los planes de Jefes de Hogar, un enorme tarifazo y el desmantelamiento de la banca estatal.

En estas condiciones, el plan electoral es una ficción que encubre la descomposición política creciente. Para los trabajadores, se plantea reforzar la lucha y la organización para quebrar el empate político con el Tesoro yanqui y el gran capital. La alternativa es: o la victoria de la rebelión del 19 y el 20, “echando a todos” y convocando a una “Constituyente con poder”, o la recuperación del control político por parte del imperialismo y el aplastamiento de los trabajadores. La lucha por la “Constituyente con poder” nos debe servir para reestructurar a la clase obrera en torno al eje piquetero, las fábricas con control obrero y las Asambleas Populares, para convertirla en la dirección que imponga el gobierno de los trabajadores.