No sólo Tartagal se desmorona. Lo mismo sucede con la credibilidad del gobierno provincial de Romero (PJ) y del municipal de Valenzuela (PRS). Frente a una crisis que se está prolongando desde hace cuatro meses, a cada instante están declarando que ha sido “imprevisible” pero que ya está bajo control.

 

Hace un par de días el secretario de Salud provincial salió a decir que desde el punto de vista sanitario no hay ningún problema. Ahora la prensa nacional da a conocer que se ha presentado la perspectiva de epidemias de dengue y paludismo. El coordinador del área de prevención del dengue no sólo ha denunciado casi una decena de casos en diversos pueblos del norte salteño, sino que advirtió que “es posible considerar que el virus ya está circulando en la comunidad de Tartagal” (La Nación, 10/4).

 

Carolina Britos, miembro del equipo de Vigilancia Epidemiológica, consideró que “en dos o tres días se va a declarar (la emergencia) en la región, por la evolución de la situación”.

 

Para Romero el problema está “magnificado” por los medios de prensa nacionales. Lo que es cierto es que el diario provincial, propiedad de la familia Romero, no informa sobre la gravedad de la situación.

 

Todos los análisis coinciden en que no se ha hecho nada para prevenir este desastre que poco tiene de ‘natural’ e ‘imprevisto’. La sede Tartagal de la Universidad de Salta acaba de sacar un documento donde denuncia que “Los grupos económicos dedicados a la explotación agrícola, maderera y petrolera han depredado nuestro suelo, arrasando nuestros recursos, contaminando nuestro hábitat (…) Como consecuencia de ello, los pequeños productores están arruinados, las comunidades aborígenes devastadas y vulnerado nuevamente su derecho sobre la tierra; y hoy se está llevando el techo de las familias de Tartagal…”. Han llovido las denuncias por el irracional desmonte de los bosques norteños, tanto por las petroleras como para el cultivo de la soja. Romero y Cía. han salido a declarar que el desmonte es río abajo y por lo tanto no influye sobre las actuales inundaciones. Pero los expertos han demostrado que “la superficie de los árboles que fueron talados en la cuenca es tres veces mayor que la superficie de la cuenca misma” (La Nación). Lo que hizo que el curso del río “en vez de seguir encauzado, produjera anegamientos” y al aumentar las lluvias produjera una “erosión retrocedente”. El año pasado fue denunciado el ilegal desmonte de una reserva forestal. Estamos ante un régimen que miente para ayudar a los monopolios contra el pueblo.

 

Las denuncias saltan a gritos por parte de la población: “Yo denuncié hace cuatro años que una de las paredes del canal se iba a caer”, acusa un vecino por los desagües que descargaban sus líquidos en el río. Una “obra que hizo el arquitecto Valenzuela, actual intendente de Tartagal” (Clarín, 3/4). “Desde hace muchos años que venimos advirtiendo de esta situación a las autoridades. Pero nunca se hizo nada para evitarlo (…) Avisamos que se había salido una placa de cemento, pero así quedó y el agua fue levantando lo demás. Esto no es desgracia de la naturaleza”, protesto otro vecino (La Nación, 5/4).

 

Negligentes, no previeron nada, miraron para otro lado para favorecer el desmonte que beneficia a sojeros, poroteros y petroleras. A esto se suma que la ayuda oficial llega a cuentagotas. Como sucede con todos los regímenes corruptos, cuando se plantea una catástrofe es cuando se ve su verdadera esencia explotadora y antipopular, porque en su naturaleza los representantes capitalistas aprovechan la ocasión para meter mano también en los fondos de ayuda.

 

Las tribus indígenas no se querían ir de sus asentamientos, primero porque perdían sus cosechas de legumbres que venden en los mercados de Tartagal y otras ciudades de la zona. Pero, también, porque presienten que vendrán nuevos intentos de robarles sus tierras.

 

Es un régimen corrupto que juega con la vida de la población. Se tienen que ir: Romero y Valenzuela.

 

Por un comité de emergencia electo en Asamblea Popular, que canalice la ayuda. Por un verdadero plan de reconstrucción bajo control de la población trabajadora.

 

La semana pasada, la Cámara de Diputados salteña armó una parodia de sesión, donde informó que se harían presentes altos funcionarios para informar qué se estaba haciendo frente a la catástrofe del norte. No fue nadie, porque no resisten un debate público que demuestre su interesada inoperancia. Pero en cambio resolvieron integrar más funcionarios al comité de emergencia. El PO denunció en la Cámara que la crisis ha sido usada para armar nuevos negociados, ahora con los fondos destinados a la ayuda social, que han sido volcados no a la defensa del pueblo, sino a obras que benefician a los explotadores.

 

El PO convocó a una jornada de denuncia en la plaza central de la capital salteña, el viernes 7. Durante la misma hubo pasajes de videos con imágenes de lo que estaba pasando y numerosas denuncias de los militantes del PO. Centenares de vecinos se pararon una y otra vez a escuchar la denuncia al gobierno romerista y a Kirchner.